La Corte Suprema de Brasil iniciará pronto un fallo sobre la constitucionalidad de un decreto que regula la concesión de títulos de propiedad a comunidades quilombolas. “Este decreto es una de varias medidas dirigidas a compensar por la deuda histórica de la Nación con las comunidades afectadas por siglos de dominación y violación de sus derechos”, señaló Rolnik.
La constitucionalidad del decreto número 4887/2003, del año 2003, fue cuestionada ante el Tribunal Federal Supremo de Brasil por el Partido Demócrata (DEM), con el apoyo de la Confederación Nacional de la Industria, la Confederación Nacional de Productores de Ganado y la Sociedad Rural de Brasil.
“Si el decreto fuera considerado inconstitucional, esto socavaría el derecho de las comunidades quilombolas a acceder a la tierra y los recursos naturales”, aseveró Rolnik. “Esto podría ir en contra de las obligaciones internacionales de Brasil, en particular bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
A pesar de ser reconocidos en la legislación nacional, los derechos de propiedad de las comunidades quilombolas han sido asegurados de manera muy paulatina, dejándolos en situación de extrema vulnerabilidad frente a desalojos forzados y amenazas de terratenientes, compañías mineras y proyectos de desarrollo que buscan tomar posesión de sus tierras y recursos naturales.
“La relación con la tierra y los recursos naturales está al centro de la vida de las comunidades quilombos”, dijo la experta independiente de las Naciones Unidas. “La fundación espiritual y material de sus identidades culturales se sostienen por su única relación con las tierras que tradicionalmente ocupan. Así, la tierra es más que una mera fuente de subsistencia; es una fuente para la continuación de sus vidas y de su identidad cultural”. Hoy en día, existen 1.408 comunidades quilombo oficialmente registradas en Brasil.
El decreto regula el procedimiento para la concesión de títulos a las tierras ocupadas por comunidades quilombolas, de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Brasil, tales como el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
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Raquel Rolnik (Brasil) fue designada como Relatora Especial para el Derecho a la Vivienda Adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en ese ámbito, por el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en mayo de 2008. Como Relatora Especial, es independiente de cualquier gobierno u organización. Como arquitecta y urbanista, Rolnik tiene una vasta experiencia en el área de vivienda y políticas urbanas.
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