Piden al Estado peruano titular propiedad de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto

Servindi – La Red Territorios Visibles, que es impulsada por instituciones dedicadas a la investigación en América Latina, solicitó al Estado peruano la entrega del título de propiedad a la comunidad asháninka Alto Tamaya-Saweto, cuyos dirigentes fueron asesinados a inicios del mes de setiembre por defender sus tierras de la tala ilegal de madera.

A través de un extenso informe, la Red llamó la atención también sobre la situación de vulnerabilidad de muchas comunidades nativas y campesinas y sus dirigentes que no cuentan con apoyo del Estado.

La organización consideró, además, que el incumplimiento estatal para la titulación desprotege el derecho fundamental a la propiedad comunal y junto con él, todos los otros derechos y expresiones de la pluralidad étnica y cultural de la nación peruana.

Compartimos a continuación el citado informe:

Red Territorios Visibles solicita al Estado peruano titular la propiedad de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto y la investigación y sanción a los responsables del asesinato de cuatro de sus dirigentes

El 1 de septiembre de 2014, cuatro dirigentes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto fueron asesinados por defender su territorio de la tala ilegal de madera. Durante diez años, estos dirigentes solicitaron insistentemente al Estado peruano que proteja sus tierras a través de la entrega de un título de propiedad comunal, de la cancelación de las dos concesiones forestales superpuestas a su territorio y de la adopción de medidas de protección ante el avance de la tala ilegal y del narcotráfico.

Lo ocurrido a inicios del mes de septiembre evidencia la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchas comunidades nativas y campesinas del Perú, así como sus dirigentes e integrantes, pese a que intentan por diferentes medios contar con el apoyo estatal.

Alto Tamaya-Saweto es una de las 1 157 comunidades nativas y campesinas del Perú que no cuentan con un título de propiedad de sus tierras. Adicionalmente, las que tuvieron la posibilidad de obtener su título -alrededor de 6 381 comunidades- tampoco pueden utilizarlos en todos los casos para la defensa de sus tierras, pues solo 2 055 (32%) títulos tienen un soporte gráfico (coordenadas espaciales), que les permita reivindicar los límites exactos de su propiedad.

Todos esos problemas contradicen la Constitución Política de Perú de 1993 y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, pues con el incumplimiento en la entrega de títulos más su soporte gráfico, se desprotege el derecho fundamental de propiedad comunal y junto con él de todos los otros derechos y expresiones de la pluralidad étnica y cultural de la nación peruana.

Los resultados en este escenario son previsibles: por un lado, más concesiones de minería, hidrocarburos y madera que concede el Gobierno aprovechando la falta de títulos o de coordenadas claras del territorio comunal; por otro lado, otras tantas personas o empresas informales que utilizan el territorio comunal para la explotación ilegal de madera, minerales o la producción de cultivos ilícitos (narcotráfico), y en medio de ambas fuerzas, las comunidades campesinas y nativas que no solo pierden el acceso y uso de su territorio, sino también la vida de sus dirigentes y pobladores.

Basta observar el siguiente gráfico Nº 1 para entender por qué la principal causa de conflictos sociales en las zonas rurales del Perú está relacionada al avance de las industrias extractivas. Según la Defensoría del Pueblo, en agosto de 2014, solo por cuestiones de minería e hidrocarburos se registraron ciento diez conflictos sociales.

Gráfico Nº 1

Sin embargo, no solo en el Perú, personas o autoridades de comunidades nativas, comunidades campesinas y pueblos indígenas intentan defender sus tierras o territorios, incluso a costa de sus propias vidas, frente al avance de las industrias extractivas.

En Colombia, con ocasión del Plan Nacional de Desarrollo y la puesta en marcha de la denominada “Locomotora Minero-energética”, se ha dado un crecimiento importante de la cifra de protestas sociales relacionadas a las actividades extractivas, al punto tal que actualmenterepresentan el 7,61% del total de luchas sociales del periodo 2010 y 2013, cuando entre 1975 y 2009 solo representaban el 0,31%.

Las personas y organizaciones que protestan en Colombia son sujeto de persecución y su conducta es criminalizada. Según un informe de Global Witness, Colombia es el quinto país del mundo con más asesinatos de ambientalistas: solo entre 2002 y 2013 fueron asesinadas cincuenta y dos personas. Sin embargo, establecer una cifra exacta de cuántas personas han muerto defendiendo sus territorios es difícil ya que, por lo general, esta clase de asesinatos se atribuyen al conflicto armado interno que hace décadas asola el país, obviando que se trata de disputas por la tierra, los recursos y el territorio.

