“Las contradicciones en las que ha incurrido Aidesep al firmar el contrato con Petrobras son graves. No se trata de un error pequeño o de un acto de corrupción individual. Con el contrato Aidesep desmonta principios que le han dado solidez a lo largo de su vida.”
Por Alberto Chirif*
Consideraciones generales
A lo largo de sus 30 años de vida institucional, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha jugado un papel central como organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas amazónicos. A ella se le debe el haber vuelto a poner en la escena nacional el tema de los pueblos originarios como una cuestión que solo podrá ser resuelta cuando el país asuma la deuda histórica no solo por las barbaridades que se cometieron contra ellos en el pasado sino por la herencia de la que se beneficia en el presente, en especial, por el legado arqueológico y de la portentosa biodiversidad domesticada. Queda como reto superar la esquizofrenia de apelar al glorioso pasado indígena al mismo tiempo que se desprecia a los descendientes actuales de ese pasado.
Desde las bases se han producido avances importantes, y así sectores que antes ocultaban sus orígenes por pensar que indígena era un insulto hoy los recuperan al tomar conciencia de que sin raíces no podrán encaminar su futuro. Un caso notable son los kukamas en Loreto quienes luego de décadas de ocultar sus orígenes y debilitarse como personas y como colectivo social, hoy los reafirman con orgullo. Y esto no significa un intento de caminar hacia atrás. Todo lo contrario. Indica su voluntad de marchar hacia adelante pero sabiendo de dónde vienen.
La energía que ha trasmitido las luchas de Aidesep ha ido incluso más allá del ámbito que le es propio: la Amazonía. Hoy existen organizaciones indígenas en las otras regiones del país que, aprendiendo de su experiencia y planteamientos, afirman sus orígenes y reivindican derechos colectivos.
En el campo de las reivindicaciones específicas, no me canso de volver a señalar una y otra vez la importancia de Aidesep en la liberación de miles de indígenas del alto Ucayali en fecha tan cercana como inicios de la década de 1990, cuando los patrones los mantenían en condiciones de esclavitud, castigando físicamente, mediante torturas e incluso la muerte, a quienes pretendieran escapar. La consolidación de los derechos territoriales de las comunidades, hoy objeto apetecido por empresas agroindustriales que han puesto a su servicio a gobernantes y asesores varios, es también un logro de Aidesep y de algunas instituciones solidarias con el movimiento indígena.
De su Programa de Formación de Maestros Bilingües han salido cientos de maestros que hoy aplican sus conocimientos y experiencias en la forja de nuevas generaciones. Muchos de sus egresados ocupan además importantes cargos en ministerios, municipalidades y otras entidades públicas y privadas, trabajando temas relacionados con el medio social del cual provienen. En fin, sobre estos logros ya he escrito bastante solo o con colegas, y solo es cuestión de buscar en redes y centros de documentación para conocer más sobre ellos.
Esto último es lo que me anima hoy a escribir estas líneas, en las que quiero dejar en claro mi posición acerca del momento actual de una organización como Aidesep a la que no solo he visto nacer, sino que he acompañado a lo largo de su vida.Sin embargo, mi admiración por los logros de Aidesep no me ha llevado nunca a eludir críticas sobre hechos que he considerado inadmisibles, como las arbitrariedades y malos manejos en las que han incurrido a veces algunos dirigentes. Lo he hecho en otras oportunidades y estoy dispuesto a hacerlo ahora nuevamente. La incondicionalidad es el peor favor que se le puede hacer a un amigo porque ocultar sus equívocos no hace más que afirmarlo en sus errores.
Lamento la actitud que ha tomado el consejo directivo de Aidesep frente a las críticas, negándose a admitir los cuestionamientos y considerando enemigos a quienes los formulan. Sé que muchos me acusarán de haberme sumado al “cargamontón” contra Aidesep y al grupo de “criticólogos” (ver pronunciamiento del 5/11/12).
Asumo este riesgo.
