Luis Maldonado Ruiz
Ecuador – La composición poblacional, territorial y la situación económica y social, como la vivienda, el acceso a servicios públicos, empleo y educación, se evidencia, en primer lugar, que el porcentaje de población indígena con respecto al Censo anterior no ha variado significativamente, apenas un 0,5% de incremento (Censo 2001 – 6.8%, Censo 2010-7.3%), esto es una población de 1. 018.176 personas, mientras que las poblaciones autodefinidas como blanca y mestiza bajaron significativamente (de 10.5% a 6.1% y del 77.4% al 71.9% respectivamente). A su vez, subió la población autodefinida como afroecuatoriana de 4.9% a 7.2%, en tanto que apareció la población montubia con un 7.4%. Estos cambios se dan por varias razones: por la iniciativa de los pueblos afroecuatorianos de diversificar sus formas de identidad como negros, mulatos, etc., y luego el INEC los reagrupa; por la inclusión de los montubios como una nueva identidad cultural, que antes se reconocían como campesinos, simplemente. Resultó curioso observar que muchos montubios se identificaban como blancos, aunque campesinos.
La población autoidentificada como indígena mantiene su porcentaje poblacional, lo que por un lado si bien indica una sólida pertenencia étnica a su vez plantea la interrogante de que el INEC explique esta enorme diferencia de natalidad entre la población afro y la indígena, este dato es bastante cuestionable contrastado con la realidad. A esto se suma la débil promoción de afirmación cultural impulsada por las organizaciones y por las entidades públicas encargadas de esa tarea, que tuvo sus deficiencias porque no hubo una campaña en todos los idiomas, para economizar los recursos económicos.
También merece especial atención que la población indígena se concentra principalmente en el sector rural 78.5% y que la población mayoritaria es Kichwa 75.23%, el 6.85% Shuar y el 12,46% no sabe el nombre de su nacionalidad o pueblo a pesar de que se define como indígena. Esta población se encuentra principalmente en el sector urbano, sector en el que vive el 21.5%, población que enfrenta agresivos procesos de alienación cultural.
En ese sentido, como es sabido, la lengua es el elemento fundamental de la cultura, a través de ella se expresa la visión del mundo y los valores, los datos del Censo al respecto nos ponen en alerta, ya que el 32.6% de los indígenas ya no hablan la lengua madre, el 28.5% es bilingüe, aunque todavía el 34.5% es monolingüe en sus idiomas maternos, concentrados en las zonas más apartadas del sector rural. Entre los Kichwa la mayoría de la población es Puruhuá 32%, los Panzaleo y Otavalo (14,4% y 13.3% respectivamente) llegan al otro tercio de la población, lo que implica que estos tres pueblos constituyen cerca del 60% de la población Kichwa.
El analfabetismo afecta a la población indígena en un 20.4% (a las mujeres indígenas 26.7%), mientras que a la población autodefinida como mestiza solo es afectada en un 5.1% y a los que se definen como blancos 3.7%.
En cuanto a los servicios públicos: conexión a la red pública de alcantarilladlo, solo el 28% tiene este servicio, a la recolección de la basura el 42.7%, servicio de telefonía 10.5%, al internet apenas un 2.5%. Como se puede observar las brechas sociales son inmensas, la exclusión social e institucionalizada continúa campante.
¿Qué hacer para superar estas desigualdades, tomando en cuenta que las políticas de asistencia no han tenido los impactos esperados, a pesar de que las inversiones en el sector social se han incrementado significativamente? ¿Se toma en consideración que para encarar esta situación en sociedades diversas culturalmente, es necesario formular políticas con pertinencia cultural y su aplicación implica una amplia participación social? ¿Se cualificado la incidencia en estos procesos de las taras racistas y excluyentes que como es evidente no han sido superadas y más bien se observa que los conflictos interétnicos se han incrementado? Otra interrogante importante es ¿Cómo asumir el carácter colectivo de la participación política y social de los pueblos indígenas a partir de complejo tejido social, construido en los últimos 30 años de lucha?
Se manifiesta la preocupación por la ausencia de un dialogo efectivo y pertinente para definir las políticas públicas, las estrategias y los programas en los que tanto el gobierno como los líderes de los pueblos indígenas encaren la solución definitiva de estos problemas asumiendo con responsabilidad cívica y patriótica este desafío sustancial para la vida en democracia y la construcción del Estado Plurinacional.
Aunque la coyuntura electoral no es el espacio adecuado para analizar y acordar mecanismos concretos para la solución de estos problemas, se considera necesario socializar esta información para pedir respuestas específicas sobre cuáles son los compromisos que asumen los políticos en relación a los pueblos indígenas, pero también exigir sobre la necesidad de dialogar para que sus derechos contemplados en la Constitución se cumplan y se ejerzan concretamente, sin caer en el asistencialismo o las donaciones para simple sobrevivencia.
Otro motivo de preocupación es el hecho de que algunos funcionarios y sectores del gobierno siguen pensando y promoviendo la visión indigenista de los años 40, aquella que sostenía que la solución a los problemas es la inclusión de los pueblos indígenas a un supuesto proyecto político nacional, en el mismo que no se recogía ni expresaba la visión y los intereses de estos pueblos sino que se trataba de una maniobra asimilacionista, aculturizante, bajo rimbombantes discursos sobre las bondades de construir una sociedad “la sociedad mestiza”, sin tomar en cuenta los problemas históricos de dominación colonial todavía vigentes. Lamentablemente esta situación no ha cambiado en amplias esferas del poder, las instituciones estatales continúan alimentando un paternalismo marginalizante que excluye a los pueblos y nacionalidades de la toma de decisiones fundamentales, circunscribiéndose a una tolerancia maquillada como “socialización” que buscan legitimar las políticas concebidas desde el poder ejecutivo, como ha ocurrido con la ley de tierras, la soberanía alimentaria, la ley de minería, entre otras.
También es preocupación latente con respecto a aspectos esenciales como el “derecho a la consulta previa, libre e informada” cuando se van a realizar exploraciones o explotación de recursos naturales en territorios indígenas y áreas protegidas, no son tomados en cuenta en estas “socializaciones”, estas consulta se consideran vitales para los pueblos indígenas porque a pesar de que beneficien a todo el pueblo ecuatoriano en cuanto a disponer de dinero para impulsar su “desarrollo” para estos pueblos implica su sobrevivencia, pues afecta a su bases materiales de vida, como también a su reproducción cultural. La conclusión de la reflexión concluyo afirmando que la interculturalidad y la plurinacionalidad en nuestro país sigue siendo un proceso en ciernes, con muy poco conocimiento de las realidades de sus pueblos y voluntad política para encarar estas situaciones, y sin un real protagonismo de quienes históricamente plantearon estos cambios fundamentales para la sociedad ecuatoriana.