Nativos del Marañón persisten en diálogo sin descartar medidas drásticas

Por Jonathan Hurtado – Servindi

Alfonso López Tejada, presidente de la Acodecospat, federación que agrupa a más de cincuenta comunidades nativas de la cuenca del río Marañón, en Loreto, lleva más de dos años y medio inmerso en una lucha en la que no está solo. Aunque el gobierno así lo quisiera.

Alfonso y otros dos dirigentes de cuencas vecinas llegaron el domingo a Lima para reunirse con representantes del Ejecutivo y demandar al unísono medidas concretas e inmediatas para atender a las decenas de comunidades que consumen agua contaminada con hidrocarburos y metales pesados.

Las comunidades del Marañón, afiliadas a la Acodecospat, que es la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, hacen un total de cerca de 15 mil habitantes. En esta cuenca opera desde hace más de una década la empresa argentina Pluspetrol.

Para ser preciso, Pluspetrol opera el Lote 8X que se encuentra al interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiría, territorio habitado por el pueblo Kukama, y también el Lote 1 AB, conocido hoy como 192, cuyo permiso para operar vence en algo más de un año.

Para las comunidades nativas, Pluspetrol no es la empresa que mejor represente al rubro petrolero, en caso existiese alguna que bien lo haga. Desde que empezó a operar en la zona, los derrames se hicieron cada vez más frecuentes aunque poco conocidos para las mayorías concentradas en las urbes que conocen el petróleo solo desde las gasolineras.

Según cuenta Alfonso, pese a que los cuadros de contaminación eran evidentes, muchas veces las autoridades se hacían de la vista gorda. Afirma que eso pasó con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) en el 2012, cuando acudieron por ayuda ante sus representantes.

En aquella ocasión el organismo creado el 2008 no cumplió con su labor de proteger de la contaminación por hidrocarburos la incalculable biodiversidad del Pacaya Samiria, reserva con una superficie mucho mayor a la de pequeños países como Eslovenia.

Mientras que algunos se doblegan ante la adversidad Alfonso reaccionó de modo contrario. Asumió con mayor tenacidad la defensa del territorio, los recursos y forma de vida de las comunidades que se encuentran al interior de la reserva. Él mismo habita la zona, en la comunidad Dos de Mayo, distrito de Nauta, en la provincia de Loreto, en la región del mismo nombre.

El compromiso de Alfonso con su pueblo es enorme. Esto se aprecia en el tiempo que le dedica al cargo. Salir de Dos de Mayo con destino a Lima, no toma un día ni dos. Toma cuatro días. Esto es más de una semana entre ir y venir.

El motivo que trajo nuevamente a Lima al dirigente de 57 años, es continuar el diálogo con el Gobierno. El lunes y martes sostuvo una serie de reuniones con representantes de diversos ministerios, como Energía y Minas, Ambiente, Salud y Desarrollo e Inclusión Social, entre otros.

Asimismo se reunió con representantes del Congreso de la República con los que viene trabajando desde hace algún tiempo en la labor de visibilizar los daños causados por la actividad petrolera.

Los temas a tratar son principalmente una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano que crea la Comisión Multisectorial de “Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto”. La misma dejaría sin efecto una mesa parecida creada a mediados de 2012.

La nueva comisión es resultado de un acuerdo tomado por la anterior que estuvo compuesta por dos grupos de trabajo, uno ambiental y otro social. Fue justamente el primero que dio fe de los altos niveles de contaminación en las cuatro cuencas -en agua, suelos y sedimentos-, producto de la actividad petrolera.

Alfonso López, junto a Aurelio Chino, de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) y Emerson Sandi, de la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (Feconat), coinciden que con esta nueva comisión pasará lo mismo que con la otra: quedarse en lo propositivo sin pasar a lo ejecutivo.

A pesar de las adversidades ellos recuerdan con satisfacción que los análisis oficiales se hicieron y que hoy el Estado no puede negar en ningún idioma la contaminación de las cuencas, algo que ha quedado contundentemente demostrado.

Sin embargo, esos resultados fueron resultado de un largo batallar contra la inacción de un Estado indiferente y los mismos no están aún completos debido a que no se han hecho análisis a nivel toxicológico y epidemiológico.

Otro de los cuestionamientos a la nueva comisión adscrita a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), es que la resolución que la crea no precisa en ninguna parte medidas que ellos consideren concretas ante la contaminación producida por más de cuarenta años de actividad petrolera en las cuatro cuencas.

Cabe recordar que antes de Pluspetrol en la zona operaba la Occidental Petroleum, empresa que dejó numerosos pasivos ambientales que hasta hoy son motivo de daño ambiental y afectación directa e indirecta a las comunidades de las cuencas. Pero los cuestionamientos a la nueva comisión no terminan ahí.

