Servindi – Una multitudinaria marcha indígena que tiene como fin visibilizar la situación de violencia y corrupción en el estado de Chiapas empezó ayer su recorrido de cuatro días desde el municipio de Simojovel, hacia la capital del estado.
Convocados por el Consejo Parroquial y el Pueblo Creyente de Simojovel, más de 15 mil indígenas, en su mayoría tzeltales y tzotziles, iniciaron el recorrido hasta la cabecera municipal de Bochil, como parte de lo programado para la primera fecha.
Además de buscar hacer visible los altos índices de violencia en Chiapas, la marcha tuvo como fin llamar la atención sobre males como el alcoholismo y la “corrupción institucionalizada” en las autoridades, así como llamar la atención por la indiferencia del Gobierno ante esta problemática.
“Simojovel es el reflejo pequeño de lo que pasa en todo el país, la corrupción institucionalizada está gobernando”, afirmaron voceros de la parroquia en el lanzamiento de la movilización.
La manifestación también es un gesto de solidaridad con los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, así como con los fallecidos en otras matanzas similares.
Igualmente, la movilización se suma a las exigencias del cese al despojo de los territorios, por lo cual, convocó también a las parroquias de Bochil, El Bosque, Pueblo Nuevo Solistahuacán y Amatán.
En su recorrido, la marcha será fortalecida por otras parroquias de Chiapas, así como iglesias de otras denominaciones religiosas y organizaciones internacionales de observación, y diversos grupos de la sociedad civil.
La peregrinación, que partió ayer desde Simojovel, se dirige hoy el municipio de Ixtapa.
En tanto que mañana, 25 de marzo, se dirigirá hacia Chiapa de Corzo. La llegada a la capital Tuxtla Gutiérrez será el 26 de marzo.
Pedido a la CIDH
Como es sabido, el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, recibió amenazas de muerte y acciones de hostigamiento por promover el cierre de cantinas en el municipio y denunciar la corrupción de autoridades ediles.
La tensión llevó a la parroquia a presentar, en diciembre de 2014, una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ella solicitaron medidas para proteger al sacerdote y a integrantes del Consejo Parroquial por amenazas de muerte, hostigamiento, seguimiento y vigilancia.
Las amenazas por parte de sectores ligados al negocio de las cantinas y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los últimos meses se agudizaron, al punto de organizar una manifestación, a mediados de marzo, hasta la parroquia local para pedir la destitución del párroco.
En un comunicado reciente, la Parroquia responsabilizó a personajes como Ramiro Gómez Domínguez, precandidato a presidente municipal; y Juan Gómez Domínguez, candidato a una diputación, ambos del PRI, de cualquier acto de violento contra algún participante de la manifestación o alguno de sus miembros.
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Imagen: Colectivo Pozol
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