Ecuador: Megaminería se pone en marcha

Por Luis Ángel Saavedra

16 de marzo, 2012.- El pasado 5 de marzo, el presidente Rafael Correa firmó el primer contrato minero a gran escala, y lo hizo con la empresa china Ecuacorrientes (ECSA), dando inicio a este tipo de actividades en Ecuador. Al día siguiente, grupos ambientalistas protagonizaron una serie de protestas y anunciaron que impedirán que este contrato llegue a ejecutarse, señalando que no cuenta con la licencia ambiental, que constituye el plan de manejo de la zona en el que se especifica cómo se evitarán daños al medio ambiente y cómo se remediarán en caso de producirse.

Desde el inicio de su primer mandato en el 2007, Correa anunció la intención de llevar adelante proyectos de minería a gran escala. Sin embargo, estos planes fueron retrasados por la decisión de la Asamblea Constituyente en el 2008 de revertir las concesiones mineras a través del denominado Mandato Minero, que también restringía las concesiones para la megaminería.

Pese al Mandato Minero, Correa siguió negociando con ECSA la concesión del proyecto Mirador, ubicado en la Cordillera del Cóndor, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, limítrofe con el Perú. De igual forma siguieron las negociaciones con las empresas canadienses Kinross Gold Corporation, con el proyecto Fruta del Norte, ubicado en la vertiente norte de la misma Cordillera del Cóndor, e IAMGOLD, con el proyecto Kinsacocha, en la provincia del Azuay, en la sierra sur.

Correa había planeado firmar el contrato con ECSA para fines de marzo, pero de manera sorpresiva decidió hacerlo el 5 de marzo, adelantándose a la realización de la marcha nacional en defensa del agua que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) había convocado para tres días después. La premura por firmar el contrato hizo que Correa desestimara las 17 observaciones planteadas por la Contraloría General del Estado, como por ejemplo la violación del artículo 6 del Mandato Minero que establece cómo proceder en el caso de que las concesiones otorgadas estuvieran ubicadas en áreas naturales protegidas, bosques protectores y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua.

Este proceso se indica en la licencia ambiental que debe otorgarla el Ministerio de Ambiente, luego de analizar el Plan de Manejo Ambiental presentado por la minera, que es obligatorio tener antes de rubricar este tipo de contratos y que, en este caso, no existe.

El mismo presidente, durante la firma del contrato, reconoció que la minería contamina el medio ambiente: “Toda mina contamina, necesitamos explotar la minería, explotemos responsablemente la minería”, dijo, pero no hizo mención a la licencia ambiental.

Con este contrato, ECSA accede a reservas de cobre por 5 millardos de libras, procesará 60,000 TM diarias e invertirá US$1.4 millardos en los primeros cinco años. Por su parte, el Estado ecuatoriano recibiría un 52% de las ganancias, en las que estará incluido el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta, utilidades y regalías. ECSA entregará $100 millones como regalías anticipadas.

Acto seguido, Correa anunció que en abril se firmarían los contratos con Kinross e IAMGOLD.

Reacciones y represión

La firma del contrato con ECSA provocó inmediatas reacciones por parte de integrantes de la Asamblea Nacional y grupos ambientalistas.

Kléver Jiménez, legislador por Zamora Chinchipe, cuestionó la firma del contrato porque violenta el artículo 405 de la Constitución, en el que se establece que ninguna empresa extranjera podrá tener concesiones en las áreas de seguridad nacional, como son las fronteras, en este caso con el Perú, donde se ubica la Cordillera del Cóndor.

Jiménez también afirmó que es falso que Ecuador recibirá el 52% de la rentabilidad que produzca el proyecto Mirador.

“Se habla de entregar el 12% del IVA, pero este es un impuesto al valor agregado y la empresa no producirá ningún valor agregado, pues todo se llevará en bruto”, afirmó el asambleísta.

