Servindi – Con motivo del violento desalojo sufrido por 251 familias indígenas del municipio de Cumaribo, departamento de Vichada, más de una decena de defensores de los derechos de los pueblos originarios solicitaron la intervención del papa Francisco por estar involucrado en el hecho el sacerdote diocesano Parmenio Gómez Blanco.
El desalojo se llevó a cabo la mañana del 25 de junio en contra de las familias pertenecientes a los pueblos Sikuani, Piapoco, Piaroa y Saliva.
El mismo estuvo a cargo de 70 efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que llegaron vía aérea desde la vecina ciudad de Villavicencio. En el curso de sus acciones, según precisa la carta, los efectivos dejaron varias personas heridas, incluidos menores de edad.
Terrenos “baldíos”
La zona ocupada hasta hace una semana por las familias se ubica a pocos kilómetros del casco urbano de Cumaribo, un territorio que por siglos ha sido habitado por el pueblo Sikuani. Hasta esta parte llegaron solo días antes del desalojo para ocuparlo pacíficamente.
El predio en disputa, según los firmantes de la carta, había sido catalogado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) como baldío.
Los firmantes denuncian que el sacerdote diocesano Parmenio Gómez Blanco, nacido en Boyacá, y quien ejerce desde hace 10 años, se ha apropiado de un terreno de 550 hectáreas en esta parte del municipio en un proceso viciado el año 2005.
Argumentan que se trataría de un proceso viciado dado que en el país “se vienen otorgándo a terceras personas adjudicaciones de tierra, la mayoría ilegalmente y algunas de ellas sustraidas a los resguardos indígenas, dando lugar a que hoy día se hable del ‘cartel de los baldíos’”.
Según el Colectivo Jenzera, bajo esa modalidad Gómez Blanco se habría adjudicado la propiedad del predio conocido como “Brisas”.
La orden
El desalojo habría sido ordenado por el inspector municipal de Policía, Javier Guillermo Espejo Mendoza, y el alcalde de Cumaribo, Ardulfo Romero Pardo. Todo esto a pesar de que una circular de la dependencia de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior había recomendado no desalojarlos.
Cabe destacar que ambos son indígenas, hecho que se suma a los cuestionamientos planteados en un primer momento por los originarios.
Al evidente enfrentamiento se suman también los intereses económicos (mineros, energéticos, mineros, madereros, entre otros) que aguardan su desenlace.
“Lo insólito de esta acción policial es que se desplieguen cuantiosos recursos para desalojar a indígenas, mientras no se le presta atención alguna a las denuncias de los indígenas sobre la invasión de los ríos de la selva Matavén”, señaló el Colectivo Jenzera.
Recordaron que en esta misma región 16 resguardos indígenas están siendo acosados por buscadores de oro colombianos, venezolanos y brasileños (garimpeiros), así como ganaderos que intentan una y otra vez entrar en el territorio ancestral de Tojibo y Cupepe.
A continuación la carta:
Carta abierta
Papa Francisco
Sumo pontífice de la Iglesia Católica
El Vaticano
Su santidad,
Nos dirigimos a usted para ponerlo en conocimiento de los hechos acaecidos en el municipio de Cumaribo, departamento del Vichada (Colombia) con motivo del desalojo violento que sufrieron 215 familias indígenas pertenecientes a los pueblos sikuani, piapoco, piaroa y saliva, llegadas de varias regiones del departamento. Estas familias junto a algunas familias pobres de colonizadores del Vichada, habían hecho posesión pacífica de un terreno aledaño al casco urbano de Cumaribo1, territorio ancestral del pueblo sikuani.
Este desalojo fue ejecutado el día 25 de junio a las 7:30 AM por cerca 70 policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), aerotransportados desde la ciudad de Villavicencio. Hasta el momento no tenemos un informe exacto de los daños y perjuicios sufridos por la población, pero los indígenas hablan de varias personas heridas, varios de ellos menores de edad, los cuales habrían sido remitidos a centros asistenciales de la ciudad de Villavicencio por la gravedad de sus heridas. El desalojo fue ordenado por el inspector municipal de policia, señor Javier Guillermo Espejo Mendoza, comisionado porel alcalde de Cumaribo, señor Ardulfo Romero Pardo para esta labor.
