La reforma educativa representa mayor exclusión para los pueblos indígenas

Guerrero, México. La reforma administrativa laboral que aprobó el Senado de la República y que los Congresos locales aceptaron sin discusión pone en desventaja a los pueblos originarios, es racista y excluyente. Su modelo educativo niega los derechos humanos básicos y a la educación laica y gratuita para los pueblos.

Los pueblos originarios de Guerrero, nahuas, na savi, ñommdaa y me´phaa, se ubican en regiones donde configuran una historia de resistencia, dignidad y esfuerzos por seguir siendo pueblos y ajustando su organización social y formas de cohesión, adaptándose a los embates económicos, políticos y otras forma de agresión a su patrimonio material e intangible. Los territorios donde se mantienen históricamente desde la época precolonial es lo que actualmente se conoce como regiones de La Montaña, la Costa Chica, la Zona Norte, El Balsas y la Zona Centro. Desde siempre, sus vínculos a la tierra y al medio natural se establecen desde su manera de ver y respetar la naturaleza, basada en sus códigos, valores y cosmovisión.

Los pueblos originarios de Guerrero vienen de una larga historia; de una tradición de lucha y resistencia; de la utilización creativa de sus recursos naturales para proveerse de alimentos; de respetar la naturaleza; de seguir siendo pueblos configurando y adaptando formas organizativas; y de seguir en la defensa de su patrimonio ante las políticas impulsadas por los gobiernos en distintas épocas. La resistencia viene desde la época colonial hasta el neoliberalismo voraz en este siglo XXI.

Las condiciones de pobreza y exclusión social en que se encuentran los pueblos los han obligado a salir de los espacios en que se encontraban y, desde la década de los sesenta hasta la actualidad, ocupan gradualmente espacios en los centros poblacionales urbanos de la entidad, del país y el extranjero. En los lugares de arribo fundan colonias, escuelas, centros comunitarios, organizaciones sociales, establecen redes de comunicación, mantienen vínculos con sus lugares de origen y se hacen presentes en la vida nacional. Se mantienen en las ciudades con trabajos poco remunerados: en el ambulantaje, en la albañilería, como vendedores de frutas, de cargadores, en los servicios y otras ocupaciones. Igual se encuentran en los cinturones de miseria y en los espacios de la exclusión social, presas de la discriminación, el rechazo, la negación y el racismo hacia sus personas y ante una constante presión social para dejar de ser indios, indígenas, originarios, para dejar de ser pueblos y pensar como los pueblos.

Incluso desde el mundo académico se les toman instantáneas que los ubican y definen como la imagen folklórica que adorna los calendarios y las exposiciones. Esa imagen se reproduce y se crean estereotipos, con una visión de los hermanos menores, los inditos, los pobrecitos, todo desde la condolencia. La realidad es más compleja y cada vez más los pueblos originarios toman su lugar y piden la palabra en su lengua materna para decir: aquí estamos, somos los mismos de siempre, siempre hemos estado aquí, solo que sus ojos no han mirado. Aquí seguimos.

Los pueblos originarios en Guerrero y sus derechos son un tema fuera de la agenda. Para los gobernantes en turno, representan un sector poco consultado para la ejecución de acciones y programas de gobiernos. En los dos sexenios del “gobierno del cambio”, las iniciativas gubernamentales se anunciaron con bombos y platillos, entre jolgorio e inserciones pagadas en los medios de comunicación. En horarios estelares televisivos se anuncian las bendiciones de “programas para abatir la pobreza y sacar del atraso a los más marginados”. A la clase política poco le importan las condiciones estructurales de pobreza, miseria y abandono social en que sobreviven los pueblos.

Las zonas indígenas y su población sólo son consideradas como una reserva de votos en periodos electorales, esos momentos en que los políticos de todos los partidos despliegan recursos, vehículos, promesas, carteles, posters, despensas, playeras, cubetas, dinero y otros medios para convencer a los indígenas. El fin utilitario sigue siendo la consigna máxima de quienes, en nombre de la democracia y el desarrollo, prometen un cambio social. Sigue la reproducción de esquemas excluyentes, paternalistas y cupulares bajo un modelo de democracia representativa manejada por clanes familiares, empresarios o caciques regionales que imponen su voluntad.

