Termoeléctricas en México, un debate entre el “desarrollo” y los derechos humanos

La gran promoción de la que gozan los proyectos termoeléctricos en México y el gran abanico de daños que traen obliga a la discusión de una política energética que tenga como centro al agua

Juan Carlos Flores Solís – Desinformémonos

México. A pesar de la existencia de un superávit de energía eléctrica en México, las empresas del sector y los gobiernos se empeñan en imponer megaproyectos termoeléctricos, que traen graves daños sociales, ambientales y de salud, y despojan a los pueblos de tierras y aguas.

El aumento en la construcción de estas centrales, que se llevan y contaminan el vital líquido para uso humano y agrícola, obliga a discutir una política de aguas nacionales y, por ende, de producción agrícola y soberanía alimentaria.

Política energética

Normalmente, cuando se habla de política energética no se le relaciona con una política de aguas nacionales, sin embargo, cuando nos dicen generación de luz, nos dicen “lugares con agua”.

De acuerdo con el Instituto de Geofísica de los Estados Unidos, para el año 2000, 40 por ciento del agua de ese país su agua fue utilizada para la agricultura, 39 por ciento para las termoeléctricas y solo 17 por ciento para una población de 313 millones 914 mil habitantes. Según la Secretaría de Energía de México, el 71 por ciento de la energía eléctrica es producida por termoeléctricas, 18 por ciento por las hidroeléctricas, 5 por ciento por carboeléctricas, 2 por ciento por  nucleoeléctricas y 4 por ciento por energías renovables; en  el 99 por ciento de todas ellas, el recurso estratégico con el que funcionan es el agua. Bajo la tecnología de las termoeléctricas, mucha agua se pierde en el proceso y el resto es de difícil recuperación, debido a la evaporación a altos grados de temperatura y a la mezcla con químicos lacerantes. Sería un absurdo decir que este gasto de agua es indispensable, porque no es lo mismo generar fuego con llantas que con varas secas.

Tan sólo la termoeléctrica de Petlacalco, Guerrero, consume más agua que el Estado de México y el Distrito Federal juntos. Su gasto de agua anual reportado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es de 3 mil 122 millones de metros cúbicos, 99 mil litros por segundo, agua suficiente para duplicar el riego de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Las termoeléctricas son las industrias de generación eléctrica que mayor impacto causan al agua; con otras tecnologías, el gasto de agua sería casi nulo.

El agua de Petlacalco se ocupó para producir en 2010, 16 mil 234 gigawatts, cantidad suficiente para iluminar a 2 mil 770 millones de hogares con cuatro focos de 60 watts durante cuatro horas los 365 días del año; en México hay 25 millones de hogares. Pero para la Secretaría de Energía (SENER) y CFE, esta cantidad de energía sólo es el cinco por ciento de la energía eléctrica generada en el país. ¿En realidad consumimos tanta energía? ¿Necesitamos gastar tanta?

Hablando de regiones del agua, Petlacalco se encuentra en la Cuenca del Balsas y es en esta misma cuenca donde se está imponiendo la termoeléctrica de Huexca. El gasto de agua para el Proyecto Integral Morelos (PIM) –que integra dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto- no es nada despreciable, son 50 millones de litros de agua, cantidad suficiente para dotar del vital líquido a la ciudad de Cuautla y sus alrededores, agua que es usada por los campesinos del Municipio de Villa de Ayala, Morelos, para mantener sus tierras de riego. Estas acciones implican la violación al derecho humano al agua, garantizado por el artículo cuarto constitucional.

El crecimiento de las termoeléctricas es un desperdicio de agua, si tomamos en cuenta que en México existe un superávit en la producción energética, mientras que las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas están produciendo a un 60 por ciento de su capacidad. Entonces, ¿para qué construir más proyectos de explotación acuífera y de hidrocarburos? ¿Para qué afectar las zonas de vocación agrícola? En Chihuahua ya se secaron cuatro manantiales a causa de las termoeléctricas de Samalayuca. “Cerrar la llave del agua” es una gran ayuda para “salvar el planeta”, pero sería una mayor contribución cerrar millones de llaves al mismo tiempo al parar la generación de energía por medio de las termoeléctricas.

Sin embargo, las termoeléctricas gozan de una gran promoción en México. Entre 2001 y 2012 se construyeron 22 termoeléctricas, todas concesiones extranjeras, con una capacidad total de 11 mil 907 megawatts; la generación eléctrica del país aumentó en un 20 por ciento. Para 2013 se espera la culminación de otros diez proyectos, 9 de ellos termoeléctricos, que generarán  4 mil 109 megawatts,  un seis por ciento más de energía, ya excedente en el país. Este año están en licitación media docena de termoeléctricas más y viene una mayor cascada. Muchas de ellas se impulsan para el mercado del gas natural principalmente. Ya lo dijo el gobernador de Morelos, Graco Ramírez: el principal objetivo del Proyecto Integral Morelos es el abasto de gas natural para la inversión industrial en la región.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la concesión del líquido para las  termoeléctricas es 20 por ciento más alta que para el consumo de toda la industria en México, por lo que su instalación con una visión industrial significa un grave impacto a los mantos acuíferos de la región y viola el “Programa de Ordenamiento Ecológico del Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia en el Estado de Morelos”, ya que la zona es una región estratégica para la recarga de agua que impacta hasta el Distrito Federal, es decir, la Cuenca del Balsas.

