Desmienten versiones que señalan que piden un millón y medio de soles por trabajador
Servindi – Representantes de la comunidad nativa awajún de Supayacu, en la provincia cajamarquina de San Ignacio, anunciaron que se reunirán con autoridades de Lima a fin de exigir la nulidad de la resolución que autoriza a la empresa Águila Dorada operar en la cabecera de la cuenca del río Chirinos.
Informaron también que el trabajador de la minera identificado como Jaime Núñez Fernández, de 52 años, y a quien mantienen retenido desde el 10 de febrero, se encuentra bien de salud y está siendo atendido por la comunidad.
En diálogo con Servindi un representante de la comunidad afirmó que el fiscal que llegó a la zona corroboró el martes último que “el trabajador se encuentra en buenas condiciones, se le está dando alimentación” y que se está a la espera de que se “agilice la documentación para que esto se pueda terminar”.
Como se recuerda, las actividades de exploración en la zona se iniciaron tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero, a fines del año pasado.
En ese sentido, Albercio Bazán, presidente de la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), sostuvo que “el pueblo de Supayaku pide la nulidad de la resolución emitida por el Ministerio de Energía y Minas.”
De igual modo, exigen el retiro de la maquinaria, de los equipos y personal que se ha instalado en la cabecera de la cuenca del río Chirinos en una zona boscosa de más de 78 mil hectáreas.
Por qué piden el retiro de la empresa
El lunes 10 de febrero miembros de la comunidad de Supayacu detuvieron a Jaime Núñez Fernández quien se desempeña, según los que lo detuvieron, como ingeniero agrónomo.
Sin embargo, sobre las circunstancias exactas de la detención, a la fecha no hay total claridad. Según relató Bazán Jempekit, él y otras autoridades se enteraron de ésta cuando se encontraban fuera de la comunidad.
Conocida la noticia, explicó el dirigente, hicieron las gestiones para llegar hasta el lugar con una comisión de autoridades de la Municipalidad Provincial de San Ignacio.
Según consta en el acta suscrita por las autoridades, el representante de la Fiscalía Provincial fue testigo del buen estado del ciudadano retenido.
El temor de los nativos a las operaciones de la empresa responde a que éstas se desarrollan en la cabecera de la cuenca del río Chirinos que divide a Supayacu, en el distrito de Huarango, de Los Naranjos, en el distrito de San José de Lourdes, ambas comunidades ubicadas en la provincia de San Ignacio.
De este río y de los bosques de la zona es de donde extraen sus principales recursos.
Neire Unkuch, coordinador de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, advirtió que los habitantes de Supayacu consideran que pese a no figurar en los estudios de la empresa como zona impactada directamente por la actividad minera, debieron de haber sido consultados.
La lucha de Supayacu no es nada nueva. El conflicto con la minera data de hace cuatro años, el mismo que fue identificado por la Defensoría del Pueblo desde el año 2011.
El mes de octubre del año pasado, representantes de la comunidad se reunieron con representantes del Gobierno sin resultados concretos.
“Buscamos ser respeta nuestros derechos, somos dueños de la tierra y estamos ahí desde antes de la conformación del Estado”, aseveró Unkuch en una breve entrevista.
Nunca pidieron dinero
El presidente de la ORFAC negó la versión difundida por algunos medios como El Comercio que afirman que un grupo de nativos exigen un millón y medio de soles a cambio del trabajador retenido.
Bazán Jempekit argumentó que prueba de que los medios mienten es que dicho pedido no figura en ningún acta.
De igual forma se expresó Unkuch Jempekit, quien rechazó que se diga que los nativos de Supayacu son secuestradores, y que en otros medios se llegue incluso a usar imágenes de gente con armas de fuego como si se tratase de ellos.
En esa mismo sentido, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) condenó que algunos medios en lugar de tratar el tema como un “conflicto sociambiental no resuelto por la desidia de las autoridades”, lo aborden de manera “tendenciosa” y señalando que la comunidad exige una cantidad millonaria para liberar al trabajador retenido.