Estos hechos de violencia no son nuevos en Colombia. Suceden a menudo. El Vaticano debe tener suficientemente información al respecto. No habría razones entonces para alarmarlo.
Sin embargo existe algo más en este hecho, que su santidad debería conocer. Y es que la persona que le disputa la propiedad a los indígenas es el Señor Parmenio Gómez Blanco, miembro de la comunidad religiosa Diocesana, que obtuvo en el año 2005 de forma viciada la adjudicación de ese territorio de 550 hectáreas, bautizado con el nombre Las Brisas y catalogado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) como “baldío”. Decimos “viciada” por cuanto en esta zona del país vienen otorgándose a terceras personas adjudicaciones de tierra, la mayoría otorgadas ilegalmente y algunas de ellas sustraidas a los resguardos indígenas, dando lugar a que hoy día se hable del ‘cartel de los baldíos’.
El perjuicio causado a las poblaciones indígenas podría ser aún mayor, si son verídicas las declaraciones de las autoridades indígenas y ancianos de la comunidad sikuani, que atestiguan que de esos terrenos fueron desalojados violentamente en los años 50 del siglo pasado, época en la cual se radicaron en Cumaribo (Cumalibo en legua sikuani) los religiosos monfortianos, que le entregarían años después el legado misionero a sus hermanos de la comunidad diocesana.
En este momento los indígenas han solicitado ante el INCODER la revocatoria de la adjudicación hecha al padre Parmenio Gómez Blanco, para evitar que este sacerdote, muy preocupado por los bienes terrenales, termine de enajenar estos terrenos, ya que según versiones de varios pobladores del municipio, habríaya parcelado y vendido cerca de las 2/3 partes del predio.
Debido a estos hechos de violencia acaecidos, por los cuales los indígenas responsabilizan al padre diocesano Parmenio Gómez Blanco, las autoridades indígenas vienen deliberando si declaran al padre como persona ‘non grata’ en territorios indígenas.
Nosotros por nuestra parte consideramos un tanto tarde para buscar el camino legal de aclarar la propiedad de estos terrenos. Este lapso de tiempo que se venía exigiendo fue abortado por el desalojo violento, promovido por el padre Gómez Blanco. No sabemos que tanto de culpa cargue la comunidad diocesana en estos hechos. Da igual. Promoveremos a nivel nacional una consulta, para ver el medio y la forma más expedita de expulsar a esta comunidad religiosa de los territorios indígenas.
Le pedimos disculpas por hacer pública esta afrenta que viven los pueblos indígenas, utilizando para ello su nombre como destinatario de esta carta. Pero lo hacemos sabiendo el ejemplo que usted nos ha dado a todos, con su decidida intervención a favor de los más necesitados.
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1 Cumaribo es un municipio poblado en un 85% por indígenas pertenecientes a los pueblos jiwi (sikuani), piapoco, piaroa, saliva, amorua, wamone (cuiba), mapayeri, curripaco, puinave,desano y cubeo (estos dos últimos provenientes del Vaupés).
De usted cordialmente,
- Efraín Jaramillo Jaramillo,antropólogo. [email protected]
- Ariel Palacios, consultor de CODHES. [email protected]
- Patricia Tobón Yagarí, jurista de CODHES. [email protected]
- Isabel Jaramillo Röck, pedagoga. [email protected]
- Pedro García Hierro, jurista peruano-español
- Alejandro Parellada,
- Fernando castrillón Zapata, agrónomo
- Marcela Velasco Jaramillo, politóloga. [email protected]
- Chiesie Salinas, ecóloga
- Mercedes Jaramillo, profesora
- Manuel Velasco, ingeniero civil
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