Gobierno federal falta a acuerdos con los yaquis

A golpe de bloqueos y recursos legales, la tribu dio un primer paso hacia la cancelación de la polémica obra, pero mantiene el bloqueo carretero ante el rápido incumplimiento de las autoridades a los acuerdos tomados

Giovanni Velázquez – Desinformémonos

México. No pasó ni una semana desde que los yaquis obtuvieron una victoria frente al Estado mexicano en la mesa de negociación y con el bloqueo carretero de más de medio año, cuando las autoridades federales ya contravinieron su palabra empeñada.

El convenio firmado reconoció a los yaquis como interlocutores, validó el tratado firmado en 1940 –que reconoce tierras y aguas de la tribu-, acordó que el gobierno federal tomará en sus manos la operación del Acueducto Independencia para controlar los volúmenes de agua extraída e indemnizará a los yaquis por los daños causados. Sólo así, adviertieron los yaquis, levantarán su protesta. Y a la vista de los hechos, decidieron reforzar el bloqueo carretero de más de ocho meses.

Si bien el convenio establece la firma de un acuerdo entre el gobierno de Sonora y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la operación del Acueducto Independencia, éste fue realizado sin la notificación a la tribu yaqui y contraviniendo las disposiciones por las cuales ésta firmó. La ciudad de Hermosillo fue agregada como usuario de la cuenca del río, lo que pasó por encima de las disposiciones legales pendientes. El mensaje de Conagua, en complicidad con Guillermo Padrés Elías, es que no detendrá el Acueducto Independencia.

En Vícam, los yaquis calificaron de desafortunado el papel del delegado de Conagua, Cesár Lagarda Lagarda, quien asistió sólo para avisar del acuerdo firmado con Guillermo Padrés y el alcalde de Hermosillo, pero al recibir las primeras críticas –señalando como un montaje el acuerdo para avalar el despojo del agua-, emprendió la retirada, faltando el respeto a los gobernadores tradicionales y a la Tropa Yoeme.

En reunión junto a la carretera, los yaquis acordaron continuar con el bloqueo. Esta decisión, precisaron, no está sujeta a la consulta ni al convenio, sino a la decisión del gobierno federal de detener el Acueducto Independencia. Convencidas de que la postura tomada por Conagua afectará sus derechos, las autoridades tradicionales invitarán al titular de la dependencia, David Korenfeld, para que explique ese acuerdo, al igual que a Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa, promotor de la mesa de diálogo, ante la posibilidad de endurecer el bloqueo.

Por lo pronto, las autoridades tradicionales hacen un extrañamiento de lo ocurrido y no descartan que si el convenio que firmaron sigue siendo contrariado, éste puede invalidarse. No sería la primera vez en la historia yaqui en que el gobierno mexicano ha pretendido engañar, ni mucho menos en que este pueblo indígena ha salido avante, advierten desde Vícam.

El convenio firmado es válido solamente hasta que los indígenas finalicen la consulta en la que decidirán si quieren o no la mega obra hídrica. El resto de recursos que utilizan en defensa del río seguirán su curso.

Los yaquis, “los que hablan fuerte”, señalan que sigue firme su compromiso en defensa de su territorio y el agua, como parte del resguardo de su autonomía e identidad. La victoria es significativa, pues desde que se conformó el Estado no ha dejado de ambicionar las fértiles tierras, por lo que practica una política de saqueo y exterminio mediante discursos y prácticas genocidas, denuncian.

El 21 de enero de 2014, se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación (Segob) la mesa de diálogo entre las autoridades de la tribu yaqui, los gobiernos estatales de Sonora y Sinaloa, y el gobierno federal -a través de los titulares de la Segob, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Cpmosión Nacional del Agua (Conagua) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para solucionar el conflicto originado por la construcción y operación del Acueducto Independencia en la administración de Guillermo Padrés Elías.

El resultado fue la firma de un convenio, que será el inicio para restablecer el Estado de Derecho ante las reiteradas violaciones realizadas por el ejecutivo estatal, y así empezar a saldar la deuda del gobierno mexicano con los pueblos indígenas, en especial con la tribu yaqui, respecto al reconocimiento de sus derechos territoriales, culturales e históricos.

El conflicto, originado a nivel del estado de Sonora, llegó al ámbito nacional por las acciones y los discursos del gobernador Guillermo Padrés, nclusive después de la firma del convenio, pues pretendió contravenir y sobrepasar los acuerdos firmados en la Segob. Poco valió su firma y la de quienes firmaron el acuerdo: Juan José Guerra Abud, titular de la Semarnat y Luis Miranda Nava, subsecretario de Gobierno, por parte del gobierno federal; gobernadores, comisionados y voceros de la tribu yaqui; y como testigos Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa, Rogelio Díaz Brown y Otto Claussen, presidentes municipales de Cajeme y Guaymas, Sonora, respectivamente.

