Conflicto en la Araucanía: Entre el racismo y el terrorismo de estado

Felipe Ramírez*

Resulta claro que el homicidio del matrimonio latifundista –no son campesinos ni agricultores- Luchsinger-Mackay en Vilcún ha golpeado de manera particularmente fuerte en el contexto del conflicto que desde hace años enfrenta a sectores del pueblo mapuche con el Estado de Chile. La respuesta ha sido la tradicional: amenazas, criminalización sin la existencia de pruebas, utilización de una legislación antiterrorista sumamente criticada, el aumento de la presencia policial que ya configura un escenario de una virtual ocupación militar de la zona, e impunidad hacia los casos de asesinatos en los que los responsables son comprobadamente miembros de las fuerzas de seguridad.

Las condiciones en las que desarrollaron los hechos aún no están clarificadas ni existen pruebas que permitan afirmar el discurso histérico del gobierno, que intenta generar una imagen de un conflicto que sería similar a la guerra civil que desde hace décadas afecta a Colombia. Esa tesis ya había sido levantada por las autoridades de manera fallida cuando intentaron relacionar a la Coordinadora Arauco Malleco con las FARC-EP y ETA, terminando todo en un bullido ridículo ante la inexistencia de la más mínima prueba.

Pero más allá de los lamentables sucesos ocurridos en la noche del jueves 3 al viernes 4, que ya fueron rechazados por la Comunidad Autónoma de Temucuicui y la Asamblea Mapuche de Izquierda, entre otras instancias, y cuya solución compete a la justicia, lo cierto es que los culpables profundos de lo que sucede no han asumido su responsabilidad. Todo esto en un enfrentamiento que se arrastra desde hace años, y en las que la gran mayoría de las víctimas son mapuche: centenares de casos de violencia hacia mujeres, niños y jóvenes han sido denunciados, así como varios asesinatos y destrucción de las posesiones de diferentes comunidades. Hasta el momento ninguno de estos hechos ha terminado con justicia para los afectados.

La muerte o desaparición de Alex Lemun, Julio Huentecura, Xenón Díaz, José Huenante, Juan Collihuin, Johnny Cariqueo, Jaime Mendoza Collío, José Toro así como la muerte de Basilio Coñonao en el incendio intencional de la vivienda de la lonko Juana Calfunao el año 2004, continúan en la más dura impunidad, mientras los carabineros responsables, en su mayoría identificados, siguen en libertad e incluso algunos en servicio activo.

Pero esto no es casualidad. El Estado chileno ha institucionalizado una estrategia de violencia sistemática en contra de las comunidades mapuche, generando un ambiente de enfrentamiento que ha tenido su culminación en el asesinato de diversos jóvenes de esa etnia, y que hoy tendría su corolario en los lamentables hechos de Vilcún. Ante esto los políticos no han querido buscar una solución concreta a lo sucedido, prefiriendo proteger los intereses de familias latifundistas y de las empresas forestales ligadas al capital nacional y transnacional.

En el discurso que los medios de comunicación ligados al gran empresariado nacional (El Mercurio y La Tercera, así como los canales de televisión) han impulsado estos días se ha responsabilizado al pueblo mapuche de forma abstracta como los responsables de lo sucedido. Sin embargo, se ignora de manera sistemática el hecho de que ha sido el Estado quien se ha negado a impulsar una política profunda que permita superar las visiones colonialistas, y  generar instancias de diálogo, trabajo y construcción conjuntos.