Bajo estas tendencias se ve que la generación de energía eléctrica no es un sector “en necesidad de crecimiento”, sino un negocio energético y la apertura para un sistemático despojo de la tierra y agua campesinas.

Pero además, si la generación de energía es un “factor estratégico de crecimiento”, lo es sobre la especulación y la sobreproducción energética. Además no se habla del gasto y contaminación  del agua, un eje estratégico de cuidado nacional. Hablar de una política energética y de crecimiento de la industria eléctrica significa, en los hechos, hablar de una política de aguas nacionales y por ende de producción agrícola y soberanía alimentaria.

El  caso de la termoeléctrica en Huexca

En el año 2003, el campesino surcoreano Lee Kyoung Hae se inmoló en protesta por las políticas neoliberales contra el campo que dictaba la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ese mensaje tuvo un impacto muy fuerte para el mundo entero. Hoy ese grito, esa rabia, está cada vez más presente en el campesino mexicano que vive la política de un gobierno  empresarial que despoja territorios, cultura y vida con los megaproyectos. Tal vez no utilicen helicópteros como en la película Avatar, pero una mina a cielo abierto no le pide nada a los efectos de Hollywood.

Hoy a los pueblos campesinos e indígenas, a quienes se despoja gravemente de sus derechos, el poder estatal y nacional les dice: “No es para tanto”. Estas fueron las palabras de la licenciada Araceli Ruiz Mendoza, de la Sexta Visitaduría de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al hablar de la queja que interpusieron habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala contra la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM) -que comprende un gasoducto de 160 kilómetros, del que el 92 por ciento transcurre por zona de riesgo volcánico, dos centrales termoeléctricas en Huexca, un acueducto de 12 kilómetros y una extracción diaria de 50 millones de litros de agua, lo que afectaría directamente a más de un centenar de pueblos-. La visitadora expresó: “No es para tanto, la verdad es que tenemos muchos casos y estos no son delitos de lesa humanidad, a esos les ponemos más atención y se resuelven en seis meses… Ustedes no pueden ver el informe de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) porque es confidencial, aunque sean los que se quejan… Del abuso y hostigamiento de la fuerza pública, agoten las demás instancias y ya luego vienen con nosotros”.

Esto pone en entredicho la efectividad y transparencia de la CNDH frente a un proceso de  defensa de los derechos, ya que omite y reserva información indispensable para el conocimiento de las partes y la conformación de un expediente imparcial. En la queja con folio 124203, el informe entregado por la CFE es confidencial en un cien por ciento, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sólo contesta: “no conozco el Proyecto Integral Morelos, consistente en una termoeléctrica en Huexca y un gasoducto que atraviesa Morelos, Puebla, Tlaxcala”. La licenciada Ruiz Mendoza señala que ya tienen preparada la conclusión del caso, pero ni siquiera se puede tener acceso al informe de las autoridades y la CNDH decidió no investigar el resto de violaciones que se señalan en la queja, como el abuso de la fuerza pública estatal y federal por parte de los gobiernos estatal de Morelos y los ayuntamientos.

Así pretenden normalizar la problemática de Huexca y los pueblos del Popocatépetl,  que están expectantes por el grado de imposición con el que la CFE pretende realizar el Proyecto Integral Morelos (PIM).

El problema de la termoeléctrica no sólo es en Huexca; es un problema de desarrollo extractivista que afecta gravemente y en silencio a gran parte del agua que consumimos en México y Estados Unidos. El problema de las termoeléctricas es un problema de distribución, desabasto y contaminación de agua, a la par de una quema de hidrocarburos que causa graves consecuencias al medio ambiente en una completa impunidad.

El debate

La problemática del agua en Morelos se suma a las incongruencias del PIM, a los riesgos volcánicos, a una política incongruente de Protección Civil, a la falta de consulta a los pueblos y a las afectaciones agrícolas, de salud y medio ambiente que causará.

La lucha por que el agua no se la lleven para la termoeléctrica en Huexca puede abrir un debate necesario y urgente para el país, el del agua y la generación de energía eléctrica. Lejos de hacernos avanzar, la política energética implementada en el país, además de las afectaciones ambientales, a la economía local y a la salud, trae un descontento nacional por la creación de infraestructura energética de capital privado y un movimiento nacional de usuarios contra las altas tarifas de luz (hay más de tres millones de quejas contra la CFE y decenas de demandas por autofraude). Existe todo un movimiento nacional buscando otra política energética.

La instalación de megaproyectos en México es una ley implícita e incuestionable de “desarrollo”. El Gobierno sólo está dispuesto a negociar beneficios para la comunidad, como si fuera una reparación previa al daño. A los que no están de acuerdo con los megaproyectos, se les pretenden imponer por medio de amenazas, desinformación,  represiones y asesinatos. Los casos de Olintla, Puebla; Huexca, Morelos; Ocotlán, Oaxaca; o el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, representan la criminalización de la protesta social y constituyen claras violaciones a los derechos humanos. Mientras las autoridades dicen que “no es tan grave”, voltean a San Salvador Atenco, donde ofrecen disculpas amistosas y la promesa de reactivar el proyecto de aeropuerto, además de atacarlos desde hace más de un año con el despojo de pozos para riego agrícola.

En México, los megaproyectos y el respeto a los derechos humanos se convirtieron en polos opuestos. La magnitud de los proyectos es directamente proporcional a las violaciones a los derechos que están dispuestos a hacer.

*Juan Carlos Flores Solís es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala

Publicado el 22 de abril de 2013