Una mirada a la crisis actual de Aidesep
Al inicio de las movilizaciones de 2009 Aidesep se encontraba debilitada por una serie de pugnas internas. Una de sus regionales, la Organización Regional de Aidesep Ucayali (Orau), pasaba por una aguda crisis en la que un sector de sus bases acusaba a la directiva de haber llegado al poder con malas artes. La directiva, por su parte, expandió sus problemas a la instancia nacional de dos maneras. La primera fue mediante la elección arbitraria de delegados afectos a ella para asistir a la asamblea nacional de la organización que ese año se realizaba en Iquitos; y la segunda, el apoyo dado para la reelección del presidente de Aidesep por parte de la presidente de Orau quien, en ese congreso, fue designada para ocupar la vicepresidencia nacional. La turbulencia originada por estos problemas se generalizó a otras regionales, algunas de las cuales no andaban bien por otras razones (1). Se sucedieron así acusaciones y pedidos de renuncia de la directiva y de convocatoria a nuevas elecciones.
Fue en estas condiciones que comenzaron las movilizaciones de protesta contra los decretos dados durante el gobierno del presidente Alan García. Algunos pensaron que los conflictos internos no aseguraban las condiciones adecuadas para iniciar una protesta tan importante. Otros, incluso, opinaron que se trataba de una estrategia de la directiva de Aidesep para distraer la atención de sus bases y unificar fuerzas ante un enemigo externo. En mi opinión esto último no es cierto. Considero que la movilización fue una respuesta legítima que, atendiendo el pedido de las bases, rechazaba la política arbitraria e injusta del gobierno que transgredía derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en las leyes y convenios internacionales. Como ha sido puesto en evidencia, la mayoría de los decretos no fueron redactados por los ministros ni por sus asesores. Según Juan José Salazar, quien se desempeñó como ministro de Agricultura de ese gobierno entre julio de 2006 y mayo de 2007: “Todas las iniciativas legislativas que incluían el uso del agua, transgénicos y régimen de propiedad de tierras boscosas eran hechas fuera de los ministerios”. ¿Por quién? Por: “Consultoras externas o estudios jurídicos” (2). La pregunta por cuenta de quiénes se hacían esas consultoras cae por su peso: de las empresas que se verían beneficiadas por los decretos, especialmente las dedicadas a la agroindustria para la producción de biocombustibles.
Luego del “Baguazo” y del fracaso del presidente Alan García de cargar toda la culpa a los indígenas, el gobierno buscó salidas a la crisis. Una primera medida fue aceptar la renuncia del Primer Ministro, Yehude Simon, un independiente que sucedió en el cargo a Jorge del Castillo quien, a su vez, había caído al verse él y otros miembros de su gabinete y del gobierno aprista comprometidos en turbias negociaciones de contratos petroleros, en el llamado escándalo de los “petro-audios”. Junto con Simon fueron cambiados seis ministros, entre ellos, los de Defensa e Interior. A pesar del rol que jugaron los ministerios que dirigían en los hechos de Bagua, fueron liberados de responsabilidad por las consecuencias de la nefasta intervención en la Curva del Diablo.
Otra medida adoptada por el gobierno para paliar la crisis fue la creación de “mesas de diálogo” para tratar diversos temas relacionados con las demandas indígenas, como educación, consulta y desarrollo. No obstante, ninguna de ellas llegó a producir un documento vinculante. En cambio, simultáneamente, el gobierno comenzó a apoyar organizaciones paralelas, buscando crear “interlocutores” a su medida para negociar sus propuestas de desarrollo y consulta. En este juego de intereses cayeron lastimosamente algunos antiguos líderes indígenas que en su momento habían sido importantes para impulsar las reivindicaciones de Aidesep. En esta organización afloró nuevamente la crisis que vivía al inicio de las movilizaciones, y a esto contribuyó la inoportuna salida del país de su presidente, Alberto Pizango, quien logró asilo en Nicaragua.
