Prensa Latina
Asunción – Un movimiento social paraguayo y un prelado con altas funciones en el Vicariato Apostólico católico coincidieron en denunciar atropellos cometidos por el Gobierno contra las comunidades indígenas y pidieron la destitución de un importante funcionario.
La organización Unidad Democrática para la Victoria señaló las continuas violaciones de los derechos de los nativos residentes en diferentes asentamientos por parte del Instituto Paraguayo del Indígena, entidad oficial que debía ejercer su defensa.
El Instituto y especialmente su presidente, Rubén Quesnel, favorecen oscuros negocios con las tierras de los aborígenes paraguayos a quienes pertenecen históricamente en el departamento de San Pedro y otros lugares del país.
En una situación que se repite constantemente en distintos puntos de la geografía paraguaya, el funcionario señalado autorizó la venta a una persona nombrada Julia Beatriz Vargas de 25 mil hectáreas, pertenecientes a la etnia de los ayoreos, lo cual implica su desalojo compulsivo del lugar.
Para disfrazar la operación, según la denuncia, se anunció por el Gobierno la intención de adquirir otra propiedad para entregar a los indígenas, pero ese lugar es claramente inundable y no apto para cultivos, según un anterior informe del propio organismo.
Unidad Democrática exigió, además, la destitución del juez Carlos Golburu, quien ordenó el violento desalojo de la comunidad nativa Yva Pety, en el departamento de Canindeyú, de las tierras, donde vivían hace más de 22 años para cederlas a otro particular.
Por su parte, Lucio Albert, obispo del Vicariato Apostólico de Pilcomayo, en el departamento de Cordillera, también criticó lo que calificó de numerosos casos de atropellos violentos a las comunidades y territorios indígenas de esa región, con total apoyo gubernamental.
Se apropian de las tierras indígenas, impulsan la deforestación descarada de sus montes y los envenenan hasta hacerlos inservibles, denunció durante una ceremonia religiosa pública.
Albert recalcó que, a causa de estos abusos, las familias indígenas pasan meses y hasta años viviendo en carpas en las plazas de las ciudades, a orillas de las carreteras o caminos y obligadas a mendigar para sobrevivir.
El prelado planteó que ello sucede porque muchos políticos corruptos no piensan en el bien común, sino solo en su provecho personal.
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http://argentina.indymedia.org/news/2012/12/826910.php
Enviada por Lúcia Carneiro Guarani-Kaiowá.
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