Movimento Indígena denuncia violação de Direitos Humanos para a ONU

Movimento Indígena denuncia violação de Direitos Humanos para a ONU através da APIB

Membro da APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a liderança Uilton Tuxá está em Genebra, na Suíça, até o dia 22, representando o movimento indígena brasileiro para denunciar o quadro de violação de Direitos humanos, fundamentais e coletivos dos povos indígenas, situação pouco conhecida pela comunidade internacional.

A liderança que também é coordenador geral da APOIMNE – Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, participou de uma reunião com o responsável do Programa de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas no Brasil, o Sr. Antônio Cisnero, que informou o seu desconhecimento sobre as violências contra os povos indígenas no país.

O coordenador lembrou ao responsável da ONU que estava em Genebra justamente para construir uma ponte de diálogo do movimento indígena brasileiro através da APIB junto a ONU e foi aconselhado a enviar cartas para a Excelentíssima Sra. Navanethem Pillay-Alta Comissionada das Nações Unidas, Sr. James Anaya- Relator Especial dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU e demais Relatores da ONU.

A proposta é que os relatores das Nações Unidas possam intervir junto ao Estado Brasileiro, para que este adote medidas que assegurem o respeito aos Direitos Indígenas de acordo com os tratados internacionais, como Convenção 169 da OIT e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

O documento entregue aos relatores da ONU denuncia os megaprojetos da Transposição do Rio São Francisco e da construção de Belo Monte e também a tentativa de expulsão dos Xavante de Marãiwatsédé, a odisséia pela terra dos Guarani Kaiowá e Pataxó Hã hã hãe.

De acordo com Marcos Apurinã, coordenador geral da COIAB, a violação de direitos cometidos contra os povos indígenas é um reflexo da falha política indigenista do país. “O Governo Brasileiro não respeita os povos indígenas. Não enxerga os nossos problemas. É preciso que a nossa voz chegue mais longe, o nosso grito tem que ser ouvido para se fazer valer os acordos que foram ratificados. Vivemos uma situação muito difícil e, em suas viagens ao exterior o Governo vende uma imagem que não existe. Sofremos muito com a ausência de políticas publicas e mais ainda, com os projetos de desenvolvimento a qualquer custo, orquestrados pelo Governo Federal”, afirmou o líder Apurinã.

Abaixo o conteúdo das cartas entregues para os relatores da ONU.

Carta N^o 090/APIB/2011.

Brasília, 14 de julio de 2011.

Asunto: Situación de los derechos indígenas en el Brasil

 

Excelentísima

SRª NAVANETHEM PILLAY

Alta Comisionada de  Naciones Unidas

 

Respetable Señora:

La Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) organización nacional compuesta por las principales organizaciones indígenas de las diferentes regiones de este país, preocupada por el agravamiento de la violación de los derechos humanos, fundamentales y colectivos de nuestros pueblos, situación poco conocida por la comunidad internacional, trae al conocimiento de su excelencia un relato resumido de este cuadro que podemos presentar con mayores detalles en otra oportunidad.

El objetivo final de este relato es que Alta Comisionada de  Naciones Unidas intervenga junto al Estado Brasileño para que este adopte medidas que aseguren el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con los tratados internacionales por el firmados, entre los cuales destacamos la Convención 169 de OIT e la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Estado brasileño ha divulgado frecuentemente en el campo internacional, que ha conseguido sobre todo en la última década salir de la condición de país de tercer mundo, haciendo parte de los países considerados emergentes, pues supuestamente consiguió enfrentar los problemas sociales y retirar a grandes sectores de la población de la condición de pobreza o pobreza extrema. En esta radiografía tan ampliamente divulgada por el mundo fueron incluidos los pueblos indígenas que aparentemente  habrían dejada para tras problemas que antes los afectaban, incluso los relacionados con el derecho territorial. Ese cambio estaría haciendo realidad el texto constitucional de 1988, notablemente avanzado, que reconoce los derechos secularmente negados.

Derechos sociales

Los hechos y la realidad, sin embargo, son distantes de la ley y de los discursos de los gobernantes, de la actual Presidente Dilma Roussef  y del anterior Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para comenzar, de acuerdo con el Censo Demográfico de 2010, realizado por  el Instituto Brasileño de Geografia y Estadística (IBGE), los indígenas suman una población de 817.963 (ochocientos y diez y siete mil novecientos y sesenta y tres) habitantes. De ese total, 326.375 (trecientos y veinte y seis mil, trecientos setetenta y cinco) estan en condiciones de pobreza extrema (39,9%), representando practicamente cuatro de cada diez indígenas. Comparado con otras colectividades étnicas, entre los considerados blancos ese porcentaje es de 4,7%, entre los negros 10,0%.

Pero los problemas obviamente van mucho más allá de esta realidad social, si consideráramos los aspectos económicos, políticos, etnico-culturales y ambientales.

