Servindi – En el marco de la Campaña Nacional “Yo No Quiero Transgénicos en Chile”, este 17 de agosto, organizaciones sociales de Chile marcharán por diversas ciudades del país en protesta contra la denominada “Ley Monsanto” que consideran perjudicial para los pequeños agricultores y una amenaza a la seguridad alimentaria.
Activistas chilenos opositores a los productos transgénicos aseguran que la Ley de Obtentores de Vegetales, promovida por su gobierno y conocida también como “Ley Monsanto”, obligaría a los agricultores a pagar regalías a las empresas transnacionales creadoras de semillas transgénicas como Monsanto, por usar sus productos.
Por ello, la plataforma “Yo no Quiero Transgénicos en Chile” está convocando a la ciudadanía y a organizaciones sociales e indígenas a movilizarse este 17 de agosto en una marcha denominada “No a la Ley Monsanto”, que se llevará a cabo simultaneamente en diferentes ciudades de Chile.
“El parlamento chileno está tramitando el proyecto de ley de obtentores vegetales (…) que facilita el registro de propiedad intelectual sobre las variedades de semillas. Esta iniciativa legislativa es un claro atentado a los derechos y prácticas ancestrales de las comunidades campesinas y una violación a nuestra soberanía alimentaria”, señala la convocatoria.
De acuerdo a los organizadores, hasta el momento, se han confirmado las movilizaciones en las ciudades de Iquique, La Serena, Ovalle, Casa Blanca, Melipilla, Valparaíso, San Fernando, Curicó, Talca, Cauquenes, Chillán, Concepción, Temuco y Valdivia.
La agrupación “Yo No Quiero Transgénicos en Chile” articula redes sociales y ambientales “así como a independientes, organizaciones no gubernamentales, comunidades e instituciones que trabajan por una agricultura, ganadería, acuicultura y alimentación sanas y seguras”, indica su portal web.
“Ley Monsanto”
La Ley de Obtentores de Vegetales ha sido desde un inicio objeto de un gran rechazo por organizaciones de la población, especialmente, de parte de los sectores indígenas y campesinos porque consideran que amenaza la soberanía alimentaria del país y pone en situación de vulnerabilidad a los agricultores.
Sin embargo, en defensa de la norma, Haroldo Salvo-Garrido, director del Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola (CGNA) asegura que la ley no contempla el uso de la transgenia pero sí pone un marco de protección para los derechos de creación y producción de nuevas variedades.
A pesar de haber sido aprobada por la cámara de diputados, en mayo de 2011, y por la Comisión de Agricultura del Senado, la mencionada ley aún no ha sido promulgada porque requiere la derogación de la antigua Ley de Semillas, asunto pendiente en el Senado.
La ratificación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) fue propuesta a la cámara de diputados por la ex presidenta Bachelet en 2009.
Posteriormente, en 2010, el gobierno de Piñera modificó el proyecto de ley y aceleró su trámite.
El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales data de diciembre de 1961 y fue modificado en Ginebra en marzo de 1991.
El objetivo principal del convenio es crear un marco jurídico para reconocer al obtentor de una nueva variedad vegetal su derecho sobre la variedad creada.
El Convenio UPOV de 1991 contiene estándares más específicos que las anteriores versiones, como la ampliación de los plazos mínimos de protección y de los derechos relativos al material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida.
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