A su retorno al país, y luego de una breve detención, envanecido por la notoriedad que le había dado el liderazgo de las movilizaciones, Pizango fue considerado por algunos sectores como potencial candidato a la presidencia del país. En vez de dedicarse a analizar y solucionar los problemas internos que, como he señalado, se arrastraban desde antes de las protestas y habían sido agravado por las malévolas intervenciones del gobierno, él se dedicó a explorar el terreno de su probable candidatura. Al ver que sus posibilidades eran remotas, optó entonces por buscar alianzas con el entonces candidato Ollanta Humala. Sin embargo, las condiciones que puso no fueron aceptadas por este y su equipo y se quedó solo.
En el XXII Congreso Nacional de Aidesep realizado en diciembre de 2011, Alberto Pizango y toda su junta directiva, con una sola excepción, fue reelegida para el periodo 2012-2014, lo que despertó una nueva ola de protestas. En su caso, se trata de un tercer periodo consecutivo, algo que hasta ahora no había nunca sucedido en esa confederación. Sin embargo, la agitación causada por esta reelección no es nada comparable a la que se desató a inicios de octubre de este año, cuando el boletín virtual Servindi hizo público un contrato suscrito entre la organización y la empresa petrolera Petrobras, la quinta transnacional más importante en el rubro de hidrocarburos en el mundo.
Con fecha 11 de junio de 2012, Aidesep, representada por su presidente Alberto Pizango, y Petrobras, por Pedro Miguel Grijalba Vásquez y José Heráclides Gayoso Vásquez, respectivamente, director presidente y gerente de SMS de Petrobras, suscribieron un acuerdo que declara como sus objetivos
“…establecer las bases para articular esfuerzos comunes […] para el desarrollo de acciones conjuntas que lleven al cumplimiento de los objetivos organizativos al interior de las comunidades permitiendo mantener relaciones armoniosas entre las Comunidades Nativas y la Empresa Privada”.
Con esa mira, señala el documento, es preciso
“evitar conflictos entre ambos actores que pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades de cualquiera de las partes [siendo] fundamental encaminar esfuerzos para familiarizar a las comunidades con los aspectos más relevantes de la industria hidrocarburífera y sus controles para la protección del medio ambiente y de los aspectos sociales”.
Remata esta sección sobre objetivos que las partes
“acuerdan que es fundamental comunicar a las comunidades los avances de los proyectos de hidrocarburos de PETROBRAS –brindando información oportuna y trasparente sobre los mismos- recogiendo y canalizando las inquietudes de las comunidades sobre dicho particular”.
Entre los compromisos que asume Aidesep están:
“Promover acciones para mantener relaciones armoniosas entre las comunidades nativas que integran a su organización y PETROBRAS, basadas en el respeto mutuo y el cumplimiento de sus objetivos a satisfacción de sus comunidades integrantes” y “Garantizar la implementación y operatividad de las acciones en beneficio de sus comunidades que se generen a partir del presente convenio”.
A cambio, la empresa petrolera entregará la cantidad de 200 000 nuevos soles a Aidesep, unos 77 000 dólares al cambio actual. El contrato tiene como plazo de vigencia un año y podrá renovarse de común acuerdo.
Un compromiso especialmente preocupante es el contenido en la cláusula séptima:
“Las partes acuerdan que AIDESEP se compromete a mantener indemne y a eximir de cualquier reclamo, acción o demanda entablada en contra de PETROBRAS, sea de índole administrativo, penal, civil comercial, etc., sin que esta enumeración sea limitativa, por parte de integrantes de su organización que se relacionen con el presente convenio, sea de manera directa o indirecta”.
La difusión de este contrato ha generado una gran polémica entre el vasto público de lectores de Servindi, la mayoría de los cuales son contrarios a este acuerdo y, algunos, aprovechan la oportunidad para descargar antiguas iras contra la organización. Aidesep justifica el contrato mediante una serie de argumentos que se inicia señalando cómo la política extractivista actual afecta a la Amazonía y a los pueblos indígenas (3). Describe un panorama cierto refiriéndose a la explotación desenfrenada de la Amazonía, la existencia 52 proyectos de energía hidráulica, la expansión de la búsqueda de hidrocarburos sobre el 70% de la selva y de la minería sobre 10 millones de hectáreas, las características trágicas de la minería informal en Madre de Dios y el aumento de las redes viales que extienden el sistema extractivista.