Tierras y territorios indígenas

El Gobierno brasileño ha hecho también alarde de que las tierras indígenas ya están demarcadas casi en su totalidad, en más de 95%, no especificando que se trata de casi exclusivamente de tierras localizadas en la Amazonía y regularizadas todavía con recursos de la cooperación internacional y no del tesoro nacional. Observemos el contraste: la mayoria de la población indígena en situación de pobreza extrema habita exactamente en las regiones norte (amazonía) y centro-oeste, lo que es revelador de que también no basta solamente demarcar las tierras indígenas sin dar a los pueblos y comunidades condiciones de sostenibilidad y de protección de sus territorios. Si las condiciones de pobreza son visibles en regiones de tierras demarcadas, imagínese entonces en las otras regiones del país, como el sur y noroeste donde son muchas las tierras indígenas que están sin ser demarcadas o permanecen invadidas a pesar de haber sido regularizadas.

De hecho, la mayoría de los pueblos indígenas en el Brasil está sometida a situaciones de vulnerabilidad, resultado de la presión sobres sus tierras, territorios y recursos naturales; por la construcción de proyectos gubernamentales o privados como carreteras, hidroeléctricas de grande y pequeño porte, hidrovías, liñas de trasmisión; la intrusión de empresas mineras y de explotación forestal; la ampliación de la frontera agropecuaria, el cerco del monocultivo, disputas con hacendados y latifundistas; rutas de narcotráfico.

A manera de ejemplo podemos citar los casos de los pueblos indígenas del Estado de Mato  Grosso do Sul, principalmente el caso del pueblo Guarani Kaiowá, el caso del pueblo Pataxó Hã-hã-hãe en el Estado de Bahia y el del pueblo Xavante en el Estado de Mato Grosso. En el primer caso, los Guarani Kaiowá desde hace décadas están sometidos a una situación de franca discriminación y etnocidio. Viven en territorios extremamente reducidos o al margen de carreteras esperando la demarcación de sus tierras invadidas por latifundistas, hacendados y productores de monocultivos como la soya, caña de azúcar  y eucalipto. Se llega al absurdo de que 68 mil indígenas ocupen 0,5% del território de este Estado. En una tierra indígena – la de Dourados, el índice de homicidio es de 140 por 100 mil habitantes, ou seja, 14 vezes superior al índice de alerta y superior a la mortalidade en países en estado de guerra civil, como fue Irak. En el caso del pueblo Pataxó Hã-hã-hãe, este espera hace más de 20 años que la Suprema Corte juzgue e resuelva de una vez la desintrusión reclamada de su tierra. El Gobierno Federal responsable por la indemnización de los “ocupantes de buena fé” no procede conforme esperado. El caso del pueblo Xavante, en Mato Grosso, es revelador del propósito de las clases hegemónicas de violar descaradamente los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, que conforme las leyes del país están bajo la responsabilidad del gobierno federal. La Tierra Indígena Marãiwatsédé fue homologada en 1998 con derecho de poseción  permanente y usufructo exclusivo del pueblo Xavante. Sin embargo el gobierno federal, por medio del órgano indigenista, la Fundación Nacional del Índio (FUNAI), no retiró hasta la fecha a los no indígenas. Para desespero de los Xavante, recientemente, la Asamblea Legislativa de este Estado, aprobó una ley que propone que estos sean transferidos a un parque estatal para que los no indígenas, considerados productores, permanezcan en el territorio indígena. Aún más, como los kaiowá, en los estados del sur del sur del país hay cerca de 50 campamentos de indígenas aguardando la demarcación de sus territorios o la desintrusión de los mismos.

De esta forma el destino de los pueblos indígenas del Brasil está amenazada, pues sabemos que sin tierra y territorios asegurados, con condiciones de protección y sostenibilidad todas las dimensiones de la vida de los pueblos indígenas se tornan inviables.

Megaproyectos

A respecto de proyectos desarrollistas de infraestructura, por lo menos 434 deben impactar territorios indígenas. De esos, destacamos dos megaproyectos: la Hidroeléctrica de Belo Monte, en la región amazónica y la canalización de las aguas del Rio San Francisco en el noreste de país. En ni uno de los casos el gobierno brasileño aseguró el derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada.

Belo Monte, rechazado hace más de 20 años por los pueblos indígenas, es considerada una tragedia social y ambiental completa, pues inundará una extensión de 500 kilómetros cuadrados. El desvio de las águas del rio Xingu, en el estado de Pará, dejará sin água, peces y transporte a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales localizadas principalmente en una extensión de 130 kilómetros, impactando sus formas tradicionales de producción e cultura así como la megadiversidad de la región, sin citar los conflictos y problemas sociales inherentes a una migración de por lo menos 20 mil personas que irán de otras regiones del país en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.

La canalización de las aguas del río San Francisco para los Estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará y Rio Grande do Norte que supuestamente llevaría agua a la población carente de estos estados, en realidad está planeado como un proyecto al servicio de la agroindustria y otros sectores económicos y políticos de la región.

