Las fosas de Chungui nos recuerdan las causas de la violencia estructural

Por Jorge Agurto

Servindi, 4 de enero, 2014.- La última exhumación de 56 víctimas en el distrito de Chungui efectuada en diciembre de 2013 me hizo recordar al poeta Juan Gonzalo Rose cuando escribe: “No tienen año nuevo los pueblos como el mío:/ será nuevo paisaje, pero la misma ausencia;/ será pañuelo nuevo, pero la misma lágrima; / será nueva mortaja, pero distinta muerte” (1).

Mientras el Perú formal habla de la necesidad de destrabar la inversión minera para continuar de manera ininterrumpida con el crecimiento económico del Producto Bruto Interno, el Perú profundo espera un diálogo alturado y con respeto que no recuerdo haya existido.

Lo que si existió es un terrorismo de Estado, cruel, descarnado, que se expresa en decenas de miles de desapariciones forzadas que el Perú formal no quiere ver, y pretende dejar sepultado y olvidar sin hacer justicia ni reparar.

Los restos exhumados en Chungui hablan de una violencia genocida, cuya elocuencia es mayor en tanto se intenta ignorar. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) presentó como un caso de historia representativa de la violencia el escenario de Chungui (2), en especial la zona denominada Oreja de Perro.

Una violencia gélida y espectral que no podemos superar como país, porque no nos atrevemos a descubrirla cara a cara por temor a que se nos empoce “como charco de culpa en la mirada” diría César Vallejo (3).

Existen cientos de fosas comunes y miles de restos por exhumar -en su mayoría indígenas quechuas y en menor cantidad indígenas asháninkas- muertos de forma cruel e inexplicable. Cabe recordar que la CVR proyectó un aproximado de 4644 sitios de entierro.

Ellos siguen sepultados por el olvido y la indiferencia del Estado, como si nunca hubieran existido. Y a pesar de la tragedia perpetrada y el clamor de la población local ningún presidente de la República se ha dignado visitar Chungui y compartir su dolor.

Chungui

El distrito de Chungui, ubicado en la provincia de La Mar, a nueve horas de Huamanga, capital de Ayacucho es el distrito que según la CVR padeció la violencia más siniestra y cruel y donde calculó más de 300 fosas.

Solo en Chungui hubo 1,384 víctimas entre muertos y desaparecidos, una cifra que representa el 17 por ciento de la población registrada en el censo de 1981. Entre los restos de las 56 víctimas se hallan 26 niños y 18 mujeres.

Las víctimas fueron ejecutadas con armamento de guerra, descuartizadas o degolladas. Los responsables fueron tanto militares como grupos subversivos y comités de autodefensa, todos envueltos en una vorágine demencial y fraticida.

El Equipo Forense Especializado (EFE) creado el 2003 tenía planeado exhumar entre noviembre y diciembre de 2013 un total de 48 fosas comunes.  Aún no conocemos el reporte final de diciembre pero se sabe que esperaba hallar 202 víctimas, asesinadas entre 1983-1994.

La CVR constató un descenso de cerca del 47.5 por ciento de la población total de Chungui al comparar los censos de 1981 y 1993, al reducirse de 8,257 habitantes a 4,338, respectivamente.

Según cifras actuales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) el 78 por ciento de la población de Chungui es pobre, y hay un 51 por ciento de pobres extremos.

Subsisten las causas de la violencia

Lo grave de todo esto es que las condiciones que dieron origen a la barbarie no han desaparecido. La pobreza, la desigualdad étnica, el desprecio hacia las poblaciones indígenas son algunos de los factores que representan lo cotidiano en el país e hicieron posible la violencia.

Ese desprecio hacia la población indígena es el mismo que sienten los señorones del gobierno y de la política que se miran al espejo y sienten representar al Perú cuando solo representan sus propios intereses y los del sector pro empresarial.

Son los epígonos de una derecha cavernaria, bruta y achorada, que alienta a un Estado secuestrado por el interés privado y la corrupción a gobernar a favor de intereses ajenos al interés nacional.

De espaldas al Perú profundo deciden sobre los bienes comunes de la patria sin consultar a la ciudadanía y menos aún a los pueblos y comunidades originarios que los resguardan.

Ese desprecio hacia los indígenas lo encarnan por ejemplo políticos despojados de toda ética y sindéresis como Ántero Flores-Araoz o Pedro Pablo Kuczynski, quienes sienten el Perú como su feudo, su chacra o su empresa, y ansían con hacerse de la presidencia del país.

Don Ántero Flóres-Aráoz, ex ministro de Defensa de Alan García durante el Baguazo, aspira inscribir su partido “Orden”. Un reciente video sobre Bagua nos recordó una frase de antología: “déjense de cojudeces”, cuando un periodista lo interrogó sobre el olvido de las comunidades.

Pedro Pablo Kuczynski -candidato orgánico del sector pro-empresarial- sigue respondiendo con evasivas cuando se le pregunta por su trámite de renuncia a la nacionalidad estadounidense, la misma que ofreció en su campaña presidencial el 2006 y que aún no cumple.

Exhumar y reparar

Para los familiares la exhumación es importante porque es una forma humana y civil de cerrar el duelo, y quizás acceder a alguna reparación material o simbólica que procure consuelo al dolor y la dignidad.

Pero para los victimarios de uno u otro pelaje es una forma de descubrir la barbarie y la insanía que tanto el Ejército y los grupos subversivos prefieren mantener oculto como si así fuera posible borrarlo de la historia.

Por eso es que no existe un plan nacional o una política de Estado para buscar de forma sistemática de los desaparecidos. Peor aún, tampoco existe voluntad por identificar y sancionar a los altos mandos comprometidos en los crímenes de lesa humanidad.

Entre tanta indiferencia política es notable el esfuerzo del pequeño Equipo Forense Especializado (EFE) y de funcionarios del Ministerio Público. Estos, con el apoyo de la cooperación internacional y el PNUD, alientan y auspician un laborioso trabajo multidisciplinario que debería realizar el Estado por su propia iniciativa.

Hablamos del mismo Estado del cual el ex presidente Alan García se jactaba de haber superado la renta media alta y haber ingresado a la modernidad y al desarrollo, cuando aún no adquirido la solvencia moral y política de enterrar a sus propias víctimas con un mínimo de decoro y decencia.