Mediante carta dirigida al Presidente del Congreso, Luis Alva Castro, las ONG Aprodeh, Care-Perú, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DAR, CAAAP, Paz y Esperanza y Servindi, alertaron que el Ejecutivo estaría por firmar dicho acuerdo, sin respetar el artículo 56º de la Constitución Política.
“Debido a que dicho Acuerdo implica establecer un nuevo marco legal para la construcción de centrales hidroeléctricas en territorio peruano, debe cumplirse estrictamente con las disposiciones legales contenidas en la Constitución que establece que todo tratado que implique la modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución, antes de su ratificación por el Presidente de la República, debe ser aprobado por el Congreso”, menciona el documento.
El acuerdo permite que empresas brasileñas inviertan en la construcción de centrales hidroeléctricas destinadas al mercado interno peruano y la exportación de los excedentes de potencia y energía eléctrica al Brasil. La celeridad con que ha venido actuando el Gobierno en este tema, requiere del Poder Legislativo una actitud responsable y en concordancia con el mandato constitucional.
Peligro para pueblos indígenas
Asimismo, las ONG advierten que el ministerio de Energía y Minas no considere en el Acuerdo aspectos claves como por ejemplo el bienestar social y económico de las poblaciones afectadas a través del reconocimiento de sus derechos colectivos, participación y distribución equitativa de los beneficios.
De la misma forma, el documento cuestiona el Proyecto de Ley 3817/2009-PE remitido por el Ejecutivo, que promueve el desplazamiento de pueblos indígenas amazónicos y andinos por causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial, en el que se enmarcarían las hidroeléctricas de Inambari y Paquitzapango, entre otras.
Por su parte, algunas organizaciones de pueblos indígenas han expresado su preocupación y negativa por la firma de este acuerdo que no les ha sido consultado y que no considera mecanismos de participación de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo sostenible de la Amazonía.
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