“No necesitamos el brazo armado del Estado, sino su mano acogedora”
Entrevista a Gerardo Iglesias, em Rel-UITA
Creado en 1972, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) es un organismo vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. En el pasado año la Rel-UITA y el CIMI acordaron articular acciones de denuncia y sensibilización internacional sobre la situación de los pueblos indígenas en Brasil. Dialogamos recientemente en Brasilia con Cleber César Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo, para entender cuáles son los principales móviles de la violencia que se ejerce contra estos pueblos.
¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en Brasil?
En Brasil se vive un momento de extrema aprehensión y preocupación en relación con los derechos y la supervivencia de los pueblos indígenas gracias a su movilización organizada.
La violencia que padecen no es reciente, es fruto de un proceso sistemático de ataque a los derechos de los pueblos y a las propias comunidades, dirigido no solo contra los individuos sino también contra los derechos consignados de los pueblos indígenas, principalmente aquellos relacionados a la cuestión territorial consagrados en la Constitución de la República de 1988.
¿Consideras que el principal combustible para esta violencia es la impunidad?
Sin duda, la cuestión de la impunidad es central porque alimenta y retroalimenta la violencia contra los pueblos.
El trasfondo del ataque a sus derechos constitucionales es el modelo de desarrollo adoptado por el gobierno brasileño, que prioriza la producción y exportación de commodities, lo que potencializa la disputa por el territorio, por la tierra, por el espacio para su producción.
¿Te refieres al desplazamiento de la frontera agropecuaria que avasalla a los pequeños productores y a los propios indígenas?
Exacto. Ese modelo de producción avanza por haber ganado fuerza y por estar focalizado en la producción de commodities, en el monocultivo, destruyendo a la pequeña agricultura campesina y a la producción de alimentos.
En este escenario de grandes intereses económicos, los pueblos indígenas son también abusados por un modelo productivo que se impone combinando políticas públicas y acciones extremadamente violentas.
Indígenas desnudados de su selva…
Cuando se ataca a los pueblos indígenas se ataca también a la selva y viceversa. La bancada parlamentaria “ruralista” -que representa los intereses de los grandes propietarios de tierra- promovió cambios dramáticos en el Código Forestal, contra el 96 por ciento de la opinión pública de Brasil.
A partir de ese momento se exacerbó el ataque hacia los pueblos indígenas y los pueblos quilombolas[1], que son vistos por los “ruralistas” como obstáculos hacia su acceso, posesión y explotación de nuevas tierras para el desarrollo del agronegocio.
El actual gobierno fue el diseñador de este proyecto que tiene un perfil de ultraderecha. Sus representantes llegaron incluso a decir que quien se oponía a los cambios en el Código Forestal estaba defendiendo intereses internacionales.Y esta estrategia se repite ahora con los pueblos indígenas, acusándolos de ser manipulados por ONG internacionales.
Esta situación de asedio que viven los pueblos indígenas adquirió una mayor visibilidad en 2013, por medio de múltiples acciones de denuncia y sensibilización realizadas fundamentalmente en Brasilia.
Se observa que los pueblos indígenas han logrado expandir la conciencia colectiva de la sociedad sobre este tema, gracias a que se han movilizado permanentemente para defender sus derechos. Además, se han pronunciado políticamente contra las posiciones desarrollistas de la bancada ruralista, también instaladas en el propio seno del Poder Ejecutivo.
¿Cuántos indígenas hay actualmente en Brasil?
Según el último censo del IBGE, de 2010, son 896 mil individuos en 305 pueblos distintos, residentes en todas las regiones del país y platicando unos 274 idiomas. Brasil es el país con el mayor número de pueblos indígenas del mundo. Bolivia tiene mayor número de individuos indígenas, pero en solo diez pueblos.
Dilma sólo ha recibido a los indígenas en una ocasión, en el marco de las enormes movilizaciones urbanas que ocurrieron en junio y julio del pasado año, cuando ella abrió su agenda a los movimientos sociales, a los sindicatos, a los movimientos campesinos y a los líderes de los pueblos indígenas.
Pero debemos admitir que nuestra frustración es enorme. Sentimos una insatisfacción profunda, debido a una percepción clara de que el gobierno ha optado por favorecer a los sectores económicos históricamente enemigos de los pueblos indígenas.
¿Sería simplista resumir que el aparato represor es el vínculo más frecuente entre el Estado y los pueblos indígenas?
Infelizmente es así. Como casos emblemáticos tenemos al pueblo Munduruku, que sufrió un ataque el 7 de noviembre de 2012 por parte de la Policía Federal, con poder de fuego muy fuerte, en la Aldea Teles Pires, Pará, divisa con Mato Grosso. En esa ocasión murió un integrante de ese pueblo.
En 2013, durante el reintegro de tierras al pueblo Terena, nuevamente la Policía Federal junto con la Policía local asesinó al joven Oziel Terena, en Mato Grosso do Sul.
En el primer caso las fuerzas policiales actuaron en defensa de una política desarrollista, y en el segundo como represión hacia una recuperación de tierras por parte de un pueblo indígena. Es importante aclarar que el pueblo Terena ocupó sus tierras tradicionales, cansado de esperar por la definición del proceso de demarcación de las mismas que ya dura casi 20 años.
Lo que necesitamos no es el brazo armado del Estado, sino su mano acogedora. Pero, lamentablemente, lo que vemos del Estado es su fuerza bruta.
Ahora los pueblos indígenas están organizados y luchan. En aquellos años de la dictadura eran 250 mil y lograron acabar con esa política integracionista excluyéndola de la Constitución de 1988, conquistando sus derechos y el reconocimiento del Estado a sus usos, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, así como el derecho a sus tierras.
Si bien se ha demorado demasiado en aplicar las disposiciones constitucionales y el enfrentamiento con los latifundistas de todo pelo es intenso, incluso más intenso que en aquellos años, creo que los pueblos lograrán hacerles frente a sus enemigos y salir victoriosos una vez más.
[1] – Habitantes de antiguas comunidades (quilombos) fundadas en territorios remotos fundamentalmente por descendientes de africanos fugados de las plantaciones coloniales esclavistas.
Enviada para Combate Racismo Ambiental por Luciana Gaffrée.
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