‘La falta de claridad sobre la responsabilidad de las empresas en relación con los derechos de los pueblos indígenas es la fuente de innumerables abusos en todas partes del mundo’. Ésta fue una de las principales conclusiones del informe emitido el último día 20, por el Relator Especial sobre Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya.
En un informe que analiza la relación entre las empresas y los derechos de los pueblos indígenas, Anaya presenta 34 casos analizados en el período de junio de 2009 a julio de 2010, denunciados a partir de 23 países. Entre ellos están Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda, Australia, Guatemala, Botswana y Sápmi (países nórdicos).
En la segunda parte del documento, el relator de las Naciones Unidas hace un análisis de las responsabilidades que deben ser asumidas por las empresas en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas garantizados por tratados internacionales. Anaya también hace un listado de una serie de recomendaciones para que las empresas nacionales y transnacionales puedan desarrollar sus proyectos y convivir en armonía respetando a los pueblos indígenas.
La falta de claridad sobre la responsabilidad de las empresas en relación con los derechos de los pueblos indígenas es la fuente de innumerables abusos en todas partes del mundo. De acuerdo con Anaya, la realización de actividades empresariales que no tienen en consideración los derechos indígenas ya causó innumerables daños sobre el medio ambiente y la vida social, económica, cultural y espiritual de incontables comunidades indígenas.
El relator especial dice además que la falta de apoyo y el desinterés mostrado por algunos gobiernos no puede transformarse en una disculpa para la trasgresión de los derechos y la generación de graves conflictos sociales en las áreas indígenas. Es imperativo caminar en el sentido de evitar los conflictos, que aumentan en cada nueva región del mundo que es abierta para la explotación de recursos naturales o construcción de infraestructuras.
“En función de su responsabilidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas, las empresas deben comportarse con la debida diligencia para identificar los factores jurídicos, institucionales y de cualquier otra índole que inciden sobre el gozo efectivo de los derechos de los pueblos indígenas en los países en que operan; evaluar adecuadamente los posibles impactos negativos que sus actividades pueden generar sobre los derechos indígenas, y evitar que estas actividades puedan contribuir con acciones u omisiones por parte del Estado y de otros actores que deriven en abusos de estos derechos”, recomienda James Anaya a través del informe.
Al iniciar la explotación de un área, cabe inicialmente a las empresas identificar a los pueblos indígenas que podrían ser afectados por las actividades planeadas. Hasta inclusive los pueblos no reconocidos oficialmente por el Estado o que viven en regiones de frontera deben ser tenidos en consideración. Para esto, es necesario tomar como base las normas internacionales que definen la categoría de los pueblos y garanticen una serie de derechos diferenciados.
Basados en estas normas ya establecidas, también es imprescindible reconocer los derechos indígenas, sobre todo los relacionados con la tierra, territorios y recursos naturales. Igualmente importante -se puntualiza en el informe- es que las empresas reconozcan y reclamen la responsabilidad del Estado de consultar previamente a los indígenas sobre las actividades que podrían afectarlos directamente y a sus territorios tradicionales.
Además, el relator especial convoca a las empresas a no trabajar con países, o aceptar proyectos de gobiernos, que no garanticen la consulta previa y no respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas.
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