Chevron intenta una contraofensiva en Ecuador (¿US$?)

La petrolera Chevron difundió un comunicado muy curioso: afirma que un ex juez ecuatoriano (Alberto Guerra) reconoció en una declaración jurada su participación directa en la redacción de la sentencia contra de Chevron Corp. en el juicio ambiental que se le sigue a la compañía en Lago Agrio, Ecuador

A Urgente24 no le resulta muy confiable la versión del ex juez Alberto Guerra, origen del comunicado de prensa de Chevron pero, de todos modos, se difunde el texto de la petrolera acusada y condenada por contaminación:

SAN RAMON, California. Un ex juez ecuatoriano reconoció su  participación directa en la redacción de la fraudulenta sentencia contra de Chevron Corp. (NYSE: CVX) en el juicio ambiental que se le sigue a la compañía en Lago Agrio, Ecuador.

Mediante una declaración jurada presentada hoy en una corte federal de Nueva York, Alberto Guerra, quien presidió el caso inicialmente cuando fue presentada la demanda en 2003, revela que, fue pagado miles de dólares por los abogados de los demandantes del caso Chevron y por el subsiguiente juez Nicolás Zambrano, para redactar  clandestina e ilegalmente  las órdenes judiciales emitidas por Zambrano y orientar el juicio a favor de los demandantes. Guerra, quien ya no ejerce como juez, afirma que a los abogados de los demandantes les fue permitido redactar la sentencia de 18 mil millones de dólares a su favor luego de que prometieron pagar a Zambrano un soborno de 500 mil dólares de los fondos derivados de la ejecución de la sentencia, y que él [Guerra] luego revisó el borrador elaborado por los abogados de los demandantes antes que el juez Zambrano lo emitiera como propio.

“Otro participante del fraude ha decidido presentarse antes de esperar a ser expuesto por otros”, dijo Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron. “Chevron exhorta a otros denunciantes en el Ecuador, Estados Unidos o cualquier otro país a presentarse. Nunca es demasiado tarde para decir la verdad”.

La declaración de Guerra, que está corroborada por  registros informáticos, bancarios y de envíos, así como por los propios correos electrónicos internos de los abogados de los demandantes, ofrece un relato directo de la corrupción que ha empañado el juicio por años. Guerra describe múltiples reuniones con los abogados y representantes de los demandantes –específicamente el abogado neoyorquino Steven Donziger, Pablo Fajardo y Luis Yanza – para discutir pagos, sobornos y la redacción clandestina de las órdenes judiciales favorables a los demandantes.

Guerra certifica:

> “Yo  era el “escritor fantasma” del Sr. Zambrano y escribí la gran mayoría de las providencias dictadas en los casos civiles asignados que al Sr. Zambrano  correspondió, incluyendo el caso Chevron”.

> “El señor Donziger me agradeció por mi trabajo como escritor fantasma  en el caso y por ayudar a conducir el caso a favor de los demandantes [sic].  Los pagos de los representantes de los demandantes me los entregaba el Sr. Fajardo en efectivo o me los depositaban en mi cuenta de ahorros en el Banco Pichincha.  Recuerdo que también me reunía con el Sr. Fajardo regularmente mientras estaba redactando las providencias para el Sr. Zambrano quizás dos veces por mes, para discutir mi trabajo”.

> “El señor Zambrano me dijo que estaba en contacto directamente con el señor Fajardo y que los abogados de los representantes habían accedido a pagarle $500.000 dólares de  lo que ellos recolectaran en el futuro con la sentencia a cambio de permitirles escribir la sentencia a favor de los demandantes”.

> “Aproximadamente dos semanas antes de que el fallo de primera instancia del caso Chevron fuera emitido, el señor Zambrano me entregó un borrador de sentencia para que la revisara; por él me informé sobre el hecho de que los abogados de los demandantes habían redactado la sentencia y le habían entregado”.

> “… sobre dicho documento trabajé desde el domicilio del señor Zambrano en Lago Agrio y usando el computador del señor Fajardo”.

> “Basado en lo que me dijo el señor Zambrano, que los abogados de los demandantes le hicieron cambios a la sentencia hasta el último minuto antes de ser publicada”.

> “Yo sabía en ese momento, y lo sé hoy, que ese acuerdo del cual yo era  partícipe, y por el cual los abogados de los demandantes redactaban la sentencia del caso de Chevron y el juez Zambrano, con mi ayuda la dictaba, era una violación de las leyes Ecuatorianas. Según la legislación Ecuatoriana, el Juez es el único autorizado a redactar los autos y sentencias. Por las mismas razones, sabía en ese momento, y lo sé hoy, que el arreglo en el que participé, en el que yo redactaba providencias para el señor Zambrano manejando el caso a favor de los demandantes y ser pagado por los representantes de los  demandantes por ese trabajo, era una violación a la ley ecuatoriana. Y sabía en ese momento, y lo sé hoy, que el acuerdo que el señor Zambrano dijo que había conseguido  con los abogados de los representantes, para dejarles redactar la sentencia a favor de los demandantes y en contra de Chevron, a cambio de que él recibiera $500.000 dólares una vez recolectaran el dinero de la sentencia, era una violación a la Ley ecuatoriana”.

Un año después de emitir la sentencia en contra de Chevron, Zambrano fue destituido de su cargo de juez como parte de una investigación sobre el crimen organizado que incluía la liberación indebida de narcotraficantes encarcelados.

