Entre la derecha, los medios y el gobierno, los movimientos sociales buscan espacios para proponer sus reivindicaciones y aprovechar el momento de movilización social
Brisa Araujo – Desinformemonos
Las semanas anteriores a la explosión de manifestaciones en Brasil, los movimientos indígenas buscaban llamar la atención del gobierno federal por el derecho a la consulta y la demarcación de tierras. Con las actuales protestas, el tema indígena quedó olvidado de la agenda nacional. Para el militante indígena Sassá Tupinambá, del Tribunal Popular, esto no es una sorpresa, ya que nunca los tomaron en cuenta. Rafael Siqueira, del Movimiento Pase Libre (MPL), cree que la coyuntura política puede traer nuevas oportunidades para todos los movimientos.
“Se empieza a generar una cultura de acción directa en el país, y esto es algo bueno. Mostramos a la presidenta que la movilización en las calles logra que los gobiernos se muevan. Con o sin respuesta inmediata, es necesario estar en las calles”, defiende Siqueira.
“Los pueblos indígenas presionan el gobierno desde hace 10 años y en ningún momento nos recibieron para negociar nuestras demandas”, señala a Desinformémonos Sassá Tupinambá. Para él, la disposición del gobierno brasileño en hablar con los movimientos sociales es fruto exclusivamente del levantamiento popular iniciado en junio. Hoy, advierte, “los movimientos perciben la importancia de presionar el gobierno y de llevar sus reivindicaciones a las calles”.
El indígena tupinambá y militante del Tribunal Popular desde hace seis años considera que la coyuntura actual difícilmente cambiará las relaciones entre los pueblos indígenas y el gobierno en Brasil. El mes de junio, dice Sassá, muestra la diferencia de tratamiento a cada tipo de movimiento. Semanas antes de que las movilizaciones llevaran a cerca de 5 millones de personas a las calles de todo el país – dato estimado con la suma de los cálculos de la policía militar en cada una de las ciudades dónde hubo protestas – los indígenas munduruku ocuparon la obra de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el norte del país, donde murió un indígena. “También estuvo el caso guarani kaiowá, quienes sufrieron una muerte más este mes. Además, seis de ellos se encuentran presos, acusados de matar al dueño de una hacienda. También se registró la muerte en Sidrolândia, en la comunidad Terena de Buriti”, relató.
El problema de la lentitud y falta de interés en la demarcación de tierras indígenas no parece tener fin, aunque protesten. “Dilma se reunió con los terratenientes de la Unión Democrática Ruralista (UDR) con la presencia de la senadora y empresaria del ramo de la pecuaria, Kátia Abreu, para negociar su apoyo. Si no atiende a los pueblos indígenas es por su conveniencia, porque optó por una línea política que no es compatible con los derechos de los indígenas. Ella prefiere ignorarnos”, critica Tupinambá.
Aunque más optimista, Rafael Siqueira, quien estuvo reunido con la presidenta el pasado 24 de junio, también ve con cautela la apertura al diálogo por parte de la presidenta. “Es muy probable que solamente haya intentado contener la situación. Esperamos actitudes más progresistas de su parte, pero también evaluamos que es difícil que se presenten, por lo que el gobierno federal demostró hasta el momento”, comentó.
Siqueira considera que la reunión, aunque no llegó a soluciones efectivas, fue positiva para hacer públicas sus reivindicaciones y exponer puntos débiles del gobierno. “Dejamos claro que la presidencia no entiende nada de transporte público y mucho menos de tarifa cero. Y también pudimos expresar nuestra crítica a la represión a las manifestaciones, a la inoperancia de la presidencia con las alcaldías petistas, además de reforzar que la criminalización de los movimientos sociales no puede ser encubierta por la presidencia”, evaluó.
Con entrada de la presidenta en el escenario de las manifestaciones hubo, por un lado, el miedo de la izquierda de que estas se perdieran y, por otro, el efectivo intento de la derecha de apropiarse de las demandas manejadas por los manifestantes. Los grandes medios pasaron a calificar las marchas como una expresión de la clase media indignada contra los altos impuestos y la corrupción. “Los medios no dan espacio para la lucha del pueblo empobrecido, pero dedican mucho tiempo a los actos en contra de la burguesía, o enfatizan cuestiones que no son de interés público, como la vida privada de artistas o futbolistas, sobre quien gana o pierde los partidos de fútbol”, criticó Tupinambá.
Para los activistas, tanto los intentos de la derecha como el abordaje de los medios están lejos de ser reflejo de la realidad. “La derecha y la burguesía intentaron cooptar los movimientos, pero no lo pudieron hacer. Sus reivindicaciones no tienen un mínimo de respaldo popular y mucho menos de los movimientos sociales. Su intento muere sólo, y es lo que está sucediendo”, diagnosticó Rafael Siqueira.
Un análisis del carácter de las manifestaciones más recientes en São Paulo es, para Sassá, la mejor manera de darse cuenta de que los que siguen protestando no son parte de la clase media. “Intenté visitar a mi padre, que vive en la zona este de la ciudad y no pude llegar porque había movilizaciones en distintos puntos de la periferia. Lo que se ve son varios actos dispersos por la periferia, que es dónde vive la población empobrecida”, analizó. Las reivindicaciones de estas protestas, dijo, son muy distintas de las que aparecen en los medios. “Nosotros estamos en la calle por derechos, los impuestos y la corrupción no son nuestras demandas. La periferia lucha por el derecho a la salud pública, educación de calidad, habitación y contra la violencia policiaca”, señaló el miembro del Tribunal Popular.
La violencia policiaca es una de las demandas más fuertes entre la población pobre, comenta Sassá, y es otro de los temas que no pudo ser capturado por las clases medias. El militante afirma que hubo el intento de apuntalar la violencia generalizada de la sociedad como una de los temas, pero esto no convenció a la gente de la periferia. “Lo que se discute en las periferias es la violencia de la policía, una violencia sistemática que es llevada a cabo principalmente contra los negros y los indígenas, constantemente asesinados por la policía militar en las zonas periféricas de las ciudades”, expuso. Los medios, denunció Tupinambá, tienen su parcela de culpa: “Tratan la manifestación como actos de vandalismo. Para los medios, tirar una piedra a un policía que te está disparando no es defensa, es vandalismo. No clasifican lo que hace la policía como violencia, quien es violento para ellos es el que protesta”.
Para los militantes, lo que queda claro es que, independientemente de las respuestas del gobierno, las movilizaciones continuarán. “Empezamos a crear una cultura de acción directa en el país y esto es bastante bueno. Es la manera más legítima de obtener el control social sobre el estado y de presionar a los gobiernos”, evaluó Rafael Siqueira. El plebiscito prometido por la presidenta para realizar una reforma política en el país es una importante oportunidad, dice Sassá. “En los últimos 12 años, el único éxito de este gobierno fue proponer el plebiscito, en vez el referendo que quería la derecha – que no tiene ni siquiera valor de consulta, es apenas publicidad. Ahora es el momento para definir lo que queremos y el plebiscito es una herramienta importante, incluso para hacer el trabajo político de convencer a la gente”, evaluó Tupinambá.