El martes 24 de marzo se presentará en el Hotel Royal Palace de la capital
Servindi, 18 de marzo, 2015.- “La hidroeléctrica Xalalá en territorio maya q’eqchi’ de Guatemala. ¿Qué pasará con nuestra tierra y agua sagradas?” se titula el informe presentado el lunes 16 de marzo en el Centro Regional Nimlajaco de Cobán, Alta Verapaz, Guatemala.
La investigación revela los antecedentes históricos y socio-políticos del proyecto Xalalá, la resistencia de las comunidades indígenas q’eqchi’ y el marco jurídico nacional e internacional relativo a los derechos territoriales y la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
La autora es Lieselotte Viaene, investigadora posdoctoral asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Gante, en Bélgica.
La publicación contó con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Municipalidad de Herent y el Departamento Norte-Sur de la misma Universidad.
El proyecto Xalalá se ubica en territorio indígena maya q’eqchi’ de la microregión Nimlaha’kok, a unos 80 kilómetros al noroeste de Cobán, donde habitan una 46 aldeas, fincas y caseríos con una población aproximada de 10,000 personas.
La microregión Nimlasachal, llamada actualmente Chirimoch Sacoc I, se ubica en el suroriente de Cobán y está conformada por 33 comunidades.
Emplazada en la frontera entre los departamentos de Alta Verapaz y El Quiché, la represa contaría con capacidad para generar 181 MW.
Surgido en los años 1970 pero cancelado durante el conflicto armado interno, desde 2004 los sucesivos gobiernos colocan al proyecto en la agenda política energética. El actual lo declaró “prioritario y de gran necesidad para la nación”.
Según el Instituto Nacional de la Electrificación (INDE), la entidad estatal que promueve el proyecto, la represa Xalalá será la segunda más grande del país después de Chixoy.
El marco de la investigación
Entre mayo y junio de 2014, una misión de investigación a Guatemala recogió testimonios individuales, organizó grupos focales y mantuvo reuniones con actores clave locales, nacionales e internacionales.
La investigación aplicó indagación antropológica-jurídica en varias comunidades sobrevivientes q’eqchi del conflicto armado, cerca de la municipalidad de Cobán y las microrregiones de Nimlaha’kok, Salacuim y Nimlasachal. Actualmente, las mismas comunidades indígenas se ven amenazadas por la hidroeléctrica Xalalá.
Desde el año 2000 la municipalidad belga de Herent mantiene un hermanamiento con las microregiones de Nimlaha’kok y Nimlasachal.
Si bien durante 15 años el programa desarrolló actividades con la población maya q’eqchi’ en temas de agricultura, educación y comunicación, durante los últimos tiempos la municipalidad percibió que no era posible continuar normalmente porque un punto de la agenda pasó a dominar a todos los demás: la construcción de una hidroeléctrica en el río Chixoy.
Este gran proyecto atrajo toda la atención de los q’eqchi’, particularmente por no haber sido informados a pesar de tratarse de un emprendimiento promovido por el Estado guatemalteco en su territorio.
Un informe de la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), “Proyecto Xalalá. ¿Desarrollo para todos?” publicado en 2008, hizo que la municipalidad tome conciencia del impacto que provocaría este proyecto energético.
Matriz de conflictos
Guatemala quiere reducir su dependencia de la factura petrolera y apostar por la generación renovable y limpia mediante la transformación de su matriz energética. Estas metas están plasmadas en la nueva Política Energética 2013-2027 del actual gobierno de Pérez Molina.
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) calcula la demanda doméstica aumentará aproximadamente a 3000 MW en 2027, es decir el doble del consumo actual. Para enfrentar este reto, el país quiere diversificar su matriz priorizando las fuentes renovables como la hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica y biomasa.
El gobierno se propone convertir al país en el principal exportador de energía eléctrica de Centro América, en el marco del Sistema Interconectado de Energía de Centroamérica (SIEPAC) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
Se estima que el país cuenta con 20 hidroeléctricas de más de 5 MW en operación y cuarenta proyectos en construcción o proceso de trámite.
Según estadísticas de la CNEE de 2013, las hidroeléctricas generan la mitad de la producción eléctrica del país. El INDE gestiona seis hidroeléctricas, mientras el resto pertenece a capital privado guatemalteco y transnacional.
Las autoridades impulsan al menos diez grandes proyectos hidroeléctricos a lo largo de los departamentos que integran la Franja Transversal del Norte (FTN), una faja geográfica que se extiende del norte del departamento de Izabal hasta el norte del departamento de Huehuetenango, incluyendo la parte norte de Alta Verapaz.
Proyectos hidroeléctricos y derechos indígenas
A pesar de que Guatemala presenta la transformación de su matriz energética en términos de “desarrollo con equidad social y respeto por el medioambiente”, en el 65% de los municipios donde se otorgaron licencias para la construcción de hidroeléctricas se registran conflictos sociales.
En diciembre de 2014 el MEM reconoció públicamente que “existe una conflictividad latente” por la oposición a la hidroeléctrica Xalalá.
La cifra de conflictos relacionada con proyectos de minería, petróleo y agroindustria, como palma africana y caña de azúcar, continúa aumentando en Guatemala. La creciente presión extractiva sobre los territorios genera oposición, resistencia y el surgimiento de defensores ambientales.
Dos casos emblemáticos revelan el nivel de conflictividad social en torno a los proyectos energéticos y la violencia del Estado contra la población indígena. Uno es el proyecto Q’ambalam en Santa Cruz Barillas, departamento Huehuetenango, territorio indígena maya q’anjob’al, donde la empresa Hidro Santa Cruz quiere construir una hidroeléctrica en cataratas.
El otro es Monte Olivo, conflicto rodeado por un ambiente de amenazas y violencia generado por la construcción de una represa sobre el río Icbolay, afluente del Chixoy, a cargo de Hidroeléctrica Santa Rita, cerca de las comunidades Monte Olivo, Semococh y Raxruhá del municipio de Cobán.
Guatemala cuenta con una lección sobre la construcción de grandes represas que no puede olivar: el caso de la hidroeléctrica Chixoy. La represa Pueblo Viejo, más conocido como Chixoy porque entre 1977 y 1983, en medio del conflicto armado interno, se construyó sobre ese río, es la más grande de Guatemala y genera 275 MW.
Al momento de concluir la construcción y llenar el embalse, financiado con préstamos del Banco Mundial y del BID, el Ejército guatemalteco había destruido y masacrado diez comunidades indígenas asentadas en las riveras.
La autora
Lieselotte Viaene (Bélgica) es antropóloga, con PhD en Derecho (2011), especializada en justicia transicional, derechos humanos multiculturales, pluralismo jurídico, derechos de los pueblos indígenas y mega proyectos energéticos y extractivos, con amplia experiencia en Guatemala, Ecuador y Perú.
Trabajó con el Asesora de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos en Ecuador (2010-2013), donde estuvo a cargo de las áreas de Derechos Colectivos y Justicia Transicional.
Actualmente es investigadora post-doctoral asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Gante.
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Foto: Vista hacia el sureste del área que sería inundada por el proyecto Xalalá – CIFCA.
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