Mais de 180 organizações internacionais de 26 países, capitaneadas pela Mining Watch Canada, o Centro por el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), FIAN Internacional, a Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA) e a Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA) já assinaram carta com críticas ao comportamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA em relação aos retrocessos nas medidas cautelares sobre a Mina Merlin, na Guatemala, e sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Brasil. O documento é dirigido a Santiago A. Cantón, Secretário Executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e protesta contra o fato de a CIDH ter determinado aos governos dos países correspondentes a suspensão das obras e, depois, recuado. Sua adesão pode ser enviada para [email protected]. Abaixo, o texto da carta:
“Retrocesos de medidas cautelares en casos de proyectos de desarrollo a gran escala
Estimado Sr. Cantón:
Los grupos de la sociedad civil que suscriben la presente, que trabajamos en la protección de losderechos humanos y el medio ambiente en los países americanos, deseamos expresar nuestrapreocupación por las decisiones que recientemente ha tomado la Comisión Interamericana de DerechosHumanos (CIDH), que merman la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Hemos observado un giro inquietante de la CIDH al haber modificado o revocado medidas cautelares que hubiesen evitado daños irreparables en las comunidades amenazadas por proyectos de desarrollo a gran escala. Esta tendencia, contraria a los principios del derecho internacional de los derechoshumanos y al mandato de la CIDH según lo establece la carta de la OEA, podría privar a un incalculable número de indígenas, afrodescendientes y comunidades locales de un recurso inmediato y eficaz.
En este sentido la decisión más reciente de la CIDH se tomó el 7 de diciembre de 2011. LaCIDH modificó las medidas cautelares que protegían a 18 comunidades indígenas maya mam y mayasipakenses afectadas por una mina grande de oro a cielo abierto —la Mina Marlin— en el altiplano occidental de Guatemala. La CIDH revocó su resolución de solicitar la suspensión de operaciones de la Mina Marlín a pesar de que las personas afectadas, respaldadas por estudios independientes, demandaban que dicha mina contamina el agua potable de las comunidades, posiblemente afectando la salud pública y amenaza la seguridad personal de defensores del medio ambiente poniendo en riesgo el tejido social de las comunidades.
Efectivamente esta revocación deja sin protección ni acceso a defensa a 18 comunidades indígenas ante los impactos sobre el ambiente y los derechos humanos derivados de las operaciones dela mina. Sin la orden de suspensión del proyecto, ya no existe incentivo para asegurar que el Gobierno de Guatemala proteja los derechos de las comunidades y realice las investigaciones correspendientes en este caso. De hecho, tanto la empresa minera como el Gobierno de Guatemala han utilizado esta modificación de las medidas cautelares para desacreditar públicamente las demandas de las comunidades y justificar de este modo que la mina continúe operando a pesar de que las medidas necesarias para proteger las comunidades no han sido debidamente implementadas.
Asimismo, la revocación de la decisión de la CIDH en el caso de la Mina Marlin es sólo el ejemplo más reciente de una tendencia hacia un retroceso en la ejecución de medidas cautelares resultado de presiones gubernamentales en casos donde los derechos de las comunidades se encuentran amenazados por proyectos a gran escala. En agosto de 2011, la CIDH también modificó su petición al Gobierno de Brasil por la que se solicitaba al Gobierno detener la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, actualmente en contrucción sobre el Río Xingu, estado de Pará, la cual perjudicará a cientos de comunidades indígenas y campesinas. El gobierno de Brasil, en un claro intento de presionar a la CIDH, reaccionó ante las medidas cautelares retirando a su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y suspendiendo su aporte financiero anual. Según la prensa brasileña, el gobierno normalizará sus relaciones con la OEA sólo “después de que la CIDH,entidad responsable del conflicto, sea reformada.” Del mismo modo, el gobierno se ha negado a dialogar con las víctimas y con la CIDH, y no se presentó a una reunión en las oficinas de la CIDH en Washington del Grupo de Trabajo en la que participó un dirigente indígena que viajó desde el Amazonas.
La CIDH también ha reconocido que, según el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos cuando son amenazados por entes privados, incluyendo las corporaciones que ejecutan proyectos de desarrollo a gran escala como carreteras, represas y minas. Según la CIDH, “se debe dar prioridad a los derechos a la vida y a la integridad de los pueblos indígenas y tribales en estos casos. Por consiguiente, [los pueblos indígenas] tienen el derecho a la inmediata suspensión de la ejecución de planes de desarrollo o de inversión, o deproyectos para la exploración o explotación de recursos naturales que amenacen estos derechos.” En este sentido, las recientes revocaciones envían un mensaje preocupante a los demás Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, que pueden buscar el crecimiento económico a expensas de los derechos humanos.
La CIDH ha reconocido en varias ocasiones que el desarrollo económico y sustentable es importante para todos los pueblos de este continente; sin embargo, muchas comunidades del continente americano, como en el caso de la Mina Marlin en Guatemala y de la represa de Belo Monte en Brasil, siguen sufriendo los impactos sobre el ambiente y los derechos humanos asociados a los proyectos de desarrollo a gran escala. Para que un proyecto de desarrollo sea sostenible, los beneficios económicos no se deben anteponerse a la protección de los derechos y del ambiente de las comunidades afectadas. Debido a los monumentales intereses económicos que continúan incentivando la expansión de los proyectos de desarrollo a gran escala, con sus impactos de tan amplio alcance en el continente, la CIDH ha reconocido que recibe cada vez más quejas sobre estos proyectos. En muchos de estos casos, el mecanismo de medidas cautelares es la única esperanza de estas comunidades para la prevención de violaciones a los derechos humanos, incluyendo daños irreparables al derecho a la vida, la cultura y el medio ambiente.
A lo largo de más de 50 años, la CIDH ha sido una institución clave garantizando el respeto de los derechos humanos de millones de personas en el continente americano. En beneficio de las comunidades afectadas y de muchas otras, es importante que la CIDH se mantenga firme en su compromiso de proteger los derechos humanos a la luz de tantas atrocidades, en especial las provocadas por los grandes proyectos de desarrollo. Por ello, solicitamos respetuosamente a la CIDH que fortalezca su mecanismo de medidas cautelares y haga un llamado para que se suspenda cualquier proyecto que provoque situaciones urgentes y graves, que amenacen con causar daños irreparables a las comunidades afectadas.
Atentamente,
ccp:
Miembros del Comité de DESC de la ONU
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Profesor James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas
Catarina de Albuquerque, Relatora Especial de la ONU sobre el derecho humano al aguapotable y al saneamiento
Profesor Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación”
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