El representante de la Municipalidad de San Ignacio rechazó también que se venga señalando que habitantes de la comunidad de Los Naranjos estén “preparándose para ir por su cuenta a rescatar al trabajador secuestrado”.
De otro lado, los entrevistados acusaron a representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) de “trabajar” a favor de la empresa y en perjuicio de las comunidades. Así lo señala un comunicado de la ORFAC con fecha 12 de febrero (ver al final de la nota).
Salida pacífica
Unkuch informó que ayer jueves durante una reunión de la Mesa de concertación de lucha contra la pobreza de San Ignacio, se acordó que mañana se desarrolle una mesa de diálogo a la cual han invitado a participar a Vladimiro Huaroc, Alto Comisionado de la Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Manifestó, además, que se viene coordinando que no ingrese la policía ni las fuerzas armadas a las comunidades.
“No queremos la violencia, no quieren ingreso de agentes policiales, queremos que la situación se resuelva de manera pacífica, porque los awajún y los policías son hermanos”, enfatizó.
Albercio Bazán, sostuvo que desde la mañana de hoy vienen llegando a la comunidad habitantes de las diferentes comunidades del distrito de Huarango y de la región Amazonas.
Destacó de otra lado que es falso que el cien por ciento de Los Naranjos esté a favor de la minera, tal como señalan algunos medios.
Cabe destacar, que la actividad de exploración de la minera se inició la primera semana de noviembre del año pasado.
Ante ello, la comunidad con la asesoría de Fedepaz interpusieron una demanda de amparo contra la resolución de autorización de inicio de actividades de exploración y la resolución de autorización automática de declaración de impacto ambiental presentado por la empresa.
No obstante, hasta la fecha el Quinto Juzgado Constitucional, con sede en Lima, no ha notificado la resolución admitiendo o no dicha demanda.
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Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC)
Sede Central “Supayacu”
Pronunciamiento
A la opinión pública local, del Perú e internacional, a pueblos hermanos indígenas del Perú y el mundo
1. Expresar a las autoridades, a los medios de prensa, de manera especial nos dirigimos a nuestros hermanos indígenas del Perú y el mundo para manifestar que frente a las diversas comisiones, visitas, documentos presentados por los dirigentes Awajún de la Organización Fronteriza Awajún de San Ignacio – Cajamarca “Supayaku” junto con las autoridades provinciales de San Ignacio, para que el Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso de la República, el Presidente de la República, entre otras autoridades del Estado Peruano, intervengan para que se suspenda las actividades que se está realizando por parte de la empresa minera “Águila Dorada SAC”, que viene realizando labores de exploración minera en la cabecera de nuestra cuenca de donde nacen las aguas del Río Chirinos, agua que consumimos diariamente 09 comunidades awajún y poblaciones mestizas del distrito de Huarango y Provincia de San Ignacio.
2. Lamentamos que el actual Gobierno Nacional y el anterior no nos hayan escuchado, ni prestado atención a este serio problema que atravesamos en nuestras comunidades a raíz de la presencia de la empresa Minera “Águila Dorada SAC”.
3. La empresa minera “Águila Dorada” ha desarrollado un acercamiento con los dirigentes de la hermana Comunidad nativa de Naranjos – Distrito de San José de Lourdes, habiendo conseguido un Convenio para realizar sus labores de exploración minera, bajo Métodos conocidos por todos de brindar facilidades Económicas, a cambio de conseguir la autorización para que realicen sus actividades mineras, desconociendo totalmente que los trabajos de exploración y peor de explotación perjudican directamente esta cuenca fronteriza, el río Chirinos.
Es decir la prepotencia y el abuso del dinero, han primado por encima de los intereses colectivos y sobre todo de atentar contra la salud y el medio ambiente de esta cuenca fronteriza.