La muerte de los Luchsinger-Mackay permitió visualizar el profundo racismo que aún hoy anida en lo profundo de la mentalidad de muchos chilenos, y el profundo desconocimiento que existe entre la autodefinida “elite” gobernante sobre la idiosincrasia, la cultura y la historia del pueblo mapuche. No deja de llamar la atención que a pesar de la gran cantidad de muertes o desapariciones conectadas con este conflicto que afectan a mapuches, es recién cuando los afectados por la violencia son latifundistas que los medios de comunicación y el gobierno deciden darse por enterados de que existe violencia en la zona. Casi como si el apellido hiciera la diferencia sobre la importancia de una muerte. Las declaraciones del presidente Piñera y de los diferentes ministros y autoridades que han intentado levantar la bandera del “orden público” o incluso una criolla versión de la fracasada “guerra contra el terrorismo” de Bush, no se diferencian en nada de las realizadas hace más de un siglo durante la “pacificación” de la Araucanía.

Hace 3 años, en el momento en el que decenas de presos políticos mapuche mantenían una huelga de hambre, en la entonces revista “Hombre y Sociedad” se realizó una entrevista que por diversas razones recién salió publicada el 2011 en el número 25 de la publicación, a un miembro de una organización mapuche. El objetivo era intentar abrir un diálogo que permitiera comprender las coordenadas políticas en las que se desarrollaba el conflicto desde la visión de un actor protagonista del mismo. En ella salieron a la luz algunas ideas como la generación de un militante mapuche desde la cosmovisión y la historia de ese pueblo, la represión y sus efectos en los niños de las comunidades que han incluido casos de tortura física, los diferentes sectores que surgen desde la reivindicación territorial y cultural y otros conceptos novedosos en un conflicto que ha sido superficialmente tratado por los medios, y siempre desde el punto de vista del Estado, las empresas y el latifundio.

Desde ese día ha sido poco lo que se ha hecho desde la izquierda para intentar comprender a cabalidad lo que sucede, más allá de un discurso de mera solidaridad, o de entender al mapuche a partir de la categoría de campesino. En ese sentido llama la atención que han sido sectores de la Iglesia Católica quienes han logrado desarrollar algunos de los trabajos más activos con las comunidades, entre los que destacan los jesuitas que ya se pronunciaron sobre lo sucedido en Vilcún, y que insisten hoy en que la “persecución policial, el uso de la ley antiterrorista y la judicialización del conflicto no son las herramientas para una solución de raíz”. Tampoco hay que olvidar el  activo rol que cumplieron las comunidades católicas el 2010 durante la extensa huelga de hambre de los presos políticos mapuche, siendo protagonistas de las manifestaciones que incluso concitaron el activo apoyo de algunas federaciones de estudiantes universitarios.

El gobierno intentará aprovechar lo sucedido para instalar la única agenda política que le podría permitir recuperarse antes de las elecciones: aprovechar la histeria para profundizar la ya potente legislación represiva que tiene el Estado. En esa línea van las peticiones por parte de los gremios empresariales de que se instaure el estado de excepción y las declaraciones de personeros de gobierno en torno a la invocación de la ley antiterrorista, la que ha sido criticada incluso por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La Concertación por su parte, responsable política de numerosas muertes y de buena parte del despliegue policial en la zona, tratará de lavar su imagen de cara a las elecciones y acumular todo lo posible para disputarle a la derecha en las parlamentarias y presidenciales.

Lo único claro en este momento es que hay que estar más atentos que nunca a lo que suceda en la Araucanía. Es indispensable frenar la escalada de violencia que tantos sufrimientos ha producido, sobre todo a las comunidades, y exigir el fin de la ocupación, la prisión política y la tortura como forma de solución del conflicto. La instauración del Estado de excepción, la utilización de las Fuerzas Armadas, la aplicación de la ley antiterrorista o la profundización del despliegue policial en la zona solamente lograrán aumentar la espiral de violencia, que tantas muertes ha provocado en los últimos años. El movimiento estudiantil incorporó entre sus demandas la educación multicultural… seguir ese camino truncado sería un buen primer paso para comenzar a construir los puentes que superen el racismo y la ignorancia que lamentablemente hoy han salido nuevamente a la luz pública.

*Estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, secretario general de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) 2012

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Enviada por Ricardo Verdum.