Lo poco que se conoce sobre asesinatos de personas por cuestiones de tierras tiene relación con la actual política de restitución de tierras despojadas y abandonadas. Según la Comisión Colombiana de Juristas (2011), más de cuarenta y siete campesinos vinculados a procesos de reclamación de tierras habrían sido asesinados en los últimos tres años. La Defensoría del Pueblo, por su parte, señala que entre 2006 y 2011 asesinaron a por lo menos 71 líderes de procesos de restitución de tierras en catorce departamentos.

Por otra parte, en Argentina, entre 1991 y 2013, también se han registrado veintinueve muertes de campesinos, campesinas e integrantes de pueblos originarios que defendían su territorio, veintidós de ellas ocurrieron en el norte del país, en provincias que integran la región chaqueña argentina como Chaco (8), Formosa (6), Santiago del Estero (5) y Salta (3). Las razones de estas muertes son la represión desmedida de las acciones de protesta civil, el actuar impune de guardias privados y de la policía al intentar desalojar a pobladores rurales.

Los hechos descritos en el párrafo anterior recrudecieron a partir del año 2000, a la par que se activaba el mercado de tierras para explotaciones agrícolas, ganaderas o de hidrocarburos a gran escala. En efecto, desde entonces, aumentaron los casos de dirigentes campesinos e indígenas detenidos arbitrariamente o con causas penales por ejercer la legítima defensa de su territorio. Esto último, pese a existir leyes como la 26.160 que prohíbe los desalojos de comunidades indígenas, o propuestas como la Ley de Freno a los Desalojos Campesinos “Cristian Ferreyra”, bautizada así por las organizaciones en memoria de una de las últimas víctimas de la violencia en el campo.

Bolivia, por su parte, cuenta desde el año 2009 con un nuevo marco jurídico de protección de los derechos de los pueblos indígenas (Constitución Política), sin embargo este no ha impedido actos de represión estatal contra movilizaciones de protesta de organizaciones indígenas y campesinas. El hecho más conocido fue la represión policial a la octava marcha indígena del 25 de septiembre de 2011, la cual fue protagonizada por los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia y organizada por la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) en rechazo a la construcción de la carretera que atravesaría el corazón del bosque virgen del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure). Hasta hoy se investiga quién ordenó la represión policial, el hecho es que se aprehendió violentamente a más de doscientos cuarenta indígenas, por lo cual en último caso la responsabilidad política compromete al gobierno boliviano.

Lo preocupante del caso boliviano es el cambio de postura del gobierno en relación con el original discurso indígena y ambientalista, pues este va siendo reemplazado por una visión de desarrollo basado en el extractivismo de los recursos naturales donde no se respetan los derechos legítimamente conquistados por los pueblos indígenas como el derecho a la consulta.

En vista de este panorama generalizado de pérdida de derechos territoriales de las comunidades y las personas en condición de vulnerabilidad de la región latinoamericana y, en concreto, a raíz de la trágica muerte de los cuatro dirigentes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto en Perú, la Red Territorios Visibles, Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio, solicita al Estado peruano: (1) otorgar el título de propiedad comunal a la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto; (2) investigar y sancionar a los responsables del asesinato de los cuatro dirigentes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto; (3) ampliar el alcance del actual proyecto de titulación y registro de tierras rurales (PTRT3) con un mayor número de comunidades a titular y la georeferenciación de los títulos otorgados sin soporte gráfico; y (4) corregir los problemas de superposición entre áreas concesionadas para la explotación de recursos naturales y los territorios de comunidades nativas y campesinas.

Finalmente, le recordamos al Estado peruano su deber de garantizar los derechos de las comunidades reconocidos en el Convenio 169, en tanto se constituyen como la principal forma de agrupación territorial de los pueblos indígenas del país.

La Red Territorios Visibles, Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio, es una iniciativa impulsada por Acción Campesina de Venezuela, FUNDAPAZ y REDAF de Argentina, Fundación TIERRA de Bolivia, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y CEPES de Perú con el objetivo de realizar un seguimiento permanente a la problemática de la tierra y el territorio en la región latinoamericana.