El testimonio de Guerra es corroborado por evidencias documentales contemporáneas obtenidas a través de órdenes judiciales en Estados Unidos.  Por ejemplo, su computadora  contiene los borradores de múltiples órdenes judiciales emitidas por Zambrano, incluyendo el caso de Lago Agrio. Y en sus registros bancarios figuran los pagos que le fueron realizados por un representante de los demandantes. Los registros de envíos y la agenda de Guerra corroboran aún más su testimonio.

Las declaraciones juradas de otros testigos también corroboran el testimonio de Guerra. Los abogados ecuatorianos de Chevron y otras personas conocidas de ellos dan fe que en varias oportunidades mientras Zambrano presidía el caso, Guerra se aproximó a ellos directamente solicitando sobornos a nombre de Zambrano para arreglar la sentencia de Lago Agrio, y que Chevron rechazó estos acercamientos de Guerra.  Además, declaraciones contemporáneas de dos de los abogados ecuatorianos de Chevron describieron las fallidas solicitudes de soborno en el momento en que ocurrieron. Estos varios testigos aseguran en sus declaraciones juradas que Chevron rechazó enfáticamente las repetidas solicitudes de soborno de Guerra a nombre de Zambrano.

El testimonio de Guerra y la evidencia concordante confirman lo que  la amplia convergencia  entre los archivos internos de los abogados de los demandantes y la sentencia misma ya han sustentado: los abogados de los demandantes corrompieron la corte ecuatoriana y redactaron la sentencia de 18 mil millones de dólares en contra de Chevron.

Correos electrónicos entre los abogados y los representantes de los demandantes, obtenidos a través de procesos judiciales de descubrimientos de pruebas en Estados Unidos, también corroboran la declaración de Guerra. Cuando otro juez tuvo que recusarse del caso en medio de un escándalo de pedidos de soborno y Zambrano se preparaba para volver a presidirlo, los abogados de los demandantes identificaron a  “Guerra” como un blanco potencial para influir la resolución final del caso (vea el correo aquí). Más aún, los abogados de los demandantes asignaron nombres en clave para  Zambrano y Guerra, refiriéndose a ellos como “el titiritero” y su “marioneta”. El 27 de octubre de 2009, Fajardo envió a Donziger y Yanza un correo electrónico  (véalo aquí)  indicando: “El titiretero [sic] no moverá su marioneta hasta que el público [sic] no le pague algo”.  El 27 de noviembre de 2009, Yanza envió a Donziger un correo electrónico (véalo aquí) advirtiéndole de los crecientes costos debido al pago del “titiritero”.

Esta es la más reciente de una serie de revelaciones en las que individuos y grupos anteriormente asociados con los demandantes han acusado a los abogados demandantes de fraude o han proporcionado testimonios de primera mano sobre la corrupción que ha contaminado el juicio y la sentencia. A principios de este mes,  se reveló que Burford Capital, uno de los financistas más grandes de los demandantes, acusó a los abogados demandantes de fraude y otras conductas indebidas en conexión con el caso. En diciembre un ex consultor ambiental de los demandantes, el Ing. ecuatoriano Fernando Reyes, se presentó con pruebas adicionales de fraude y  fabricación de evidencia por parte de los abogados de los demandantes.

Debido a los riesgos para Guerra y su familia por su declaración, Chevron ha tomado medidas razonables para proteger la seguridad de Guerra y la de sus familiares — fundamentadas en evaluaciones de terceros–  incluyendo la salida de ellos del Ecuador y ofreciéndoles asistencia adicional.  A cambio de la entrega de pruebas contundentes que ratifican su testimonio, incluyendo su computadora personal, dos teléfonos celulares, sus agendas y registros bancarios, telefónicos y de envíos, Guerra recibió de Chevron un total de $38.000 dólares pero, como Guerra afirma, “no he solicitado ni he  recibido dinero alguno o ninguna remuneración  a cambio de firmar esta declaración juramentada”.

Evidencia adicional producida por los abogados estadounidenses de los demandantes ofrece pruebas que corroboran que los representantes de los demandantes de Lago Agrio participaron en la redacción de la sentencia. En al menos ocho instancias distintas, la sentencia sigue el texto de los propios documentos de los abogados de los demandantes, en algunos casos copiando palabra por palabra, repitiendo contenido de materiales internos de los abogados de los demandantes que no formaban parte del expediente, así como copia errores y citas a referencias idiosincrásicas que sólo aparecían en los documentos internos de los demandantes.

Chevron pretende entregar toda esta evidencia al Fiscal General del Ecuador y pedir a la fiscalía que investigue a Zambrano y los abogados de los demandantes. La compañía ha provisto en el pasado a las autoridades ecuatorianas similar evidencia de fraude, corrupción y conducta indebida de los abogados pero hasta la fecha el Estado no ha tomado  ninguna medida aparente para hacer cumplir sus leyes.

“Una vez más, Chevron hace un llamado a las autoridades ecuatorianas, y a las autoridades donde estos abogados demandantes estén intentando avanzar con su fraude, para que investiguen y pongan punto final a este plan”, añadió Pate. “El Ecuador no debería tolerar que abogados estadounidenses utilicen las instituciones y ciudadanos del Ecuador como títeres”.

Con su declaración, Guerra ha aceptado también ponerse a disposición para presentarse ante otras cortes, tribunales e investigadores que lo requieran.

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Enviada por Zuleica Nycz para Combate ao Racismo Ambiental.