Servindi, 9 de febrero, 2012.- El ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, y la representante del Movimiento por la Salud de La Oroya, Rosa Amaro, expresaron su preocupación por un proyecto de ley que, afirman, daría a la empresa Doe Run impunidad para contaminar la ciudad de la Oroya al reiniciar sus operaciones.
El referido proyecto, presentado por el congresista Casio Faustino Chuquichaico, de Alianza Parlamentaria, daría 24 meses de plazo a la empresa Doe Run construya su “Planta de Ácido sulfúrico y modificación del circuito del cobre” para dar cumplimiento con el postergado Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual comprende diferentes medidas para evitar la contaminación ambiental.
El exviceministro aseguró que la medida daría impunidad a la empresa para seguir contaminando la zona, en conferencia de prensa realizada el 7 de febrero y organizada por Cooperacción.
“Este proyecto de ley pretende otorgarle varias concesiones a una de las mineras más contaminantes del país. Hay varios artículos que nos preocupan. Es una propuesta flexible, sumamente favorable para la empresa y en contra del bienestar de la población” afirmó José de Echave
Para De Echave, no existen garantías de que la empresa cumpla con sus compromisos ambientales, debido al largo historial de incumplimientos de la Doe Run de su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Desde el año 1997, la empresa ha incumplido con 9 proyectos de inversión necesarios para reducir su impacto en el ambiente, explicó el exviceministro.
“Existen todos los indicios de que esta vez sea otro proceso poco serio. Además, el proyecto de ley le deja abiertas varias puertas a la minera. Hay un artículo que le da las facilidades para exonerarla de las numerosas multas y sanciones pendientes. Y otro en el que se le otorgarían nuevas prórrogas para el cumplimiento de los proyectos de inversión pendientes”, puntualizó De Echave.
“Con estas concesiones a Doe Run le daríamos un pésimo mensaje a los inversionistas. El que no cumple con los acuerdos termina siendo el más favorecido”, señaló.
De igual modo, exigió una “mayor transparencia y firmeza en el manejo de la demanda de arbitraje por US $ 800 millones de dólares de Renco Group contra el Estado peruano”.
Preocupación por la salud
Por su parte, Rosa Amaro, representante del Movimiento por la Salud de La Oroya, expresó las dudas de la población sobre el impacto que tendrá la reapertura del complejo metalúrgico en la salud de la población.
“Hoy se demuestra que al no funcionar el complejo metalúrgico los niveles de plomo (en la sangre de la población de la Oroya) han bajado, pero si vuelve a funcionar el complejo metalúrgico, ¿cuál va a ser el impacto en la salud sobretodo de los niños?”, cuestionó.
“Como población queremos que las leyes sean más estrictas con respecto a la salud. No estamos en contra de los trabajadores ni de la empresa, queremos que se nos respete, porque tenemos derecho a la vida, a la salud, queremos un ambiente sano también”, añadió Amaro.
Igualmente, exigió que se realicen convenios entre médicos de la Oroya y hospitales de Estado para que mejore la atención médica en su ciudad.
Por otra parte, la representante del Movimiento por la Salud de la Oroya, exigió una mejora en los estándares de calidad del aire y que no sólo se dé importancia a la presencia de plomo en la sangre de los pobladores de La Oroya, sino que también se tenga en cuenta la presencia de cadmio y arsénico.
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