En un segundo momento, cuestiona el rol del Estado como un organismo que “ha sido privatizado y sus tecnócratas son socios o empleados de grupos empresariales. Por eso, la fiscalización ambiental es un chiste y el canon es un desastre. A la vez, la economía indígena es maltratada o ninguneada por esa alianza estatal-empresarial. Nos siguen viendo como ‘objetos de asistencia social’, o abastecedores de materia prima para los grandes negociantes, pero nunca como actores, socios activos y protagonistas centrales del destino de la Amazonía”. En este contexto ellos juegan el rol de “convidados de piedra”, ya que “las inversiones a gran escala significarán gigantescas ganancias económicas para la industria extractivista, quedando fuera los pueblos indígenas de toda posibilidad de beneficio”.
Finalmente, Aidesep considera que el contrato responde al acatamiento hecho por el consejo directivo nacional de “acuerdos y mandatos” adoptados por la asamblea general de la organización en el XXII Congreso Nacional (diciembre 2011) y en reuniones regionales y locales:
“En este marco estamos impulsando una serie de estrategias para afrontarlas [encrucijadas]; tales como elaborar Planes de Vida Plena regionales y locales de los pueblos indígenas ,y difundirlos a todo nivel, a fin de lograr la adhesión de la opinión pública, la voluntad política y la prioridad de su financiación, por parte del presupuesto público, y también, con los aportes obligatorios que deben dar las industrias extractivas amazónicas”.
En este sentido, Aidesep declara haber entregado dicho plan a una serie de instituciones, concretamente: Presidente del Congreso, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, Registros Públicos “y empresas como Pluspetrol, Petrobras y Pacific [Stratus Energy]”. La única que hasta el momento ha respondido es Petrobras.
Intentaré hacer una mirada lo más objetiva posible frente a un asunto que presenta muchas interrogantes, para lo cual tomaré a veces algunos de los argumentos hechos públicos en Servindi. Una primera cuestión es el carácter secreto que mantuvo la dirigencia de Aidesep respecto al contrato. Y ni siquiera me estoy refiriendo a publicitarlo para el público en general, sino darlo a conocer a los dirigentes de sus bases regionales. En efecto, el Consejo de Coordinación Ampliado de AIDESEP, en el que se reúnen dirigentes de las organizaciones regionales con la directiva nacional, se realizó en Agosto de 2012, pero ahí no informó del contrato con Petrobras firmado el 11 de julio de ese año. Más que un olvido involuntario, tratándose de una reunión tan importante para la vida institucional parece un acto deliberado.
Un hecho que ha sido señalado por muchos comentaristas y que también suscribo es que, hasta la firma del referido contrato, la diferencia entre la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y Aidesep era la dependencia financiera de la primera de las empresas petroleras y otras, y el rechazo de cualquier trato con estas por parte de la segunda que, en cambio, recurría a fondos de la cooperación internacional. ¿Cuál será la diferencia entre estas organizaciones en el futuro?
Resulta sorprendente la declaración hecha por Aidesep en su comunicado público de: “No podemos seguir dependiendo de la cooperación y donaciones como si fuéramos huérfanos”, en primer lugar, porque a pesar del contrato con Petrobras, que solo aporta una cifra muy pequeña dentro de su presupuesto, sigue dependiendo de dicha cooperación; y en segundo, porque no es lo mismo disponer de dinero sin condiciones para sus programas (más allá de las del buen uso de los recursos y, con frecuencia, trabajar algunos temas: género, cambio climático) que de fondos que la obligan a actuar de mediadora en caso de conflictos entre la empresa y comunidades afectadas por el desarrollo de sus actividades.
