Indígenas presos en México desconocen derechos que los asisten

Servindi – La cifra de indígenas presos en México bordea los ocho mil 500. Ellos son víctimas de discriminación, deficiente atención médica, carencia de recursos y escaso contacto familiar por la lejanía que suele haber entre los centros penitenciarios y sus comunidades.

A todo ello se suma el desconocimiento por parte de los miembros de las comunidades indígenas de los derechos que los asisten.

Así lo dio cuenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la misma que ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos de los indígenas que permanecen en reclusión en el país.

Derechos que los asisten

Actualmente hay 8 mil 486 personas indígenas recluidas en los centros penitenciarios de nuestro país, de las cuales 290 son mujeres y 8 mil 196 hombres, precisa un comunicado del citado organismo público autónomo.

Advierte también de que todos ellos son víctimas de falta de información sobre los derechos humanos que los asisten y desconocimiento de los beneficios de libertad anticipada que pueden solicitar de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, entre otros.

La CNDH llamó la atención, además, sobre el incumplimiento de lo que dicta la Constitución Política en lo que respecta a que los indígenas sean auxiliados por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

El trabajo de la CNDH

Según el comunicado, el Programa de Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión, lleva a cabo visitas regulares a los centros penitenciarios para brindar asesoría jurídica y realiza acciones de difusión de sus derechos.

En 2013 el Organismo constitucional realizó 612 trámites a favor de los indígenas privados de su libertad, ante autoridades penitenciarias del orden federal y las diferentes entidades del país, con el propósito de que se analicen los expedientes y determinar la procedencia de algunos de los beneficios de libertad anticipada.

El comunicado finaliza señalando que en las visitas se hace una revisión de los expedientes técnicos, jurídicos y médicos con la finalidad de documentar la situación de los internos pertenecientes a los diferentes pueblos originarios a fin de brindarles la atención que requieren.