Proyecto urbanístico “Bosques del paraíso” afectaría a los mantos freáticos, la biodiversidad y los recursos que sostienen la cultura y espiritualidad de los indígenas de San Francisco Magú
Servindi – Indígenas del pueblo Otomí que se oponen a la destrucción de su bosque por un proyecto inmobiliario en el Municipio Nicolás Romero, en el Estado de México, fueron agredidos durante una incursión de policías y grupos de choque del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a su asamblea, el pasado 8 de marzo.
El ataque a los indígenas pertenecientes al poblado San Francisco Magú forma parte de un intento por arrebatarles la administración del servicio de agua potable que ellos conducen con autonomía bajo sus usos y costumbres.
Las hostilidades se enmarcan en el conflicto por un proyecto inmobiliario de la empresa Merket Construcciones S.A. denominado “Bosques del Paraíso” que afectaría gravemente el bosque otomí.
La iniciativa empresarial cuenta con el respaldo del gobierno municipal y nacionall, por lo que se ha usado a la fuerza pública y a grupos de choque de filiación política priista para la intervención.
De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el ataque se produjo a medio día, cuando el grupo de choque y cien granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), intervino una asamblea de la Comisión Local de Agua Potable.
Los agresores estaban encabezados por Saulo Jiménez, director de Gobierno Municipal de Nicolás Romero, y priistas conocidos como Adriana Sobreyra y Teodoro Nava, señaló la organización de derechos humanos.
En la agresión resultaron lesionados el delegado indígena Francisco Nónigo y la presidente suplente del Consejo de Participación Ciudadana (COPACI), Berenice Sánchez, así como un menor de edad y otras diez personas.
Del mismo modo varias mujeres sufrieron hasta agresiones sexuales por los efectivos de la (SSC), indicó la fuente.
Durante la incursión, unas veinte personas del grupo de choque robaron documentos de la Delegación, del Comité de Agua Potable y del Consejo de Participación Ciudadana así como 18, 360 pesos de la oficina de la Delegación.
Sánchez y Nónigo resultaron con problemas respiratorios por los golpes y patadas recibidos en la espalda y pecho y fueron llevados a recibir atención médica, mientras sus compañeros continuaron resistiendo el ataque.
Dos horas después del inicio de los enfrentamientos, los referidos dirigentes sentaron la denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de lesiones, despojo y robo con violencia.
La oposición otomí al proyecto se inició en el año 2013. En mayo de ese año los otomíes denunciaron ante James Anaya, entonces relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, la amenaza a los derechos humanos y la biodiversidad que representa el proyecto.
Para los indígenas, la “compensación” propuesta por el proyecto “Bosques del Paraíso” genera desconfianza y rechazo.
“Bosques del Paraíso”
El proyecto pretende construir en el predio “El Ocote y Las Carretas” más de 10,000 viviendas en 184 hectáreas.
Con ese fin se deforestarán unas 150 hectáreas de bosque mediante un permiso de “aprovechamiento forestal responsable” otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que autoriza el cambio de uso del terreno de forestal a urbano.
Si bien el proyecto se encuentra en fase de preparación, ya se han deforestado unas diez hectáreas.
El bosque defendido por los otomíes es un santuario de flora y fauna en el que se localizan al menos 11 especies registradas en la Norma 059 de (SEMARNAT).
Es además una zona de recarga de los mantos freáticos de la región de la Cuenca de Tepotzotlán.
“Bosques del paraíso” afectaría a los mantos freáticos, la biodiversidad y a los recursos que sostienen la cultura y espiritualidad de los indígenas de San Francisco Magú.
Pueblo Otomí
El pueblo Otomí de San Francisco Magú es un pueblo indígena con aproximadamente 15,000 habitantes que históricamente se ha regido por sus usos y costumbres y mantiene instituciones de administración, organización y toma de decisiones que sustentan su autonomía política, económica y territorial.
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Foto: Compa Itzia Miravete Veraza