Señaló que dicha iniciativa legal fue resultado de un consenso entre las organizaciones indígenas y diversos sectores del Estado que participaron en las mesas de diálogo luego de los sucesos de Bagua.
Cuestionó que el pleno congresal del jueves 19 de agosto debatirá en primera instancia el dictamen de la Comisión de Constitución que acepta todas las observaciones del Poder Ejecutivo y que es rechazado frontalmente por las organizaciones de pueblos indígenas.
Se trata de una abierta transgresión al artículo 6 del Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la OIT, que establece que los pueblos indígenas deben ser consultados cuando los gobiernos pretenden aplicar y ejecutar proyectos, políticas o normas que puedan afectarles directamente.
Zeballos Gámez informó que la Comisión que preside acordó insistir en la autógrafa de ley aprobada el 19 de mayo y destacó que la Defensoría del Pueblo, asociaciones indígenas y campesinas, así como organizaciones especializadas se han pronunciado también por la insistencia.
Zeballos aseveró que las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo excluyen de la consulta a las comunidades campesinas además que recortan los derechos sobre los territorios que usan las comunidades de la amazonia como parte de sus actividades cotidianas.
Washington Zeballos remarcó que el Estado tiene la responsabilidad de reconocer que somos una nación pluricultural y, por tanto, debemos adecuar los procesos de toma de decisiones en los tres niveles de gobierno para incluir y respetar los derechos de los pueblos indígenas y originarios y no provocar potenciales conflictos sociales.
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