Servindi, 20 de setiembre, 2011.- La Comisión de Comunicación de la VIII Marcha Indígena denunció el secuestro de un vehículo con víveres y medicinas y el permanente acoso de espías e infiltrados como acciones de terrorismo psicológico.
Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral de comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), señaló que un vehículo que transportaba donaciones recolectadas en La Paz fue secuestrado y su carga decomisada por los bloqueadores progobiernistas en la localidad de Yucumo.
Johnny Cárdenas, vicepresidente del Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FOBOMADE) indicó que la movilidad transportaba alimentos, agua y medicinas y fue interceptada a viva fuerza.
“En la movilidad iban dos funcionarios de FOBOMADE, a quienes los bloqueadores han intimidado. Les han dicho que iban a quemar la movilidad y también a ellos. Totalmente asustados han tenido que dejar la movilidad” agregó.
“Vamos a hacer la denuncia formal, obviamente, pero queremos hacer notar que este hecho se enmarca en la persecución que el gobierno hace a las organizaciones que defendemos los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Cárdenas.
“El grupo de bloqueadores del gobierno actúa de forma irresponsable y es capaz de atentar contra la vida de cualquier ciudadano sin consideración” afirmó Fernando Vargas, presidente de la Subcentral de comunidades del TIPNIS.
La Marcha Indígena que se inició el 15 de agosto no solo es acosada por los bloqueadores en Yucumo sino también es espiada por agentes de inteligencia del Estado Plurinacional de Bolivia e incluso de la inteligencia de Venezuela.
La comisión de comunicación de la marcha señala que Boris Villegas, director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, persigue la marcha acompañado por dos agentes de los servicios de inteligencia de Venezuela.
El líder mojeño Vargas Mosúa afirmó al respecto que no quisiera que Venezuela se meta en los problemas de este país. “Si existen marchas, es porque este gobierno no ha sabido responder a la lucha y a la propia política de los pueblos y de los movimientos sociales” indicó.
La marcha continúa
Desde tempranas horas del día de hoy la marcha reinició su recorrido pacífico hasta Quiquibey, distante 42 kilómetros de Yucumo, luego de invitar a los medios de prensa y organismos de derechos humanos para observar los incidentes de la movilización.
Desde la comunidad Limoncito enviaron una carta al gobierno nacional “ofreciendo una reinstalación del diálogo” con la condición de que el gobierno retire las trincheras policiales “para evitar todo tipo de confrontación”. Asimismo, exigen que el gobierno evite bloquear el camino para que la marcha continúe.
Celso Padilla, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) manifestó que la Policía Nacional que -según ella- está para proteger la vida de los marchistas aprovechó su tiempo libre para secuestrar una camioneta de su organización.
La unidad vehicular fue trasladada a La Paz junto a su chofer por estar supuestamente robada precisó el líder de la APG, una de las 12 organizaciones regionales de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y que lidera la marcha junto al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
“Aquí los verdaderos ladrones son ellos” declaró Nelly Romero, vicepresidenta de la CIDOB pues hace un año y nueve meses que concluyó un proyecto para la reconstitución del pueblo guaraní, con cuyos fondos se compró el auto, y hasta ahora el gobierno no rinde cuentas.
Los bloqueos del gobierno
El bloqueo de Yucumo está encabezado por la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB). Y el otro bloqueo, a un kilómetro de la marcha, es encabezado por la Policía Nacional. Según el gobierno, en esta zona hay 465 uniformados cuya misión es evitar el paso de la Octava Marcha Indígena, que se dirige a La Paz.
“No queremos nosotros pensar que mañana pueda pasar algo como lo sucedido en Pando (en septiembre de 2008). Pero si eso pasara, el gobierno está demostrando que no quiere a los pueblos indígenas de la Amazonía como parte de este Estado Plurinacional” dijo Vargas.
“Estamos invitando al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo, a las organizaciones de Derechos Humanos para que sean testigos. No queremos que nos protejan, porque no pueden protegernos. Más bien les pedimos que sean testigos de lo que pueda pasar mañana”.
“A todas estas instituciones, a la sociedad civil y a los medios de comunicación queremos decirles fraternalmente que sigan con esta causa, porque es la única manera de que este gobierno deje de mentirle al pueblo. Ya ha dicho el Presidente que el bloqueo de Yucumo es legítimo. Con eso ha dicho al pueblo boliviano que el gobierno organizó ese bloqueo, por eso están ahí los colonizadores”, concluyó Vargas.
Una muestra de que el bloqueo fue organizado por el gobierno nacional fue la foto tomada al Blackberry del ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, mientras “negociaba” con los marchistas en San Borja, aunque más bien juntaba información para intentar justificar el bloqueo de cocaleros promorales en Yucumo.
“Se ve claro que el gobierno está en contra de nosotros. Más antes les servíamos a ellos, pero ahora que no les servimos nos han declarado sus enemigos. Es doloroso, nos sentimos traicionados por nuestro propio hermano”, dijo la vicepresidenta de la CIDOB.
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