Para los dueños del poder, los pueblos originarios son prescindibles. Las formas de sojuzgamiento y etnocidio han sido crueles, y ahora la aniquilación toma nuevos rumbos por vías jurídicas, por la exclusión y el posicionamiento de los territorios, por condenarlos al olvido, por negar el acceso a la salud, a la educación, a su territorio. Las leyes y reformas contemporáneas dejan a los pueblos originarios en una condición de desprotección. Las nuevas reformas se ejecutan sin consultar ni informar a los pueblos.

La reforma administrativa laboral que aprobó el senado de la República y que los Congresos locales aceptaron sin discusión, como el caso de Guerrero, pone en una situación de desventaja a los pueblos originarios, es racista y excluyente. Plantea un modelo educativo que niega los derechos humanos básicos y a la educación laica y gratuita para los pueblos. Una vez más, se aprobó una ley sin tomar en cuenta la voz, el contexto social y las condiciones de vida de los pueblos originarios. Por ello surgieron las voces de indignación y rechazo, pero esta indignación viene de lejos, y ahora se juntan otros agravios.

En las zonas indígenas y urbanas donde existen escuelas indígenas o de migrantes se padecen problemas delicados. No solo es el rezago educativo; este problema se asocia a condiciones históricas y estructurales de problemas más complejos y difíciles de resolver si no es con la participación de los propios actores hacia quienes van dirigidos los programas. La pobreza, la miseria, la falta de garantías sociales, el racismo, la inseguridad, el hambre, la violación a los derechos humanos, la falta de accesos a servicios de salud básico, la falta de infraestructura -luz, agua potable, drenaje-, escuelas y otros  servicios son frecuentes en los pueblos. La pobreza obliga a numerosas familias a desplazarse a otros lugares a vivir y trabajar. En algunos lugares, asistir a las escuelas es un privilegio a costa de esfuerzos, sacrificios personales y gastos familiares muy altos. Los pueblos no tienen condiciones para ello.

Para una familia indígena, estudiar representa gastos que poco pueden sufragar. Las escuelas establecidas en zonas escolares como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Ahuacotzingo, Olinalá, Xalpatláhuac, Malinaltepec, Tlacoachistlahua, se construyeron por la participación comunitaria, las interminables gestiones poniendo de sus propios recursos, con la cooperación de migrantes, a punta de plantones y luchas. Aun así las condiciones son básicas, y los mismo pasa con la construcción e introducción de servicios básicos. Siguen siendo pueblos con vías de comunicación que en temporadas de lluvia se vuelven inaccesibles, donde no hay hospitales ni médicos, donde los niños padecen hambre y problemas de desnutrición, donde la migración es constante. Y eso a las autoridades no les importa. Estudiar se vuelve un lujo. Con la nueva reforma, los pueblos originarios quedarán aún más relegados sin la gratuidad de la educación.

En la regiones indígenas de Guerrero la inversión en educación no es clara ni precisa. No se sabe exactamente cuánto está destinado a estos lugares y se mantienen los datos en la opacidad. Siempre se anuncian cifras estratosféricas de inversión, pero la realidad es que los problemas se agudizan cada vez más y no se invierte en educación.  Los indígenas son receptores de obras públicas, planes y programas en los cuales tienen poca opinión o participación. Las autoridades mantienen formas de justificación basadas en organizar foros “representativos” y decidir ahí, sin recurrir a la consulta comunitaria extensiva ni a las asambleas colectivas. De ahí resulta que muchos programas de gobierno se aplican sin el consenso o aprobación de la población. Así sucede con las iniciativas impulsadas para las empresas mineras, para obras hidráulicas, en los temas de seguridad, en las cuestiones de salud, y ahora con la educación.

¿Que se espera de una reforma que no contempla a los pueblos originarios, en un país y estado donde la educación pública cada vez es más cara, donde la inserción de los pueblos originarios en los espacios educativos a distintos niveles es muy por debajo de la media nacional? ¿Qué se espera con una reforma excluyente y racista? No es que los pueblos originarios no quieran estudiar, sino que la exclusión social y los problemas estructurales de pobreza económica impide sufragar gastos en educación. Además, los modelos educativos basados en los parámetros modernos de competencia, tecnologías, y un sistema de evaluación que no está contextualizado sólo implican mayor exclusión. Así, la reforma educativa en cuestión fomenta la competencia y no contribuye a la formación de sujetos críticos; promueve el individualismo, elimina la colectividad como una práctica y a la comunalidad y las formas de organización comunitaria ancestrales. Esto amplía la brecha de la inequidad social y la educación pero además romper con el eje medular de la vida y pensamiento de los pueblos.

