Servindi – Una denuncia presentada por diversas organizaciones indígenas ante el relator de la ONU James Anaya ha llevado a que el Congreso de Chile aplace hasta nuevo aviso el debate del proyecto de ley calificado de protransgénico y conocido como “Ley Monsanto”.
La iniciativa cuya denominación original es Ley de Obtentores Vegetales iba ser debatido el 4 de marzo.
Para las organizaciones indígenas y ambientalistas, el proyecto representa una amenaza para la biodiversidad, la salud de la población y la soberanía alimentaria.
Denuncian falta de consulta
Ante la inminente aprobación de la norma, organizaciones indígenas de las etnias aymara, quechua, likan antai y mapuche presentaron, el mismo día de la votación, una denuncia contra el Congreso ante el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya.
La denuncia alcanzaba también al presidente Sebastián Piñera y al Ministro de Agricultura. En ella se aducía que la medida no se ha consultado a los pueblos indígenas, tal como dispone el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Cualquier votación sin una consulta es ilegal, inconstitucional, y por ende, vicia la ley. Nos cansamos que el Estado legisle sin nuestra visión, sin integrar nuestros derechos a la letra de las leyes. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora van por nuestro alimento”, aseguraron.
Reclamaron que los congresistas no hayan “escuchado ni dialogado ni acordado nada con los pueblos”. Sostuvieron así que de aprobarse la controversial ley, pese a que “el Tribunal Constitucional los obliga a realizar la consulta”, el Congreso estaría violando “las mismas leyes que aprueba”.
“Pasando la pelota” a Bachelet
La misma tarde del debate, el Congreso anunció su suspensión sin precisar una próxima fecha, lo cual, en la práctica significa que deberá ser visto en la gestión de la entrante presidenta Michelle Bachelet, quien fue precisamente la autora de la iniciativa legal durante su primer gobierno.
La noticia causó desconfianza en los grupos de manifestantes que se hallaban en los exteriores del Congreso y acusaron al Poder legislativo de desinterés y de querer evadir el tema.
“El gobierno y los legisladores partidarios de regalar el patrimonio genético del país, lograron su objetivo: que la Ley Monsanto no fuera rechazado durante la administración de Piñera, pasando la pelota al nuevo gobierno”, indicó en un comunicado la organización ambientalista Yo no Quiero Transgénicos en Chile.
El mismo continúa: “Esta forma de gobernar y de hacer las leyes ‘por secretaría’, sin claridad de cómo continúa el proceso, genera repudio en las organizaciones sociales movilizadas que sin embargo están decididas a impedir el triunfo de esta estrategia distractiva de quienes manejan las leyes del país”.
Para las agrupaciones opositoras a la norma, la consigna será exigir al gobierno de Bachelet el retiro del proyecto “cuya revisión anunció en su campaña” y sobre la cual se comprometió a “velar por la soberanía alimentaria y defender la semilla campesina”.
“Ley Monsanto”
La Ley de Obtentores Vegetales ha sido desde un inicio objeto de un gran rechazo por diversas organizaciones, especialmente, indígenas y campesinos que la ven como una amenaza a la soberanía alimentaria del país y que pone en situación de vulnerabilidad a los agricultores.
A pesar de haber sido aprobada por la Cámara de diputados, en mayo de 2011, y por la Comisión de Agricultura del Senado, la mencionada ley aún no ha sido promulgada porque requiere la derogación de la antigua Ley de Semillas, asunto pendiente en el Senado.
La ratificación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) fue propuesta a la cámara de diputados por la ex presidenta Bachelet en 2009.
Posteriormente, en 2010, el gobierno de Piñera modificó el proyecto de ley y aceleró su trámite.
El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales data de diciembre de 1961 y fue modificado en Ginebra en marzo de 1991.
El objetivo principal del convenio es crear un marco jurídico para reconocer al obtentor de una nueva variedad vegetal su derecho sobre la variedad creada.
El Convenio UPOV de 1991 contiene estándares más específicos que las anteriores versiones, como la ampliación de los plazos mínimos de protección y de los derechos relativos al material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida.
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