Argentina: Desnutrición y muerte de niños indígenas en Salta

El fin primordial de la conformación del Estado, es la distribución equitativa de las riquezas de este, en nuestra provincia, como nación es una mera insinuación, dada como tal, ante los crecientes números de muertes por enfermedades evitables, enfermedades de la pobreza, como la desnutrición.

Los gobiernos entrantes y salientes, explican ante la opinión pública con distintas maniobras, inmorales por cierto, sobre las muertes por desnutrición en poblaciones desprotegidas, como las originarias, liberándose de la responsabilidad de esos fallecimientos evitables.

Durante las gobernaciones del peronista Juan Carlos Romero, fueron innumerables las muertes denunciadas por desnutrición, con certificados de defunción, que no detallaban la muerte por desnutrición de los menores, por falta de comida, abreviando sobre los fallecimientos, como deshidratación, o fallas cardiacas.

Ante esta inmoralidad, el Servicio publico de Salud, y sus actores sociales, inmersos en la problemática, se llamaron al silencio, resguardando sus fuentes de trabajo, estableciendo como prioridad estas y no esclarecer la verdad, justificando la decisión de estos, de callar ante la persecución estatal, quedando convalidado el fraude de los certificados de defunción, que tenían como objetivo disminuir las cifras reales de las muertes por desnutrición en la provincia de Salta.

Un sistema de salud invasor

La desigualdad prosigue, como las muertes por desnutrición. Hoy, el gobernador también peronista Juan Manuel Urtubey difunde a la población que los fallecimientos obedecen a la no incorporación por parte de las comunidades originarias a las pautas culturales occidentales de control de salud, argumento, surgido y convalidado desde los actores sociales de base del sistema de salud.

Mientras, los originarios se rebelan denunciando, abusos, malos tratos y discriminación, en los hospitales y centros de salud del norte de la provincia, y que dan a conocer a la opinión publica, mediante actas firmadas por sus representantes, que no son difundidas por los medios convencionales.

Las internas de poder, sobre nombramientos en el servicio de salud, directores de hospitales, jefes de centros de salud, han contribuido al decaimiento de las prestaciones del servicio de salud, también denunciado por los pueblos originarios.

Los gremios que agrupan a los profesionales que prestan servicio en el sistema público de salud estatal, denuncian la falta de medicamentos, de infraestructura edilicia, de ambulancias, de malos sueldos, de las condiciones de pobreza de la gente, pero estos como el gobierno, no plantean el cambio de concepto sobre las pautas culturales de salud en respeto a los pueblos originarios, sometiendo a esta población a un sistema invasor, que los aborígenes rechazan.

En los planteos realizados por distintas comunidades aborígenes, sobre la problemática en cuestión, estos insisten en la dificultad sobre la comunicación entre médico, agente sanitario y paciente, ante el desconocimiento de los facultativos de las lenguas ancestrales, como del idioma español por parte de los originarios.

La falta de medicamentos, de agentes sanitarios, de ambulancias, de agua potable, de contaminación, de controles efectivos sobre la población con dificultades de salud, es un reclamo constante por parte de las comunidades aborígenes y que COPENOA difunde cotidianamente; como el aumento de casos de pobladores intoxicados por la utilización en los campos de sojas de plaguicidas en muchos casos de uso prohibido.

Para el Cacique Wichi Lucio Juan, el nombramiento en el servicio de Salud de agentes sanitarios bilingües es un paso primordial, como también el reconocimiento de pautas ancestrales, por parte del estado en el servicio de Salud. “Durante el año 2009, sufrí la perdida de mi hijo menor, que falleció por estar desnutrido, el agente sanitario no controló a mi hijo, y en el hospital de Mosconi, nos sentimos discriminados por los criollos, el agente sanitario adulteró el certificado de vacunación para no hacerse responsable”, dijo Lucio Juan.

A fines del 2009, comunidades aborígenes que viven en el Departamento San Martín, realizaron una protesta en el hospital de la ciudad de Gral. Mosconi, solicitando al Director del hospital, Dardo Albarracín la inclusión de 10 agentes sanitarios bilingües. Albarracín nombró a dos aborígenes, comprometiéndose a proseguir con los llamamientos, los que quedaron frustrados por una interna en el hospital que dejó fuera del cargo a Dardo Albarracín y a los sucesivos nombramientos bilingües.

Para el dirigente originario y líder de la Unión de Trabajadores Desocupados de Campamento Vespucio, Eduardo Paliza, las muertes por desnutrición están en aumento en la zona y la responsabilidad es del estado provincial. “Las internas entre médicos por espacio de poder, contribuye a un mal servicio de salud” afirma Paliza, agregando “Los hermanos indígenas no entienden sobre los problemas de salud, y los médicos no se toman el tiempo para explicarles sobre lo que les sucede con su salud, por desconocimiento del idioma, esto aleja a los hermanos, son pautas culturales distintas. A esto debe sumarse, el desplazamiento de las hermanos aborígenes a vivir hacinados en la periferia de las ciudades de la zona, sin comida. Ahora fumigan a los que están en cercanías de las plantaciones de soja, con las graves consecuencias y enfermedades que originan la utilización de productos tóxicos prohibidos, lanzados desde aviones fumigadores. En el aeropuerto de Mosconi hay cinco aviones que realizan esta tarea, sin control alguno”.

El discurso oficial del gobierno de la provincia de Salta, que responsabiliza a los originarios de no ir a los servicios de salud, por pautas culturales, encuentra aliados en medios de comunicación que propagan este mensaje en la zona.

“En Mosconi Sergio Torres, dueño de una radio, responsabiliza a los indígenas por las muertes por desnutrición, en clara defensa del discurso oficial, realizando propaganda a cambio de pautas publicitarias del gobierno de Urtubey y del Intendente Ruarte, ambos aliados políticos, en desmedros de la comunidad y sus problemas.

También Torres realizó este trabajo sucio e inmoral durante los gobiernos de Romero, acusando a los compañeros desocupados como delincuentes por bloquear la ruta 34 para solicitar fuentes genuinas de trabajo, como la reestatización de lo que fuera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F), inculcando a la comunidad sobre su mensaje único, donde los desocupados eran los malos y el gobierno los buenos, como sucede ahora con las muertes por desnutrición de los niños indígenas, donde sus padres son los malos y responsables de la muerte de sus hijos indígenas, desligando de la responsabilidad de estas muertes al gobierno de Urtubey, y al servicio de salud pública” afirmó, entre bronca y tristeza Eduardo Paliza.

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