Organizaciones no gubernamentales denuncian complicidad de Banco Mundial y esquema REDD+ de las Naciones Unidas. Grave situación del pueblo Sengwer en Kenia revela cómo las compensaciones de carbono potencian la recolonización corporativa del Sur
Por Nafeez Ahmed* – Servindi
Entre 2000 y 2010, unos dos millones de kilómetros cuadrados de tierras en Asia, África y América Latina y el Caribe fue adquirido o negociado bajo acuerdos firmados en nombre de gobiernos extranjeros o empresas transnacionales.
Muchos de esos acuerdos se orientan hacia la producción de cultivos o biocombustibles para su exportación a países ricos y desarrollados – con la consecuencia de que los pequeños agricultores son desplazados de sus tierras y pierden sus medios de vida, mientras las comunidades locales pasan hambre.
La concentración de la propiedad de las tierras cultivables del mundo en manos de poderosos inversores y corporaciones aumenta rápidamente, estimulada por la escases de recursos y, asociada a ella, el aumento de los precios.
Según un reciente informe de la organización estadounidense Grain: “Las gigantescas demandas de las industrias alimentaria y energética hacen que la tierra cultivable y el agua no se utilicen para la producción local de alimentos, sino para la producción de commodities y su procesamiento industrial”.
Sin embargo, factores menos conocidos de este fenómeno incluyen la “conservación” y las “compensaciones de carbono”.
En el oeste de Kenia, como informó la organización inglesa Forest Peoples Programme (Programa para los Pueblos de los Bosques, FPP), el servicio forestal (KFS) de ese paísdesalojó por la fuerza a 15,000 indígenas sengwer de los bosques de Embobut y las Sierras de Cherangany y quemó unas mil viviendas.
Desde 2007, sucesivos gobiernos de Kenia han amenazado con desalojar a las comunidades sengwer de los bosques de Embobut. El plazo final para que los pobladores abandonen los bosques expiró a comienzos de enero, dando lugar al más reciente resurgimiento de la violencia.
El pretexto para desalojar a los indígenas – caracterizados erróneamente como “ocupantes ilegales” – es que son los supuestos responsables de la creciente degradación de los bosques.
En los bosques del Monte Elgo, otra zona de Kenia, los antecedentes del KFS revelan una historia todavía más compleja. En 2010, los indígenas ogiek recibieron un ultimátum para reubicarse, en nombre de la conservación y la reforestación.
En febrero de este año, Survival International informó que, como los sengwer, los agiek fueron desalojados violentamente de sus casas, en flagrante violación de órdenes judiciales previas, con informes de grupos de funcionarios del gobierno y sus simpatizantes ocupando las tierras.
Mientras sin dudar se vincula la deforestación con las actividades de las comunidades pobres, el enfoque del gobierno ilustra su favoritismo por intereses localistas sesgados. Además de las comunidades indígenas, en los bosques habitan varios miles de productores de te, trabajadores forestales y ocupantes ilegales.
La devastadora situación de los pueblos indígenas de Kenia es sintomática del enfoque equivocado de las agencias internacionales sobre la conservación.
El Proyecto de Gestión de Recursos Naturales (NRMP por su sigla en inglés) del Banco Mundial y el gobierno de Kenia, lanzado en 2007, ha financiado proyectos del esquema de Naciones Unidas de Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques (REDD+) en las sierras de Cherangany, incluyendo el financiamiento a procesos de “preparación de readiness”, algunos de los cuales comenzaron en mayo de 2013.
En el esquema de REDD las empresas del mundo desarrollado compran créditos de carbono para invertir en la reducción de emisiones de tierras boscosas. Esos créditos aparecen en los balances de las empresas como reducciones de emisiones de carbono. En la práctica, sin embargo, los esquemas de REDD estimulan a las empresas a emitir más, mientras compran tierras y recursos en los países en desarrollo a precios de regalo.
Un informe de FPP sobre el rol del Banco Mundial sostiene que la implementación del proyecto NRMP – supervisado por las mismas fuerzas del KFS que pretenden arrasar con todo en Cherangany – viola las propias salvaguardas operativas del banco.
Una queja formal de los sengwer presentada al Banco Mundial en enero del año pasado denunció que los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas kenianas fueron “resultado directo” del programa financiado por el banco:
“Un ejemplo del daño causado por el proyecto es que modificó el límite de la Reserva Cherangany”, de acuerdo a FPP, “de manera que las familias sengwer, sin ninguna información ni consulta previa, se encontraron de un día para el otro dentro de la reserva y por lo tanto, automáticamente, fueron objeto de desalojo por parte del servicio forestal, efectivamente financiados por el Banco Mundial. Estos desalojos incluyeron la quema de viviendas y depósitos de alimentos en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013.”
En una declaración de febrero de este año, el Banco Mundial negó cualquier vínculo de su programa con los desalojos forzados. Una carta dirigida al banco en marzo por la Red No al REDD en África – un grupo de organizaciones de la sociedad civil – con la firma de más de sesenta ONG internacionales, acusó al banco de “admitir su complicidad en la reubicación forzada de los sengwer así como ofrecer apoyo al gobierno de Kenia para encubrir este genocidio cultural”.
La queja de los sengwer está siendo investigada por el Panel de Inspección del banco. Si bien el informe no ha sido concluido, un vocero del banco dijo que no será analizado por la junta antes de agosto o septiembre.
Durante las negociaciones internacionales sobre el cambio climático de noviembre de 2013 en Varsovia, los delegados llegaron a un acuerdo que permitiría a REDD avanzar aunque, sin embargo, excluyó preguntas sobre quién debe controlar y beneficiarse del nuevo valor del carbono contenido en los bosques.
En lugar de eso, el enfoque del Banco Mundial para definir los derechos de carbono ha sido ampliamente criticado por la sociedad civil ya que crea conflictos entre los nuevos derechos de carbono y los derechos tradicionales preexistentes de las comunidades locales. La falta de salvaguardas y medidas claras abren oportunidades sin precedentes para el acaparamiento de tierras corporativo y estatal.
Tony La Viña, decano de la Ateneo School of Government de la Universidad de Manila y presidente de las negociaciones intergubernamentales de REDD en las conferencias climáticas de Copenhague y Durban, dice: “Los mercados de carbono, cuando estén funcionando, deben apoyar la administración de los bosques de las poblaciones que viven en ellos, y no dar a los gobiernos nacionales una nueva herramienta para la desposesión de sus ciudadanos de los recursos naturales que han conservado por generaciones y de los cuales dependen”.
Según la Red No al REDD en África, es precisamente porque los pueblos indígenas y sus derechos no son considerados en los principios de REDD que su implementación puede conducir al genocidio.
Este artículo se inspiró en una nota del realizador británico Dean Puckett, quien viajará a Kenia en agosto para investigar el caso de los segwer.
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*Dr. Nafeez Ahmed, periodista y académico internacional, es autor de “A User’s Guide to the Crisis of Civilization: And How to Save It” y la novela de próxima aparición ZERO POINT.
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Fuente: The Guardian.
Traducido por Luis Manuel Claps para IWGIA y SERVINDI.
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