Servindi, 17 de enero, 2013.- Una resolución del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) reconoció la deuda histórica del Estado Paraguayo con el pueblo Mbya Guaraní fuertemente afectado por la construcción de la hidroeléctrica de Yacyreta-Apipé entre Argentina y Paraguay, en 1973.
La resolución 023/13 de fecha 14 de enero de 2013 admite que no se respetaron derechos ni aplicaron las leyes cuando se firmó el Tratado de Yacyreta que trajo como consecuencia la pérdida de territorio, el desplazamiento y la falta de resarcimiento por los daños ocasionados al pueblo Mbya Guaraní.
En aquel entonces estaba vigente el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establecía que “no deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales sin su libre consentimiento” (Artículo 12.1).
Tal disposición fue recogida posteriormente en el Convenio 160 del mismo organismo internacional e incorporada en el derecho positivo en la Ley 234/93.
La represa hidroeléctrica de Yacyretá-Apipé (del guaraní jasy retã, ‘tierra de la Luna’) es una central hidroeléctrica construida sobre los saltos de Yacyretá-Apipé en el río Paraná, en la provincia de Corrientes Argentina y el departamento Misiones en Paraguay.
El Estado de Paraguay permitió la presión poblacional y la especulación inmobiliaria obligando a las familias indígenas a “huir al monte o a lugares más aislados”, mientras que otras se vieron compelidas a emigrar hacias diversas zonas, se indica en los considerandos.
El INDI reconoce que el marco jurídica nacional e internacional “nos exige aplicar el principio de responsabilidad internacional de los Estados que establece la obligación de ‘restitución integral’ ante una acción u omisión violatoria de sus obligaciones internacionales”.
Ante la exigencia de parte de los indígenas que han presentado los testimonios de personas que sobrevivieron a la “traumática coyuntura” y los estudios antropológicos el INDI reconoce como territorio tradicional Mbya Guaraní Eltekoha Guasu, conocido como Reserva para Parque San Rafael.
La decisión guarda concordancia con la Resolución 1178/08 que admitió la importancia sociocultural que dicha zona representa para el pueblo Mbya Guaraní.
El INDI señala que iniciará las acciones legales -administrativas y judiciales- “para asegurar parte del Gran Territorio Mbya Guaraní en compensación a las tierras e islas que fueron desplazadas y hoy inundadas a fin que dicho pueblo pueda proseguir su vida en el marco legal vigente en el país”.
En tal sentido convoca a todos los organismos públicos, nacionales, binacionales y regionales para el cumplimiento de la compensación de los indígenas Mbya Guaraní de los departamentos de Itapua, Caaazapa y Misiones.
La represa fue objeto constante de críticas durante su planeamiento y construcción, tanto por las consecuencias ecológicas que produjo como por su gestión, cuyo presupuesto original se excedió varias veces hasta alcanzar los 11.500 millones de dólares y dio origen a múltiples denuncias de corrupción.
Una de sus consecuencias fue el anegamiento de un bioma prácticamente único, que condujo a la extinción de numerosas especies endémicas.
La represa fue inaugurada el 7 de julio de 1998 por los Presidentes de Argentina Carlos Menem y su par de Paraguay Juan Carlos Wasmosy, día en que se pusieron por primera vez en función las 20 turbinas al 60 por ciento de su capacidad de producción máxima.
Desde el 12 de febrero de 2011 a las 12:00 la represa opera con su cota máxima de 83m, alcanzándose la máxima capacidad de producción de energía permitida por el diseño original de 20.700 GWh/año y una potencia de 3100 MW.
Acceda al texto de la resolución con un clic en el siguiente enlace:
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