Del nacimiento hasta el desemboque, el Río San Francisco atraviesa un territorio tradicional ocupado hace más de 9 mil años.  Actualmente en su recorrido de 2.800 km existen 32 pueblos indígenas, ocupando 38 territórios: Kaxagó, Kariri-Xocó, Tingui-Botó, Akonã, Karapotó, Xocó, Katokin, Koiupanká, Karuazu, Kalankó,Pankararu, Fulni-ô, Xucuru-Kariri, Pankaiuká, Tuxá, Pipipã, Kambiwá, Kapinawá, Xukuru,Pankará, Tupan, Truká, Pankararé, Kantaruré, Atikum, Tumbalalá, Pankaru, Kiriri, Xacriabá,Kaxixó e Pataxó, com uma población aproximada de 70 mil indígenas.

El Río para estos pueblos fue y es vital para su sobrevivencia física y cultural, tanto para su modo de producción como para la continuidad de sus rituales y cultura.

Sin embargo el gobierno ingnoró el clamor de estos pueblos y autorizó las obras de implantación del proyecto, desconociendo su derecho de consulta.

Así, en el Brasil, la aplicabilidad del Convenio 169 de OIT es practicamente nula, y no importa que el país mienta a la comunidad internacional, como aconteció cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó que el gobierno suspendiera el proceso de licencia y construcción de Belo Monte mientras no consultara debidamente a los pueblos indígenas afectados.

El gobierno por medio de Relaciones Exteriores y de FUNAI divulgó el 5 de abril que ya había cumplido su papel institucional de aclarar y consultar a los comunidades indígenas. Simples reuniones de socialización de informaciones fueron manipuladas como consultas, eventos marcados incluso por denuncias de divisionismo y prácticas de coptación o descaracterización de líderes indígenas.

Claramente está faltando “buena fe”  por parte del Estado. No existe la voluntad política de que los pueblos indígenas sean de hecho consultados y participen en la toma de decisiones sobre “las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles directamente” y mucho menos que puedan consentir o no sobre tales medidas, considerando sus prioridades en materia de desarrollo indígena.

Salud, criminalización y otros aspectos

La violación de los derechos indígenas en el Brasil es en todos los aspectos preocupante. Según el último informe anual del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) divulgado el 30 de junio del corriente, en 2010 murieron 92 niños por falta de atención médica. 60  indígenas fueron asesinados. Hay 152  amenazados de muerte. De los 60 indígenas asesinados, 34 fueron en el Estado de Mato Grosso do Sul, donde se localizan los Guarani Kaiowá.

El atendimiento a la salud de los pueblos indígenas es deficiente, pues la Secretaría Especial de Salud Indígena, creada en 2010, no consigue estructurarse y funcionar debidamente, corriendo la misma suerte de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) que a pesar de la promesa de estar adaptándose a los nuevos tiempos continua inoperante y ausente en muchos casos junto a las comunidades, abandonadas al antojo de gobiernos estatales, municipales y de poderes económicos y políticos locales.

En el aspecto de la legislación indigenista, hace casi 20 anos que los pueblos indígenas esperan que el Congreso de la República reglamente el capítulo de la Constitución que trata de los derechos indígenas. La propuesta de crear un Consejo Nacional de Política Indigenista, también está parada en la Cámara de los Diputados. Un organismo transitorio, como lo es la Comisión Nacional de Política Indigenista, de carácter consultivo, no consigue operar para hacer realidad sus resoluciones.

Petición

Ante este cuadro, la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), solicita encarecidamente a la excelentísima Alta Comissionada que adopte las medidas necesarias para proceder a un monitoreo más rigoroso de la situación de los derechos humanos en el Brasil, posibilitando una misión verificadora del tratamiento especialmente de los derechos de los pueblos indígenas, o una acción conjunta con distintos relatores u otros organismos de ONU como laComisión de Expertos en Aplicación del Convenio y Recomendaciones de la OIT (CEACR), para analizar la aplicación de la Convención 169 y otros tratados internacionales que este país ha firmado como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Confiando en toda su comprensión y respaldo a esta petición, nos ponemos a su disposición para eventuales dudas y aclaraciones.

Atentamente.

Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil – APIB

 

Manoel Uilton Santos / Tuxá – Coordinador de la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Noreste y estados de Minas Gerais y Espirito Santo – APOINME

Antônio Marcos Alcântara de Oliveira Apurinã – Coordinador de la Coordinación de Organización de la Amazonía Brasileña – COIAB

Romancil Gentil Cretã / Kaingang – Coordinador de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Sur – ARPINSUL

Timóteo Wera / Guarani – Coordinador de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Sudeste – ARPINSUDESTE

Ramão Vieira / Terena – Coordinador de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Pantanal y Región – ARPIPAN

Anastacio Peralta Guarani Kaiowá – Dirigente de la Grande Asamblea Guarani – ATY GUASU

 

http://www.cedefes.org.br/?p=indigenas_detalhe&id_afro=6422