Bolivia: Pueblos originarios pasan a segundo plano

Gobierno busca agilizar exploraciones en territorios indígenas y áreas protegidas

Por Ruy D’Alencar* – Noticias Aliadas

El gobierno de Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, tiene dos momentos. Primero, del 2006 al 2010 otorga protección a los 22 parques nacionales que hay en el país y a los territorios donde se asientan las 38 etnias reconocidas por la Constitución Política del Estado del 2009, impulsada por Morales. Segundo, del 2010 en adelante, cuando se produce un cambio de 180° en la política hacia las comunidades originarias.

En agosto del 2006, al inicio de su primera gestión el presidente Evo Morales nacionalizó las concesiones de riqueza forestal, aurífera y gasífera en las áreas protegidas del país en un acto cargado de símbolos cerca del Parque Nacional Madidi, al noroeste de Bolivia. Flanqueado por militares, Morales declaró que las áreas protegidas volvían a manos del Estado y de los pueblos indígenas para ser protegidos.

Como un día histórico fue llamado por el gobierno boliviano el día de la asunción de Morales a su segundo mandato en enero del 2010 por considerar que en esa fecha se produjo el renacimiento de Bolivia como Estado plurinacional de fuerte presencia indígena, en el marco de una nueva Constitución y de una Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En ese contexto, la adopción de la plurinacionalidad plantea el inicio de una nueva institucionalidad estatal indígena.

Los pueblos indígenas cuentan con siete curules en la ALP, tienen el reconocimiento de autonomías indígenas en sus comunidades y se respeta sus parámetros de usos y costumbres en la justicia. Todo eso se consiguió en el primer gobierno de Morales, explica Pedro Nuny, exdiputado indígena del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

El artículo 30 de la Constitución, en su inciso 15, establece que los pueblos originarios tienen derecho a “ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

Siete años después, se produjo un cambio importante en el gobierno del cambio, lo que representa un quiebre en la institucionalidad estatal indígena.

De la protección al extractivismo

Durante el III Congreso de Gas y Petróleo de Bolivia, realizado en la ciudad oriental de Santa Cruz el 22 y 23 de mayo, el vicepresidente Álvaro García Linera reveló que el gobierno planea “explorar en los parques nacionales en busca de reservas hidrocarburíferas” y reclamó celeridad en las exploraciones, ante la atenta mirada de ejecutivos de Repsol de España, Petrobras de Brasil e YPF de Argentina.

El titular de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, planteó en el mismo congreso reducir los plazos para obtener la licencia ambiental para operaciones petroleras, agilizar las consultas a pueblos indígenas en parques nacionales y viabilizar la exploración donde haya comunidades.

Sin embargo, el sociólogo boliviano José Mirtembaum explicó que “no hay bosques sin indígenas, ni pueden vivir los indígenas sin bosques”, respecto a la interdependencia entre pueblos originarios y territorios ancestrales, generalmente ubicados en áreas protegidas.

Si se parte de este análisis, la propuesta de explorar y explotar hidrocarburos en parques nacionales constituye un dilema entre el aprovechamiento económico y la subsistencia de las comunidades que recibirán los impactos ambientales.

“Para mí, esa posición de querer abrir exploración petrolera o minera en un parque como el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) revela una decisión gubernamental de priorizar los ingresos antes que la subsistencia de los pueblos”, sostiene Fernando Vargas Mozúa, presidente del TIPNIS, antes aliado de Morales y ahora opositor a su gobierno debido un proyecto vial estatal que atravesará ese territorio protegido.

En los últimos tres años, tres marchas indígenas de protesta ligadas a la gestión de áreas protegidas marcan la ruptura de relaciones entre el gobierno y dirigentes como Vargas y Adolfo Chávez, presidente de Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), una de las organizaciones que sustentó las propuestas de reforma del MAS.

Para Nuny, en siete años de gestión, Morales se movió en un vaivén “del discurso de protección de la Madre Tierra al extractivismo, algo que criticó de anteriores presidentes”.

Melva Hurtado, presidenta de la CIDOB afín al gobierno, organización paralela constituida en julio del 2012, asegura que hay indígenas que quieren aprovechar los recursos naturales de sus territorios y áreas protegidas y que otros dirigentes indígenas “quieren vetar el progreso de mis hermanos para beneficiarse sólo ellos”.

Por su parte, García Linera, en el congreso de gas y petróleo, sostuvo que varias declaratorias de áreas protegidas surgieron en la década de los 90, en “tiempos neoliberales” y fueron hechas por personas a las que “no les interesaba la naturaleza (…) era para que las explore gente del Norte”, en alusión a EEUU.

“Respetamos la Madre Tierra, pero no vamos a vivir como hace 300 años, por lo que el gobierno va a usar esa riqueza cuidando de cumplir con las normas de mitigación del daño ambiental”, dijo.

Según los inversionistas, como el artículo 30 de la Constitución hay otros más que son una “traba” para avanzar en exploración y explotación de gas y minerales en los territorios donde están asentados pueblos originarios. Por ello, el vicepresidente pidió a Villegas “destrabar” los procedimientos para la exploración.

“La exploración es para ayer; estamos atrasados en todo”, dijo, dirigiéndose en tono de reclamo a Villegas, en el congreso de hidrocarburos.

Derechos indígenas dejados de lado

He aquí una paradoja que confronta el gobierno que ahora busca inversiones para exploración en áreas protegidas y tierras comunitarias de origen, porque la Constitución incluyó candados legales que protegen los derechos de los indígenas a participar y a ser consultados sobres el uso de las riquezas que hay en el suelo donde viven.

Sin embargo, luego de la Cumbre sobre el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, organizada por el gobierno en abril del 2010 en el céntrico departamento de Cochabamba, empezaría un distanciamiento entre gobernantes y pueblos originarios debido a las diferencias sobre la gestión de áreas protegidas y territorios, algo que hoy desembocó en una ruptura definitiva tras el pedido de exploración en esas zonas por parte del vicepresidente.

Entre las conclusiones más sobresalientes de la cumbre se planteó que los países detengan las iniciativas en bosques y selvas “basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados”. Se propuso exigir a los gobiernos “un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona” y se estableció que “los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”.

Tres años más tarde, no sólo se plantea abrir carreteras que atraviesen zonas protegidas, sino que se alienta la exploración y extracción de hidrocarburos. Y mientras los inversionistas aplauden, los indígenas observan con desconfianza.
—
*Comunicador social.