Es decir, la opción para mitigar y sortear los problemas radica en que las comunidades se familiaricen con la industria petrolera y sus mecanismos para proteger el medio ambiente y la sociedad. Son ellas las que deben hacer el esfuerzo para entender a la empresa y no al revés, y Aidesep se compromete a cumplir esta tarea el rol de intermediaria para acostumbrar a las comunidades a su presencia y actividades. Como claramente señala el contrato más adelante, Aidesep debe “Promover acciones para mantener relaciones armoniosas entre las comunidades nativas que integran a su organización y PETROBRAS”. Debe así jugar el papel de una especie de relacionista comunitario corporativo.La revisión de los objetivos del contrato, así como de los compromisos asumidos por las partes, están abiertamente orientados a fortalecer el punto de vista de la petrolera antes que los derechos de los pueblos indígenas representados por Aidesep. En efecto, señalar que uno de ellos es “mantener relaciones armoniosas entre las Comunidades Nativas y la Empresa Privada” implica priorizar la tranquilidad de la empresa ante los derechos de las comunidades. Los privilegios de la empresa se hacen aun más claros en una frase posterior que aclara que, para evitar conflictos entre las partes, “es fundamental encaminar esfuerzos para familiarizar a las comunidades con los aspectos más relevantes de la industria hidrocarburífera y sus controles para la protección del medio ambiente y de los aspectos sociales” (4).
Respecto al Plan de Vida Plena que, sostiene Aidesep, será financiado con los fondos entregados por Petrobras, tampoco parece haber mucha claridad. En sus comentarios publicados en Servindi (19 de octubre), Gil Inoach, expresidente de Aidesep, asevera que Aidesep tiene un Plan de Vida desde el año 2002 (5) y que este fue “gestado y elaborado de manera participativa en un proceso que duró un año porque se tenía que recoger la propuesta en los 11 departamentos amazónicos del país”. Se pregunta él si el actual Plan ha sido también elaborado mediante consulta con las bases o es creación de dirigentes y asesores. Se refiere igualmente a la afirmación de Aidesep incluida en su comunicado, en el sentido que la asamblea aprobó que el financiamiento del Plan debiera hacerse con recursos de las industrias extractivas amazónicas. Interroga: “¿Acaso esto significa que la asamblea le autorizó a AIDESEP suscribir acuerdos con las empresas petroleras?”.
Inoach señala que es cierto que en las asambleas de Aidesep siempre se trata acerca de los problemas de las comunidades para obtener mejores beneficios del mercado y se propone la búsqueda de mejores condiciones para las comunidades a través de alianzas estratégicas con el Estado y las empresas privadas. No obstante asegura que cuando los delegados “se refieren a empresas privadas, no se refieren precisamente a las empresas petroleras, se refieren más bien a las empresas que pueden comprar sus productos (piña, plátano, frejol, yuca, madera, arroz, etc.)”. Su último apunte sobre el tema es más bien una acusación al actual consejo directivo: “Otra cosa es que se trate de agarrarse de esos acuerdos para intentar probar la suerte de salir bien librado por los cuestionamientos que están saliendo. Creo que estos cuestionamientos no debieron salir si a tiempo se le hubiera informado a las organizaciones indígenas”.
Respecto al Plan de Vida tengo una observación más. Recientemente se ha lanzado una campaña de incidencia titulada “Territorios seguros para las comunidades del Perú”, impulsada tanto por organizaciones sociales (Confederación Campesina del Perú –CCP-, Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería –Conacami-, Confederación nacional Agraria –CNA-) como por ONG (Instituto del Bien Común –IBC-, Centro Peruano de Estudios Sociales –Cepes- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación práctica –CAAAP-, Instituto de Defensa a Ilegal –IDL-, Comisión Andina de Juristas- CAN- y otras). Ciertamente, Aidesep fue convocada a participar en este colectivo e inicialmente aceptó hacerlo, pero luego desistió señalando que la organización apuesta por “territorios de pueblos indígenas “y no de “comunidades nativas”.
No obstante el anterior deslinde, ahora en el Plan de Vida Plena de Aidesep aparece, como uno de los “ocho Ejes Programáticos”, el de “Saneamiento, Consolidación y Seguridad Territorial”, estimando en 988 las comunidades que deberían ser atendidas.
Un último comentario es respecto a la cláusula séptima del contrato:
“Las partes acuerdan que AIDESEP se compromete a mantener indemne y a eximir de cualquier reclamo, acción o demanda entablada en contra de PETROBRAS, sea de índole administrativo, penal, civil comercial, etc., sin que esta enumeración sea limitativa, por parte de integrantes de su organización que se relacionen con el presente convenio, sea de manera directa o indirecta”.
