Después de ocho años de negociaciones se firmó un histórico acuerdo que por primera vez reconoce la territorialidad indígena. Se trata del Lote 8 de la Reserva de la Biosfera de Yabotí (RBY), en San Pedro. Unas cuatro mil hectáreas que pertenecían a la familia Laharrague -administradora de Moconá SA- y que ahora serán titularizadas a favor de tres comunidades guaraníes que habitan en el lugar, tras la mediación del Gobierno provincial y la Fundación Naturaleza para el Futuro, que compró la propiedad para donarlas a sus habitantes originarios muy cerca de los saltos del Moconá.
De este modo, la reserva del Parque Provincial Moconá se ampliará a una extensión mucho mayor: se sumarán como zona intangible cuatro mil hectáreas. “El acuerdo que sustenta esta gestión del lote 8 establece restricciones equivalentes a las de un área protegida en un territorio guaraní, independientemente de las subdivisiones. No se puede extraer madera, cazar, introducir especies, agroquímicos”, explicó Juan Pablo Cinto, coordinador de la Alianza Multicultural del Lote 8, negociador entre las partes, empresa, ONG, comunidades y Gobierno.
El viernes los caciques firmaron los documentos pertinentes ante la escribanía de Gobierno tras la aprobación de zona de Seguridad por parte del ministerio del Interior de la Nación.
“Por parte de la empresa se firmó todo, restaban los tiempos legales y de escribanía para inscribir y emitir los nuevos títulos para las comunidades. Lo importante es que se obtuvo las aprobaciones de zona de Seguridad”, señalaron desde la empresa.
De esta forma, las comunidades guaraníes pasan a ser propietarias exclusivas del 82 por ciento de la superficie bajo un título comunitario; un condominio entre Funafu y las tres comunidades guaraníes se quedarán con el 12 por ciento y 200 hectáreas permanecen a nombre de la empresa forestal, para el desarrollo de un proyecto ecoturístico de bajo impacto.
En el acuerdo, las partes cedieron a perpetuidad al Estado provincial un espacio para permitir la creación de un sendero peatonal y un mirador, abiertos al público, para contemplar la belleza de la selva y los saltos del Moconá.
La Selva Misionera o Bosque Atlántico -compartido con Paraguay y Brasil- es uno de los ecosistemas más amenazados del planeta, del cual subsiste menos del 10% de su cobertura original y alberga el 7 por ciento de las especies del mundo.
Los signatarios del acuerdo reconocieron la importancia de la conservación del área para la cultura y la forma de vida del pueblo guaraní, y resolvieron elaborar, con el apoyo técnico de la Fundación Biodiversidad, un Plan de Conservación para todo el Lote. Así, ya no se explotará más el bosque por su madera; de este modo, se garantiza la conservación de las especies que allí viven.
El acuerdo multicultural implica ampliar el área de conservación del Parque Provincial Moconá, de aproximadamente 1000 hectáreas, en un área de conservación de cinco mil hectáreas, que transforma a este convenio en uno de los proyectos de conservación más emblemáticos y ambiciosos de la región, especialmente por el trabajo armónico con las comunidades originarias que dará lugar a actividades conjuntas entre las partes.
De todos modos, sigue un debate abierto por el acceso a las comunidades y al emprendimiento turístico que pretende instalar la firma Moconá en el área que se reservó.
La alternativa de abrir un camino terrado y de uso público en medio de la reserva es rechazada por ecologistas, que exigen que primero se haga un estudio de impacto ambiental o, directamente, se decida por un camino más extenso, pero por fuera del área reservada.
Los integrantes de la Alianza Multicultural que involucra a Nicolás Laharrague, por la empresa Moconá SA, a los caciques de tres comunidades Mbya Guaraní del Lote 8 (Tekoa Yma, Kapi`i Ivate e Itao Miri) en la Reserva de Biosfera Yabotí, y a Luis Castelli, director de la FUNAFU y representante de la organización ambiental internacional (World Land Trust) se reunieron la semana pasada en la Legislatura y expresaron su visión frente al polémico camino.
Llamativamente fueron los caciques quienes más insistieron en contar con un acceso que corte la reserva. En cambio, Nicolás Laharrague se mostró dispuesto a aceptar cualquier alternativa, siempre y cuando el camino se haga realidad en el corto plazo.