¿Dónde quedan las políticas de multilingüismo y reconocimiento a la diversidad, el respeto y fortalecimiento a las lenguas originarias, cuando con la reforma se privilegia la exclusión social, la privatización de la educación y el gradual posicionamiento de consorcios económicos en los destinos de la educación? ¿Dónde quedan los miles de habitantes en las regiones más pobres que tienen que ir al día en la sobrevivencia alimentaria? ¿Dónde quedan los derechos humanos y los derechos como pueblos? La actual iniciativa sólo confirma que las leyes, decretos y programas que se aplican en las zonas indígenas son resultado de la discusión desde los centros de poder, desde las administraciones en turno, que obedecen a intereses de un solo sector interesado en imponer y aplicar con la fuerza sus iniciativas.

La lucha por educarse para los niños o jóvenes provenientes de los pueblos originarios es una gran dificultad. La construcción de escuelas, aulas y canchas, en la mayoría de las ocasiones es resultado de largas sesiones de gestión y de cooperación entre los habitantes de las comunidades. Es resultado de la autogestión, y aún así hay lugares donde siguen sin maestros. Las escuelas en las zonas indígenas generalmente tienen problemas, como la falta de vías de comunicación y de servicios, infraestructura añeja o en malas condiciones, salones sin las condiciones básicas, sin baños o servicios de drenaje, agua y luz eléctrica. Con este panorama y sin recursos didácticos, mapas y otros utensilios necesarios para impulsar la labor educativa, las labores educativas se realizan en condiciones adversas. Los docentes y administrativos tienen los más bajos salarios y realizan su trabajo en condiciones indignas. Las autoridades no brindan recursos como gis, pizarrones, butacas, mobiliario. Aunque suene insólito, en los oficios de gestión de muchos maestros se incluye la bandera nacional para realizar los homenajes.

La implementación de programas educativos, textos, exámenes y pruebas estandarizadas -acciones de gobierno para “promover el desarrollo de la educación en las zonas indígenas”- no responde a las formas culturales ni a la necesidad de los sujetos que deben ser los que tienen mejor desarrollo. Desde los años sesenta, la castellanización y otras iniciativas fomentadas por los gobiernos en turno (pasando por programas de incentivación, alfabetización, Enciclomedia, pruebas Enlace, Alianza por la Calidad Educativa y otros) no han logrado transformar las condiciones de rezago educativo porque se operan con una lógica distinta y no la que corresponde al contexto local. Los contenidos curriculares, programas y otras acciones vienen desde una visión de la aculturación y no de la preservación de los propios marcos culturales. Tratar de modernizar a los pueblos originarios sin contemplar sus marcos de acción, medio y territorio, no es el camino. Todo debe hacerse desde la consulta, el diálogo y la construcción colectiva de consensos y acciones efectivas, y desde la generación de programas educativos que respeten, valoren y posicionen el conocimiento y la sabiduría indígena en correlación con los conocimientos externos.

Escritores, académicos, traductores, estudiantes y gente comprometida con la promoción de las lenguas y cultura indígena -en una reunión los días 10, 11 y 12 de abril- se declararon en abierta oposición a la reforma educativa por considerarla racista, excluyente y violatoria de las disposiciones internacionales en materia indígena. En efecto, la reforma viola los acuerdos de la Ley 701 del Congreso Local, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 2 Constitucional, que garantizan los derechos de los pueblos en materia de políticas públicas e indican que se deben tomar en cuenta y ser consultados. Pero esos argumentos jurídicos no fueron obstáculo para los representantes de los diversos niveles de gobierno.

El uso desmedido de fuerzas policiacas para contener la protesta social nos brinda una lectura. Se trata de imponer a toda costa políticas sociales que obedecen a iniciativas privatizadoras. En contraparte, y ante la exclusión, la negación y la falta de consulta, los pueblos originarios tomarán el camino de la construcción gradual de un sistema educativo propio, autónomo e intercultural, desde sus marcos culturales. Es el camino que se vislumbra. La solución al conflicto magisterial no es la violencia ni el uso de la fuerza pública, es la convocatoria a un diálogo profundo y un proceso de consulta y rectificación de la ley. Dejar pasar iniciativas así, en esos términos, sólo condena a la desaparición gradual de la educación pública y la exclusión jurídica de los pueblos originarios de Guerrero.

Publicado el 6 de mayo de 2013