Afirma que resultados de concurso público proveerá insumos para procesos más amplios y participativos con diversos actores involucrados
Mediante un comunicado la Defensoría del Pueblo reafirmó hoy su rol de defensa de los pueblos indígenas y de supervisión del proceso de implementación del derecho a la consulta previa, con imparcialidad e independencia.
De esta manera la institución defensorial respondió con rapidez a la preocupación compartida por Servindi ante los resultados de un concurso público para elaborar informes referidos a la implementación del derecho a la consulta previa.
La convocatoria se concedió cinco de doce adjudicaciones al Estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados, un estudio jurídico especializado en asesorar y atender a grandes empresas y corporaciones mineras.
La Defensoría del Pueblo señala que la información que se obtenga a partir de las investigaciones en marcha no es definitiva y “servirán como insumo para incentivar un proceso de análisis y de debate más amplio y participativo con diversos actores involucrados”.
La defensoría recalcó que la convocatoria, selección y supervisión de los procesos de investigación fue organizada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), una entidad con experiencia y reconocimiento en materia de investigación en el Perú.
Detalló que una de las finalidades de algunas de las investigaciones es analizar las medidas administrativas de diversos sectores, incorporadas en sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA).
A continuación el comunicado de la Defensoría del Pueblo:
Defensoría del Pueblo reafirma su rol de defensa de los pueblos indígenas y de supervisión del proceso de implementación del derecho a la consulta previa
Ante la nota publicada en la Agencia de Noticias SERVINDI que da cuenta de su preocupación sobre los resultados de un concurso público realizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), la Defensoría del Pueblo informa lo siguiente:
1. La Defensoría del Pueblo viene desarrollando sostenidamente una línea de intervención a favor de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú y, de forma especial, respecto de la implementación del derecho a la consulta previa.
2. Con el apoyo de la cooperación alemana, la Defensoría del Pueblo ha solicitado la colaboración del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) para desarrollar algunas investigaciones, entre las cuales está analizar las medidas administrativas de diversos sectores, incorporadas en sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPAs).
3. Cabe recalcar que el proceso de convocatoria, selección y supervisión de los procesos de investigación están a cargo de CIES, entidad que cuenta con experiencia y reconocimiento por su trayectoria en materia de investigación en nuestro país.
4. Debemos señalar que la información que se obtenga a partir de las investigaciones en marcha servirán como insumo para incentivar un proceso de análisis y de debate más amplio y participativo con diversos actores involucrados en el proceso de implementación del derecho a la consulta.
La Defensoría del Pueblo reafirma su rol de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de supervisión del actual proceso de implementación del derecho a la consulta con imparcialidad e independencia.
Lima, 21 de noviembre del 2011
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