En efecto, el 12% es un impuesto a las compras internas de productos manufacturados y ECSA no comprará mayores bienes nacionales, pues el grueso de su inversión será en compras internacionales, las que no cobran IVA y, por tanto, no generarán ingresos al Estado. La Constitución ecuatoriana establece que todo proyecto de extracción de recursos deberá generar una utilidad mayor al Estado que la que genere para la empresa; en este caso, sin el IVA, el Estado no recibirá el 52%.

El 6 de marzo, grupos ambientalistas se dieron cita en la sede de la Embajada de China en Quito para presentar una carta de rechazo a la firma del contrato con ECSA y hacer conocer al gobierno chino que el proyecto no posee licencia ambiental y que no se han tomado en cuenta las observaciones de la Contraloría General del Estado, lo que sería una causal para declarar nulo el contrato.

Al respecto, integrantes de la Red de Abogados Ambientalistas Amazónicos (RAMA), han iniciado el estudio del contrato para presentar una acción de nulidad en los juzgados nacionales.

“Nuestra intención es que el gobierno chino conozca las irregularidades que sus empresas cometen en países en donde desean extraer recursos, y que conozcan que hay oposición a la presencia de Ecuacorrientes en el país”, aseguró Gloria Chicaiza, del Colectivo Antiminero, instancia en la que participan diversas organizaciones sociales.

El gobierno nacional montó un violento operativo para desalojar a ocho mujeres que habían ingresado a la Embajada de China y, a través de la Fiscalía General del Estado, se las quiso enjuiciar por “allanamiento de morada”, pese a que diplomáticos chinos habían afirmado que no presentarían ninguna demanda contra ellas.

Las detenciones finalmente se dejaron sin efecto ya que no existía un motivo jurídico y por el hecho de que dos de las arrestadas son familiares cercanas de funcionarios de alto nivel del Ejecutivo: una es sobrina de la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, y la otra es sobrina del subsecretario del Ministerio del Interior, Óscar Bonilla.

“Vamos a inundar Quito”

Desde enero, la CONAIE y otros movimientos sociales opuestos a la megaminería habían organizado una marcha denominada “Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos”, que se iniciaría en el cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, y llegaría a Quito el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, luego de recorrer ocho provincias. La CONAIE calcula que ese día reunirá a unas 5,000 personas en la capital ecuatoriana.

“La marcha de la dignidad que empieza el 8 de marzo, es la marcha de los oprimidos, es una marcha para defender la vida, para defender el agua, para defender nuestros recursos, otra vez entregados a las transnacionales. La hostilidad de Correa a la misma, revela que él se alinea al lado de los opresores”, afirmó Salvador Quishpe, prefecto (gobernador provincial) de Zamora Chinchipe y principal líder de esta nueva movilización indígena.

La marcha se inició en la fecha prevista y cuatro días después concentraba ya a unas 2,000 personas al llegar a Cuenca, provincia del Azuay, tercera provincia que atraviesa en su recorrido.

Por su parte, el gobierno ha montado una gran campaña de propaganda, asegurando que los marchistas intentan derrocarlo, por lo que convocó a concentraciones paralelas de sus simpatizantes, las que se harán conforme la marcha llegue a las capitales provinciales.

“No somos golpistas, no queremos derrocar al gobierno, pero vamos a inundar Quito con la gente que no desea que se contamine nuestra agua”, asegura Quishpe.

Correa ha afirmado que las movilizaciones convocadas por el gobierno son para celebrar el Día Mundial del Agua y que se realizarán durante todo el mes de marzo. Ante la coincidencia de las fechas de las concentraciones gubernamentales en las provincias donde arribará la marcha, Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, hizo un llamado al gobierno para que evite confrontaciones en la calle, pues la convocatoria paralela genera riesgos de enfrentamientos entre los dos grupos.

“Nosotros no vamos a generar violencia, por eso el gobierno será responsable si hay enfrentamientos”, advirtió Cholango.

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