La zona afectada, según la resolución, es la que se encuentra dentro de los distritos de Pastaza, Andoas, Tigre, Trompeteros, Urarinas y Parinari. Es decir, no toman en cuenta Nauta, distrito que forma parte de la cuenca del río Marañón y en donde las federaciones cuentan con bases comunales.

Otro punto crítico es la participación de las federaciones en esta mesa, la cual se limita a dos representantes por federación. Al respecto, el presidente de la Acodecospat, afirma que no presentarán a sus representantes hasta que no se defina su grado de participación y si la mesa va a dar solución a sus problemas.

Cabe precisar que ellos compartirían espacio en las diferentes mesas que se conformen al interior de la comisión, con representantes del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y de la misma empresa.

Alfonso que vive justamente en una de las comunidades afectadas afirma que desde que se ha comprobado el alto grado de contaminación en las cuencas es poco o nada lo que ha hecho el gobierno por al menos solucionar el problema del agua, el más urgente y vital.

La urgencia de hacer algo al respecto es grande. Mientras que en Lima, a cientos de kilómetros de distancia, el agua está disponible para una gran mayoría en forma de agua potable, en las comunidades de las cuatro cuencas el agua se obtiene solo de dos fuentes: de los ríos y de los pozos.

La pregunta que se hace Alfonso es contundente: ¿Qué hacer cuando ambas están contaminadas? Porque es cierto. Los análisis cuyos resultados se conocieron de manera paulatina, confirmaron la presencia de hidrocarburos y metales pesados como plomo, cadmio y arsénico en estas fuentes.

Conocido los resultados se declararon en emergencia ambiental, en diferentes fechas, las cuencas del río Pastaza, Corrientes y Tigre. Sin embargo, la cuenca del Marañón a la fecha no ha sido declarada en emergencia, pese a que, según Alfonso, la propia comisión considera que reúne las condiciones para que se la declare en esa situación.

Ha pasado mucho tiempo desde que Alfonso y los presidentes de las otras tres cuencas iniciaron la batalla de la defensa de sus derechos, sin llegar a tomar medidas drásticas. Pero como él mismo declara “la paciencia se agota cuando no hay voluntad del gobierno para implementar acciones que solucionen los problemas concretos de los pueblos afectados”.

Esta paciencia la perdieron los pueblos de la cuenca del río Corrientes que tomaron la central eléctrica de Huayurí y las vías aledañas al Lote 1 AB para exigir medidas efectivas para remediar e indemnizar a los nativos por los daños ocasionados por Pluspetrol.

El presidente de la Acodecospat espera no ser el siguiente que tome una medida parecida. Es por esto que aún se aferra a la idea de que el diálogo es el mejor camino para dar solución a las demandas nativas, esto pese a lo fácil, y le pasa continuamente, que es decepcionarse a raíz de la actitud negativa del gobierno.

No obstante,  él señala: “Respetamos las acciones de los hermanos Achuar (de Feconaco), porque cada pueblo tiene su propia percepción del mundo y su forma de hacer respetar sus derechos, y nosotros tenemos que respetar porque ellos están haciendo lo que consideran que es lo que les va servir para que se respeten estos derechos”.

Los presidentes de las tres federaciones que llegaron a Lima el domingo y que hoy están camino a sus comunidades, en lo más profundo de la selva peruana, han entregado un documento con las observaciones y propuestas hechas a la resolución que crea la nueva comisión multisectorial.

Entre ellas, figuran la designación de un comité colegiado conformado por un representante de la PCM, uno del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y las federaciones. De igual modo, que la secretaría técnica de la nueva comisión sea tripartita y esté integrada por estas tres instituciones y el Ministerio del Ambiente (MINAM).

Cabe destacar en este punto algo que consideran capital: que los representantes de la PCM, MINAM y GOREL que integren ambos grupos tengan poder de decisión.

Una de los puntos que más atención despierta es la elaboración de un Plan de Acción a cargo de la federaciones que incluya un programa de actividades para la solución de problemas referidos al agua apta para consumo humano, la seguridad alimentaria, la salud, la remediación, la indemnización, la titulación, entre otros aspectos.

Ahora queda conocer la respuesta que vaya a dar el Gobierno en próximas fechas.

En el tiempo que vienen luchando, los dirigentes nativos han visto muros infranqueables en la actitud asumida por el gobierno. Ahora, sostienen, esperan una señal de cambio. Esta vez no llegó a Lima el presidente de la federación de la cuenca del Corrientes por las acciones de lucha que han emprendido al interior de sus territorios.

Alfonso espera que en una próxima reunión no sea él el que tenga que ausentarse, por la falta de voluntad de un gobierno y un Estado que históricamente le ha dado la espalda a los pueblos originarios.