El convenio firmado entre la tribu yaqui y el gobierno federal obedece al interés de demostrar que el Acueducto Independencia y aquello que se ha denunciado alrededor de él –corrupción, fraudes, engaños a la población de Hermosillo, enriquecimiento de políticos y empresarios, complicidad de medios de comunicación, despojo, discriminación y criminalización- provocó un conflicto de trascendencia nacional.

Mario Luna, secretario de la autoridad tradicional del pueblo de Vícam, explica: “La defensa del agua no queda aquí, este es un paso más para garantizar que nuestros derechos se respeten a plenitud. Que se firme un convenio no supedita las acciones legales que estamos llevando a cabo. Este acuerdo sienta las bases para que ese acueducto deje de extraer los volúmenes de agua. Sabemos que el convenio es temporal en tanto se resuelvan los asuntos de fondo en los tribunales y la consulta en que está inmersa la tribu yaqui, así como el hecho de que se deje de extraer el agua y de tener la certeza de que nuestra voz sea verdaderamente tomada en cuenta y no sea un simple requisito”.

El convenio establece cláusulas cuyas implicaciones son trascendentales para los yaquis, pues se acuerda dar solución a la problemática a raíz de la operación del Acueducto Independencia. Éste pasa de las manos del gobierno de Sonora a la Comisión Nacional del Agua hasta la resolución de los asuntos de fondo que implican demandas, la consulta, la trasparencia de la obra y la información de las afectaciones irreparables por la extracción del agua. Su funcionamiento sólo estará sujeto a criterios técnicos y legales y sólo se efectuará para consumo humano en situaciones reales y de emergencia para la ciudad de Hermosillo, sin afectar los volúmenes de agua de acuerdo al decreto de restitución de tierras y aguas firmado en 1940 entre la tribu y el Estado.

De demostrarse que el agua del río Yaqui es extraída para el desarrollo de la industria de la construcción, automotriz y aeroespacial -según declaraciones de Alejandro López Caballero, alcalde de Hermosillo-, el Acueducto Independencia acumulará otro motivo para suspenderse. Esto sólo aplicará hasta el plazo en que se tenga que decidir, según la consulta yaqui, si la obra continúa o deja de operar definitivamente.

Por su parte, el gobierno reconoce como interlocutora a la tribu yaqui y ratifica el reconocimiento legal de su territorio como propiedad decretada por Lázaro Cárdenas. De la misma forma, se compromete en el análisis de “alternativas hídricas sustentables que no generen conflictos, respetando en todo momento las resoluciones judiciales emitidas”, y a “priorizar la aplicación de programas y recursos para el desarrollo económico, productivo, bienestar social, cultural, ambiental e infraestructura básica de servicios de apoyo”. Finalmente, “evaluará el daño sufrido por la Tribu Yaqui, derivado de la extracción que se ha hecho del agua del La Presa El Novillo, para proceder a su indemnización”.

Sólo  mediante el cumplimiento de lo dispuesto en el convenio y la cancelación del Acueducto Independencia, la tribu yaqui levantará el bloqueo. Los representantes yaquis advierten que esta medida no significa dejar de luchar por los medios necesarios para hacer respetar sus derechos. Tomás Rojo Valencia, vocero de la tribu, explica: “Lo que nosotros esperamos es que se cumpla como se estipuló y como todos lo firmaron. Es un paso más en la solución del conflicto del agua. Nosotros no queremos ayuda, queremos que se respeten nuestros derechos. En la medida que nosotros hagamos exigencia, la lucha continúa, porque no es nada más para nosotros. Ahorita nos atañe porque es una cuestión de sobrevivencia, pero lo que hagan con la tribu yaqui lo van a hacer con todos los pueblos indígenas de México y en eso debemos estar alertas todos”.

La Tropa Yoeme (mujeres, hombres y niños del pueblo yaqui), confían en que la justicia imperará, pero no olvidan que las firmas pueden ser olvidadas por los funcionarios del gobierno y reconocen que esta defensa del agua es también la lucha de los ancestros y de las generaciones venideras.

Las palabras del soldado de tropa Fernando Jiménez, lo resumen todo: “El esfuerzo por conservar nuestras aguas de la cuenca del río Yaqui no es tan distinto a lo que nuestros ancestros hicieron para conservar su territorio y sus recursos en aquellas épocas. No fue a punta de arcos y flechas, sino igual de preciso con la ley y la justicia en la mano ante Gobernación. Todo aquel que ha intentado desafiar a la tribu yaqui ha sucumbido, y todo aquel que lo intenté tendrá el mismo destino. Si no , pregúntenle a Guillermo Padrés.  Ta yoók junak jakgo’ó tiempom benasia (vencimos como en los tiempos pasados)”.