Servindi, 17 de febrero de 2012.- La última semana de enero el Ejército Nacional abandonó los territorios indígenas donde desde hace 11 años venía funcionando una base militar pese a que normas nacionales e internacionales no permitían su instalación. La entrega de los territorios fue calificado de hecho histórico.
El hecho sin precedentes se registró el 27 del pasado mes con el desmantelamiento de la base militar del Batallón de Infantería 26 Cacique Pigoanza que de manera ilegal e inconsulta afectó por más de una década territorios ancestrales ubicados en la inspección de Belén, municipio de La Plata en el departamento del Huila.
Las autoridades indígenas Guambianos y Páez que desde la construcción de la base viven en el resguardo La Reforma, alejados de sus territorios sagrados, observaron con expectativa el retiro de la base militar de la Novena Brigada.
Desde el 2001 ellos habían dejado de cultivar, cuidar, bailar, cantar y nutrir sus campos como se lo enseñaron sus ancestros. Pertenecen a los pueblos nasa y misak.
La instalación de la base y la respuesta de las comunidades
Los indígenas fueron obligados a trasladarse al reguardo La Reforma cuando ésta fue constituida el 24 de setiembre de 2001 mediante una resolución. Allí conviven 34 familias que constituyen un aproximado de 237 personas.
De tradición agrícola y aún en su mayoría hablando lenguas como la guambiana y la nasa yuwe los indígenas de la zona trabajan la tierra como su principal sustento y buscan a partir de la recuperación de la tierra y su autonomía la recuperación total de su identidad étnica y de sus costumbres ancestrales.
De esta manera desde el 2001 los pueblos indígenas ven afectados, con la actividad militar instalada en la zona, su cosmovisión y su principal sustento a causa de la expropiación de sus predios sin consulta de por medio y violando flagrantemente lo establecido por el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.
Los reclamos de la comunidad indígena que se iniciaron en el 2003 no prosperaron en el Ministerio de Defensa.
Precedente para nuevas luchas
Fue en agosto del 2010, en la audiencia pública organizada por distintos colectivos de abogados entre los que se encuentran el Cajar y el Caps, cuando se llega a un entendimiento entre autoridades del resguardo, el delegado del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) y el teniente coronel Luis Erazo Arteaga y con la firma de un acta.
En ésta se establece la reubicación de la base militar Belén y se establece el plazo de un año contado a partir de la fecha (25 de agosto).
Sin embargo la fecha llegó y en un gesto de buena voluntad la comunidad indígena acepta aplazar la entrega seis meses.
De esta forma el 27 de enero de este año el Ejército Nacional en presencia de autoridades locales y regionales hizo entrega oficial del territorio que ocupó el Batallón de Infantería 26 Cacique Pigoanza.
Durante la entrega se garantiza que el predio devuelto se encuentra libre de cualquier tipo de explosivos y se garantiza que la población civil no participará en las actividades del levantamiento de lo que aún queda de la base militar ni de cualquier otra actividad sin previa autorización.
El hecho quedó de esta manera establecido como un precedente para las luchas de los pueblos indígenas de Colombia que se ven violentados en sus derechos por la ocupación de sus territorios por parte de grupos armados legales e ilegales.
Las autoridades indígenas Guambianos y Páez reconocieron el apoyo que recibieron, para el justo desenlace de su causa, de organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Huila, los colectivos de abogados y de otras organizaciones internacionales.
Los indígenas a partir de la fecha podrán retomar después de 11 años los trabajos y las costumbres que antes desarrollan en su territorio sagrado.
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