En aras de la construcción de presas de almacenamiento e hidroeléctricas, y argumentando “utilidad pública”, el Estado mexicano despoja a los pueblos del vital líquido, violando leyes nacionales e internacionales para beneficiar a unos cuantos
Campesinos e indígenas, abogados, estudiantes y miembros de la sociedad civil organizada, integrantes en su mayoría del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), recorrieron cientos de kilómetros para presentar su caso ante el jurado internacional e interdisciplinario que de manera independiente escuchó durante dos días los testimonios, pruebas, argumentos técnicos, jurídicos, psicosociales e historias de vida y resistencia relacionados con las consecuencias que la construcción de presas ha traído en sus territorios.
Todos y todas hablaron de sus historias de vida, que se vieron trastocadas por las obras que llegaron como pesadillas que no parecen tener fin. Las poblaciones que enfrenten la amenaza del desplazamiento forzoso empezaron un largo camino de búsqueda y anhelo de justicia, pues su tranquilidad y sueños les han sido arrebatados en aras de un “desarrollo y progreso” que no los contempla.
Como la juez Patricia Ávila¹ mencionó en la conferencia de prensa, “este tribunal es de carácter ético y su valor radica en que se vuelve un espacio, cuando los espacios institucionales y formales del Estado se cierran. Es un espacio sensible y objetivo a diferentes pruebas legales, con expedientes y testimonios como en el sistema de justicia formal, para tener una valoración más objetiva y amplia de las implicaciones sociales, ecológicas, políticas, culturales y económicas de las presas”.
El Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, que se opone a la presa Paso de la Reina en Oaxaca; el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, en Guerrero; representantes sociales de los municipios de Ruiz y Rosamorada, que se oponen a la presa hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit; el Comité Defensa Verde. Naturaleza para Siempre, que resiste a la presa hidroeléctrica El Naranjal, en Veracruz; María Guadalupe Lara Lara, del Comité Pro Defensa de Arcediano, desplazada por el proyecto de la presa de Arcediano, en Jalisco; representantes sociales de los municipios de Hostotipaquillo y Tequila, que exigen la indemnización justa correspondiente por la construcción de la presa La Yesca, entre Jalisco y Nayarit; desplazados por la presa Cerro de Oro, en Oaxaca; y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, cuyos miembros están amenazados con ser desplazados por la presa El Zapotillo, en Jalisco estuvieron presentes en la preaudiencia. Además, se abrió un foro de denuncia donde fueron presentados los casos de Zongolica, en Veracruz, y el nuevo proyecto en Cerro de Oro.
Fueron denunciados diez casos de presas en siete estados, en tiempos y coordenadas diversas, en pre-construcción, construcción u operación, pero que a pesar de sus especificidades tienen un mismo patrón: la violación a los derechos humanos. Éste corresponde a un modelo de desarrollo excluyente que privilegia las necesidades de energía y agua de las grandes empresas por sobre las vidas de personas y pueblos, la dignidad y los derechos. Hay una práctica de las instituciones que se vuelve modelo y patrón, basada en la falta de información, ausencia de consultas abiertas, democráticas y alternativas. Las preguntas que siempre carecen de respuestas son: ¿quiénes son los verdaderos beneficiados?, ¿para quién es el agua y la energía?
Se ha evidenciado que el Estado mexicano, en aras de la construcción de presas de almacenamiento e hidroeléctricas, y con un discurso de “utilidad pública”, incurre en abuso de poder y violación de las leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las comunidades y los individuos.
Por parte de instituciones gubernamentales y empresas privadas existe un gran desprecio por las personas, por sus pueblos y sus historias, así como por la tierra, los ríos y los ecosistemas; hay una inmensa ceguera ante las necesidades de los grupos más vulnerables, los ancianos, las mujeres, los niños. En resumidas cuentas: hay una inadecuada aplicación de la legislación, o una abierta violación de la legislación.
Engaños, mentiras, acosos, amenazas, eran palabras que se repetían en una y otra de las exposiciones. Las autoridades son fantasmas en el momento que deben dar la información sobre las consecuencias, pero luego están omnipresentes para presionar a las comunidades a aceptar por las buenas, o por las malas (para eso está la fuerza pública, para desalojar) los proyectos. “Las personas afectadas se ven, por necesidad, convertidas en ingenieras, en abogadas, defensoras de derechos humanos, en historiadoras, reporteras y escritoras de sus vivencias”, se dijo en un comunicado de prensa posterior a la preaudiencia.
El jurado realizó recomendaciones preliminares para cada caso y uno general donde se hizo énfasis en la importancia del cambio del modelo energético e hídrico de nuestro país. “La resolución que emitió el jurado está basada en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de derechos de los pueblos y derechos humanos”, enfatizó Francisco López Bárcena, abogado especializado en derechos indígenas, autor de numerosos libros y columnista de La Jornada, quien agregó que “el gobierno no está obligado a acatar el fallo, pero sí los fundamentos que dieron base a éste”. López Bárcenas recordó también que el 10 de julio de este año el Congreso de la Unión aprobó una modificación al artículo primero constitucional, que establece que todos los tratados internacionales de derechos humanos forman parte de la Constitución y obliga a las autoridades de todos los niveles a garantizar su cumplimiento.