4. Denunciamos públicamente al dirigente de AIDESEP Saúl Puerta Peña y su hermano Cervando Puerta Peña, por ser los principales promotores de la presencia de la empresa minera “Águila Dorada” y los responsabilizamos de lo que pudiera suceder en nuestras comunidades nativas, pues lejos de estar al lado de los legítimos intereses de las comunidades nativas, de proteger nuestras tierras, bosque y la riqueza ambiental, dichos hermanos defienden abierta y descaradamente a la empresa minera “Águila Dorada”, y se han convertido en sus principales defensores, abandonando a las bases y la población awajún a quienes deben representar. El Perú y el mundo deben saber que nuestros dirigentes de AIDESEP, ahora son los que representan a las empresas mineras.
Las 09 comunidades nativas awajún de Supayaku, no solo lamentamos la actitud pro minera de los hermanos Saúl y Cervando Puerta Peña, sino que los denunciamos públicamente, pues lejos de buscar una solución pacífica y dialogada al problema socio ambiental de nuestras comunidades, están pidiendo la intervención policial para reprimir a la población awajún de Supayaku, conducta nunca vista por un poblador awajún, menos por un dirigente al frente de nuestra histórica y gloriosa AIDESEP, por lo que responsabilizamos de cualquier hecho lamentable de violencia que pudiera suceder en nuestras comunidades.
5. Finalmente expresar que el pueblo awajún de Supayaku, ha retenido al ciudadano Jaime Núñez Fernández – funcionario de la empresa minera “Águila Dorada”, y se está solicitando la conformación de una Mesa de dialogo que deberá estar conformada por el Ministro de Energía y Minas, el Presidente del Consejo de Ministros, representante de la Defensoría del Pueblo, Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de San Ignacio, Alcalde Provincial de San Ignacio y representante de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico San Francisco Javier, con la finalidad de ser escuchados y poner fin al problema que se ha originado por la empresa minera “Águila Dorada” y algunos dirigentes de AIDESEP.
6. ORFAC, y el pueblo awajún de Supayaku, reitera y ratifica su firme convicción del respeto a los derechos humanos, a la solución pacífica de los conflictos generados por elementos externos de nuestra comunidad, rechazando enérgicamente cualquier actitud violentista, invocando a las fuerzas policiales a mantener una actitud vigilante, respetando los derechos humanos y el respeto a nuestras costumbres ancestrales, tal como está estipulado en el Convenio 169 de la OIT.
7. Reconocemos la voluntad de dialogo y el respeto mostrado por las autoridades de la provincia de San Ignacio, que llegaron hasta nuestra Comunidad para tratar de resolver este problema, pero lamentablemente no esté en sus manos ni en sus decisiones resolver el conflicto originado por la presencia ilegal y prepotente de la empresa minera “Águila Dorada”.
8. Por lo tanto; solicitamos a las autoridades competentes los siguiente:
Que la empresa minera retire y cese sus actividades de exploración. Puesto que NO se consultó a la comunidad nativa sobre los posibles impactos positivos y/o negativos de las actividades del proyecto minero YAGKU ENTSA, siendo afectados los derechos colectivos de las comunidades en mención y que dicha exploración omite el ejercicio legítimo de sus derechos para otorgar su autorización con relación al proyecto minero YAGKU ENTSA.
Que se deje sin efecto la Resolución Directoral N° 229-MEM/DGM, del 06 de Setiembre del 2013, puesto que el derecho a la consulta en el art. 6 precisa “1 Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados.
b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente.
c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de sus pueblos.
9. Emplazamos a nuestra organización AIDESEP a pronunciarse claramente sobre esta situación de conflicto, que tiene entre sus autores a miembros como es el Sr. Saúl Puerta Peña.
Supayaku, 12 de febrero del 2014.
Atentamente,
Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca – Sede Central “Supayacu”
San Ignacio – Perú
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