Servindi – Luego de tres años de silencio gubernamental, el portal web de investigación Ojo Público reveló la lista completa de pueblos y comunidades indígenas que el gobierno mantuvo oculta con el fin de evitar los procesos de consulta previa en áreas de alto interés para empresas mineras. El reportaje también revela la contratación de consultores privados para identificar la autenticidad indígena de las comunidades.
Ante el temor de perder la inversión privada en proyectos mineros, el gobierno justificó en los últimos años la omisión de los procesos de consulta previa en comunidades indígenas, especialmente andinas, con el argumento de que la Base de datos oficial no estaba aún culminada.
Sin embargo, Ojo Público reveló que desde diciembre de 2012 existe una lista preliminar presentada por el Viceministerio de Interculturalidad ante la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), y que este organismo postergó su reconocimiento y difusión.
Según el sitio web, la lista preliminar indica que existen “5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos”.
La lista de pueblos y comunidades fue producto de una norma aprobada para identificar a estas comunidades e integrarlas a una base de datos. La tarea recayó en manos del Viceministerio de Interculturalidad, adscrito al Ministerio de Cultura.
Rosa María Ortiz, actual ministra de Energía y Minas, admitió en una entrevista con el mismo medio que sus antecesores no tuvieron voluntad política de aplicar procesos de consulta previa y aprobaron proyectos mineros en zonas indígenas que eran de su conocimiento gracias a la base preliminar entregada en 2012.
Reconoce también la contratación de consultores privados que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó desde el 2012 hasta junio de 2015, con la función de identificar a las comunidades indígenas.
Sin embargo, la tarea encargada se realizó sin la intervención ni asesoría del Ministerio de Cultura, entidad rectora del proceso de consulta.
La investigación revela además que los informes generados justificaron la aprobación de proyectos mineros sin que se aplique la consulta previa.
El reportaje de investigación fue elaborado por Nelly Luna Amancio y Vanessa Romo.
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Foto: Miguel Mejía
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