Es una cláusula que llama la atención desde su redacción: “las partes acuerdan que Aidesep se compromete…”. Como una de esas partes es Petrobras, simplificando la redacción la cosa suena así: “Petrobras acuerda que Aidesep se compromete…”. Ciertamente es una fórmula extraña que una parte acuerde a que el otro cumpla.
Pero más allá de esto, quiero trascribir la respuesta del jurista Bartolomé Clavero a la pregunta que le formulé sobre cómo debe entenderse la mencionada cláusula. Aquí su respuesta:
“La cláusula séptima del convenio entre AIDESEP y PETROBRAS entiendo que supone una renuncia general de recurrir a la justicia, tanto a la propia indígena como a la del Estado o como también a instancias jurisdiccionales internacionales, respecto a cualquier conflicto que surja, ya directa, ya indirectamente, de parte indígena a propósito del mismo convenio.
“Equivale a una renuncia general de derechos por vía contractual, lo que es inconstitucional.
“Cuando había esclavitud abierta y se planteaba su abolición, se sentó el principio constitucional de que tampoco cabe mediante la vía contractual de renuncia de derechos a cambio de manutención o retribución por trabajo; esto es, que no puede haber esclavitud por el consentimiento del esclavo.
“A efectos prácticos, a esto mismo equivale ahora la renuncia a las garantías judiciales, lo que se hace con dicha cláusula séptima. AIDESEP acepta el compromiso de privar a las comunidades indígenas de las garantías de sus derechos, esto es de los derechos mismos, a cambio de la subvención que recibe” (Ver Servindi, noviembre 7, 2012).
Ante una opinión tan clara, que además proviene de una autoridad en la materia, huelgan los comentarios. No se sabe aun en qué irán a desembocar estos problemas.
Las contradicciones en las que ha incurrido Aidesep al firmar el contrato con Petrobras son graves. No se trata de un error pequeño o de un acto de corrupción individual. Con el contrato Aidesep desmonta principios que le han dado solidez a lo largo de su vida.
La ausencia de un verdadero plan de vida que parta de la reflexión sobre el momento actual y que defina los rumbos y las estrategias para seguirlos explica esta desorientación. El peligro siempre es quedarse en el campo de las apariencias, y la única manera de superarlas es que las decisiones tengan raíces en las bases y los dirigentes no sean más que los portavoces de ellas.
Pero este es un tema que escapa a los alcances de estas reflexiones.
Notas:
(1) Por mencionar algunos de estos problemas: en la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio, Iquitos) el presidente era, a la vez, subgerente de la oficina encargada de pueblos indígenas del Gobierno Regional de Loreto, algo que era cuestionado por sus bases; y en la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian, Bagua) se agudizaban los conflictos entre ella y una de sus bases que en ese momento (y hasta ahora) mantenía cerrada oposición con la empresa minera canadiense Dorato instalada en su territorio, luego de negociados turbios entre sus ejecutivos y algunos altos funcionarios del gobierno del presidente Alan García.
(2) Ricardo Uceda, 2010. “Los imperdonables. Un amargo recuerdo de las sesiones del Consejo de Ministros de hace ocho meses, cuando la tragedia de Bagua era inminente. Las posiciones y las responsabilidades aún no asumidas”. PODER 360º (poder360.com). 15 de febrero.
(3) Sus alegatos están contenidos en un comunicado aparecido en la segunda semana de octubre de 2012, en el diario La República.
(4) A propósito de esto, los más importantes controles son los que las propias organizaciones indígenas han llevado a la práctica a través del monitoreo independiente y de la exigencia de reinyección de las aguas de formación. Aidesep debería saber que este ha sido precisamente uno de los logros históricos de la Feconaco. Trato sobre este tema en otra parte del presente trabajo.
(5) Este trabajo fue realizado con fondos de la GTZ.
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*Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace más de 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como:Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de numerosos ensayos y artículos.
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