Confinada en reservas superpobladas, creadas a principios del siglo XX, ¿qué les queda a la juventud de estos pueblos?
Por Cimi, en Rel-Uita
En el sitio del Consejo Indigenista Misionario (Cimi), esta semana, se leían dos titulares sobre la situación de los pueblos indígenas en Mato Grosso do Sul. En el primero, los Kaiowá y Guarani exigían la demarcación inmediata de sus tierras. El segundo informaba sobre el trágico número de 73 suicidios entre los indígenas en el estado de Mato Grosso do Sul, en 2013, el número más alto en 28 años.
La relación entre las dos historias no es accidental. Los Kaiowá y Guarani reafirman que la raíz del problema es la ausencia de tierras: confinada en reservas superpobladas, creadas a principios del siglo XX, ¿qué les queda a la juventud de estos pueblos?
Hay fuerzas políticas que organizan cenan en los salones del gobierno que defienden la tesis de que los pueblos indígenas no necesitan tierras. Sin embargo, los jóvenes Kaiowá y Guarani dicen: “en las reservas ya no tenemos más como cazar y pescar, no hay más florestas, y eso facilita la entrada de drogas, alcohol y violencia”. Y llegan a la conclusión: “Por eso, volveremos al territorio donde está nuestra origen”, completan.
Es bajo la luz de estos datos que se entiende la decisión de Doña Damiana Cavanhas, una líder indígena de 64 años, que resuelve retomar, por sexta vez, el territorio tradicional Apyka’i.
Desde 1999, la historia de Apyka’i es una sucesión de desalojos y reocupaciones, siempre cargadas de violencia: el campamento ha sido atacado al menos tres veces, un señor de 68 años recibió un disparo; dos incendios quemaron las chozas; y ocho personas están sepultadas en aquel lugar, todas víctimas de atropellamientos y de envenenamiento por agrotóxicos. Nadie ha sido responsabilizado por cualquiera de estos crímenes.
Para que las familias de Apyka’i tengan derecho a permanecer en sus tierras, justifican los jueces, será necesario que la Fundación Nacional del Indio (Funai) concluya el procedimiento de demarcación. En este punto, los indígenas y la Justicia Federal están de acuerdo: la única solución a los conflictos en Mato Grosso do Sul es la demarcación de las tierras.
Un Término de Ajuste de Conducta (TAC), firmado en 2007 entre la Funai y el Ministerio Público Federal (MPF), concedía un plazo de tres años para la finalización de los procedimientos administrativos de identificación y delimitación de las tierras Kaiowá y Guarani. Pasados siete años, lo único publicado es un informe circunstanciado.
El ministro de Justicia José Eduardo Cardozo intenta argumentar que este retraso se debe al “ajuste de derechos” para que los ocupantes de las tierras indígenas no busquen en la justicia la anulación de los procedimientos demarcatorios.
El gobierno argumenta que esto se logrará mediante las “mesas de diálogo” entre el poder público, pueblos indígenas y “propietarios rurales”.
El propósito de estas mesas se anunció después de los conflictos en la Tierra Indígena Buriti, del pueblo Terena, en 2013, cuando el poder judicial ordenó su toma de posesión y una operación de guerra fue articulada por la Policía Federal, con la participación de la Fuerza Nacional y la Policía Militar, con el objetivo de expulsar a los indígenas de sus tierras.
¿Cuál fue el resultado? Oziel Gabriel Terena asesinado por las fuerzas policiales. Nadie ha sido punido por esta muerte.
La “mesa”, instituida después del episodio, que prometía entregar la tierra indígena a los Terena en diciembre de 2013, aplazó de nuevo hasta julio de 2014, la posición final del gobierno federal con respecto a la propuesta de indemnización a los no-indios ocupantes de la región.
Viernes 30 de mayo, los Terena conmemoraron un año de la muerte de Oziel Gabriel y el único resultado anunciado por el ministro José Eduardo Cardozo, resultante de esta demarcación inaugurada en su gestión, es la reducción de la Tierra Indígena de Mato Preto, del pueblo Guaraní, en Rio Grande do Sul, de más de 4.000 hectáreas para cerca de apenas 600 hectáreas.
El ministro conmemoró este “ajuste de derechos” como una victoria, pero no pasó mucho para que los agricultores de la región se opusiesen y anunciasen que tampoco aceptarán que los indígenas queden con 600 hectáreas, así que seguirán con la judicialización de la demarcación.
De hecho, lo que existe es una “decisión del gobierno” de no demarcar las tierras indígenas en Brasil. Dichas “mesas de diálogo” violan el derecho constitucional fundamental de los pueblos originarios a sus tierras tradicionales.
La presidenta Dilma Rousseff y el ministro Cardozo “cenan” en los palacios del Planalto con los líderes de los terratenientes. Por el número de suicidios anunciados, la cuenta es muy cara y quien la está pagando es la juventud Kaiowá y Guarani.
–
Enviada para Combate Racismo Ambiental por Luciana Gaffrée.
Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando