Servindi – Pese al crecimiento de las economías de algunos países en el último decenio y la aparente mejora de las condiciones de vida, los pueblos indígenas se ubican en el último lugar de los más desfavorecidos en la región.
Así lo sostuvo Fabiana Del Popolo, experta del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, durante la presentación del estudio regional “Los pueblos indígenas en América Latina: avances en el último decenio y los retos pendientes para la garantía de sus derechos”.
El evento tuvo lugar el 12 de junio, en la ciudad de Lima. Además de Del Popolo, estuvieron la presidenta de la Onamiap, Gladis Vila; la asesora legal del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Briggitte Jara, y el asesor del Viceministerio de Interculturalidad, Gabriel Velasco Anderson.
La experta del CELADE recordó que los pueblos originarios se encuentran actualmente librando una batalla legal por el reconocimiento de una serie de derechos, como el derecho a la libre determinación, a la propiedad colectiva del territorio y a la participación política, ejes fundamentales para su reivindicación.
En ese sentido reconoció que existen aún varios temas por tratar y superar en diferentes planos como son: el resguardo jurídico ausente para pueblos indígenas y las inexistentes evaluaciones independientes de los impactos ambientales y económicos que puedan tener los proyectos en territorios de pueblos originarios.
Asimismo, el incumplimiento de la consulta, la exclusión de los indígenas en los beneficios por la explotación de los recursos naturales y la criminalización de la protesta social indígena.
Del Popolo, quien fue una de las coordinadoras y redactoras del estudio presentado, concluyó que si bien se ha registrado una década de logros para los pueblos indígenas, esta “no ha estado exenta de contradicciones y retrocesos”.
No obstante, reconoció que los pueblos indígenas de la región hayan logrado poner en la agenda pública varias de sus demandas, las mismas tienen como sustento lo expuesto en la Declaración de las Naciones Unidos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Ese es el estándar mínimo hacia el cual todos los países deberían dirigir sus políticas públicas para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.
Por su parte la asesora legal del IIDS, Briggitte Jara, resaltó que entre todos los derechos de los pueblos indígenas que se rescata en el estudio en cuanto a salud, territorio, educación o información, uno muy relevante es el derecho a la libre determinación para que se respeten sus decisiones y sus modelos de desarrollo.
“¿Qué pueblos verdaderamente han sido consultados por el Estado frente a proyectos que cumplan con los estándares internacionales, y no sea finalmente el Estado el que tome la decisión”, preguntó.
Por su parte, el asesor de Viceministerio de Interculturalidad, Gabriel Velasco, sostuvo que aún persisten grandes desigualdades en términos de salud y educación.
Resaltó de otro lado la importancia de incluir la pregunta de autoidentificación para el censo del 2017 que permita identificar cuántos pobladores originarios hay en el Perú, algo que en el censo del 2007 no se habría logrado plenamente por solo recurrir a una pregunta sobre lengua materna.
Por su parte, Gladis Vila destacó que uno de los temas que se vienen discutiendo en torno al reconocimiento de los pobladores indígenas es acerca de las distintas formas en que están organizados.
“En el Perú los pueblos indígenas estamos organizados en comunidades campesinas, en comunidades nativas, en rondas campesinas, organizaciones de mujeres y en pueblos en aislamientos voluntario. Esperamos que el Estado nos reconozca de esta manera y que no nos diga que si eres comunidad campesina, no eres pueblo indígena”, enfatizó.
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