No son pocos los derechos que se violan: de información y participación, de consulta, al debido proceso legal y a la garantía de seguridad jurídica, a la salud, a la seguridad personal, a la vivienda adecuada, a la preservación de la cultura, al medio ambiente, a la manutención y mejora de las condiciones de vida y a la alimentación.
Entre las recomendaciones están la cancelación definitiva de los proyectos de las presas de Las Cruces, El Zapotillo, La Parota, Paso de la Reina, El Naranjal; que se suspendan todos los actos de hostigamiento y amenazas a los pobladores y comunidades afectadas; que se indemnice correctamente a todos los pobladores que hayan sido afectados en sus tierras, territorios y recursos naturales como en el caso de Arcediano, La Yesca, Cerro de Oro y Zongolica; y que se finquen responsabilidades administrativas y penales a las autoridades y funcionarios de empresas privadas que hayan violado derechos humanos e incumplido sentencias.
Maude Barlow, presidenta del Council of Canadians (Canadá) y asesora principal sobre el agua con el presidente número 63 de la Asamblea General de la ONU, mencionó que México estaba de acuerdo con el derecho humano al agua, pero había muchas evidencias de que éste no estaba siendo respetado en el país, pues no sólo no hay indemnización a las personas que han sido afectadas, sino que se intenta imponer proyectos sin respetar el derecho humano al agua.
“Las grandes presas roban el agua a las comunidades que viven alrededor de los ríos, la contaminan y no reconocen el derecho humano de las poblaciones. Y todo esto se hace en el nombre de las grandes ciudades, se hace a nombre de respetar el derecho humano de la ciudad. Esta es una forma absolutamente equivocada de interpretar el derecho humano al agua y no tiene ninguna relación con la definición de las Naciones Unidas”.
Barlow aseguró también que no se satisface el derecho humano de un grupo o de una comunidad en detrimento del derecho humano al agua de una comunidad que va a ser afectada por una presa, como en los casos de Temacapulín y Arcediano, en Jalisco, y enfatizó: “Hay alternativas. Necesitamos infraestructuras, no grandes presas. Llamamos al gobierno mexicano a abandonar los proyectos relativos a las presas. A nivel global tenemos una crisis de agua, la demanda aumenta de manera dramática, lo que podemos hacer es proteger lo que tenemos: ríos, lagos, y no hacer grandes proyectos; y también debemos entender que la población local es la que puede proteger las fuentes de agua”.
Monti Aguirre, coordinadora para América Latina de International River (Estados Unidos), recordó la importancia de los lugares sagrados en las comunidades indígenas, así como que las presas son una forma de ecocidio y genocidio. “Podemos hacerlo de otra forma. En Estados Unidos se están desmantelando. Tenemos experiencia, sí lo podemos hacer de otra forma, de una manera democrática en la toma de decisiones”.
El jurado dialogó con una representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la cual han sido interpuestas controversias constitucionales acerca de la construcción de la presa El Zapotillo, y a la cual corresponde revisar casos de amparo que pueden presentar como recurso legal los afectados por este tipo de obras. El jurado recomendó revisar la política energética nacional con el objetivo de establecer una estrategia que reconozca y proteja los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos en el orden jurídico mexicano e internacional, entre ellos el derecho a un medio ambiente sano; el respeto a derechos de los pueblos, como el consentimiento libre, previo e informado para garantizar la existencia de los pueblos afectados, el ejercicio de su derecho a la autonomía, la integridad de sus territorios, la conservación de su identidad, incluyendo lugares sagrados, así como su derecho al desarrollo. En algunos casos se exhorta a considerar la cancelación de algunas presas; pero también se recomiendan reparaciones en los casos donde se han desalojado poblaciones y dañado a las comunidades y su territorio. Asimismo se llama al Estado mexicano a establecer directrices, políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a reparar violaciones a los derechos humanos ya ocurridas y prevenir nuevas violaciones en el futuro.
Hasta la fecha se calcula que han sido desplazadas forzosamente más de 185 mil personas en el país debido a la construcción de presas para riego, abasto urbano e industrial e hidroeléctricas. Este número asciende a unos miles más; sin embargo, aún no se puede dar un dato más aproximado puesto que con frecuencia se encuentra englobado el número de afectados por el número de familias o bajo el nombre de los pueblos anegados, explica la geógrafa Mónica Olvera.
Otros de los jurados fueron Miloon Kothari, exr elator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda adecuada, miembro de Housing and Land Rights Network, South Asia Regional Programme (India); y Luis Daniel Vázquez, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de FLACSO (México).
Carlos Vainer, del Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, aseguró que “En México como en Brasil, como en Colombia, como India, la violación de ese fundamento es un modelo de desarrollo basado en mercantilización de la energía, el agua y el territorio. La transformación de este modelo es la única garantía de que los derechos humanos no serán declaraciones vacías que se dan en palacios en los encuentros internacionales de presidentes, los jefes de Estado. Es posible desde ahora crear las bases para que estos derechos estén garantizados. Ésta es una tarea de los gobiernos y de la sociedad, es una tarea y desafío solidario de todos los pueblos de la tierra”.
Éstos son los espacios que las comunidades y pueblos buscan para exigir la justica que el estado debería garantizar. ¿Cuántas historias necesitamos escuchar para que sea de otro modo? La búsqueda de otra forma de gestión del agua y la energía promueve el respeto a su vez de los derechos humanos y de los ríos. Busquemos la justicia para los pueblos que es justicia para los ríos.
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