Falta de transparencia en el sector energético. Una situación injustificable en el Perú

Estamos atravesando de la cultura del secreto y el silencio a la afectación de derechos ciudadanos.

Servindi – A pesar que se trata de un sector público que maneja proyectos de varios miles de millones de dólares el sector Energía tiene un elevado déficit en transparencia y acceso a la información, hecho que preocupa a la sociedad civil y a instituciones como la Defensoría del Pueblo.

Así lo evidencia una investigación de la asociación Desarrollo Ambiente y Recursos Naturales (DAR) que concluye que en el sector energético del Estado existe un gran desconocimiento sobre sus funciones de transparencia y acceso a la información.

Observa además que existe una débil institucionalidad en la evaluación y aprobación de proyectos energéticos; y que las políticas públicas del sector energía no aseguran que las decisiones gubernamentales sean estratégicas y promuevan la seguridad y soberanía energética del país.

Otro hallazgo es que las instituciones no cuentan con mecanismos de acceso a la información que consideren las diversas lenguas, intereses, acceso a tecnología y medios de comunicación que tienen los peruanos de distintos lugares del país, lo que dificulta el ejercicio de este derecho.

El diagnóstico resulta de evaluar dieciséis instituciones públicas del sector energía y es el primer estudio sobre el cumplimiento de la transparencia y ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública a la luz de la ley y los principios de la gobernanza realizada en el sector energético.

Afectación ciudadana

Al comentar el informe, Fernando Castañeda, adjunto para los Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, destacó que en el sector energético “hemos pasado de la cultura del secreto a la afectación del ciudadano en su dignidad o la cultura del silencio”.

Ello debido a que muchas instituciones no responden los pedidos de información que la población envía, y enfatizó que es necesario implementar mecanismos de transparencia principalmente en las zonas donde hay pobreza.

Castañeda afirmó que es necesario crear una Comisión de Información que supervise se cumpla el derecho a la información y fortalezca la institucionalidad para contar con criterios uniformes de implementación de la Ley que aseguren predictibilidad.

También anunció que la Defensoría del Pueblo ha elaborado con apoyo del Banco Mundial una propuesta para crear una Autoridad Autónoma de Transparencia para tener información oportuna y comprensible, que se espera sea aprobada en breve.

Portales web no son suficientes

Epifanio Baca, responsable del Área de Atención Ciudadana del Grupo Propuesta Ciudadana, destacó la necesidad y el desafío de implementar actividades de capacitación a dirigentes, líderes y organizaciones locales.

Ello en consideración a que los mayores afectados por los proyectos energéticos se encuentran en zonas alejadas y tienen limitaciones para comunicarse con las instituciones públicas.

Epifanio resaltó que los mayores avances en materia de transparencia se expresan en la mejora de los portales web institucionales, que en la mayoría de casos se deben a la gran demanda de información de la sociedad civil.

Planeamiento estratégico

Pedro Gamio, de la Plataforma Latinoamericana de Energía Sostenible y Equidad (PLESE) enfatizó en la necesidad de tomar decisiones sobre la base de un planeamiento estratégico en el sector energía y la necesidad de ingresar a un proceso de reforma estructural del Estado para una gestión predecible.

Acompañando ese proceso se requiere empoderar a la ciudadanía mediante la transparencia para contribuir con la mejora de la institucionalidad, manifestó Gamio.

Por su parte César Gamboa, Director Ejecutivo de DAR, sostuvo que es vital asegurar el ejercicio de derechos como la transparencia y acceso a la información pública para generar un adecuado y favorable contexto para las inversiones.

Ello fortalece la institucionalidad estatal en su actuación y en el cumplimiento del Estado de Derecho, y además fortalece la confianza de la ciudadanía e inversionistas en el país, además de minimizar la conflictividad social, dijo Gamboa.

Presentación

Los resultados de la investigación se presentaron el martes 17 de diciembre. Aída Gamboa, coordinadora de la investigación, señaló que “para la promoción de múltiples proyectos energéticos se hace necesario aplicar mecanismos de transparencia que permitan que los ciudadanos reciban información clara, precisa, culturalmente comprensible y oportuna para que ello ayude a prevenir conflictos sociales.

Según el informe, se puede observar no solo el grado de cumplimiento e implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información por parte de las instituciones evaluadas, sino también los retos para la mejora de la transparencia y ejercicio de derechos a fin de alcanzar una óptima gobernanza energética.