El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, y el dirigente de la Coordinadora Indígena, Rogelio Montezuma, suscribieron el documento anoche, en San Félix. Tras ello, los aborígenes desbloquearon la carretera Panamericana en las provincias de Chiriquí y Veraguas, que estuvo cerrada tres días, lo que impidió el paso de centenares de vehículos.
En el acuerdo, que consta de seis puntos, el Gobierno panameño se compromete a crear una ley que prohíba explícitamente la exploración y explotación minera en territorios indígenas, así como a liberar a los detenidos en las protestas del último fin de semana.
Asimismo, las autoridades gubernamentales se comprometieron a no tomar represalias contra los dirigentes de la Coordinadora indígena, y a apoyar a los afectados de los disturbios. Se designó a la Iglesia católica como mediadora y garante del diálogo.
En el acuerdo se concertó instalar una comisión de alto nivel, integrada por representantes del Gobierno y de la Coordinadora indígena. Ambas parte iniciarán el diálogo mañana en San Félix, en la provincia de Chiriquí, a fin de analizar la Ley 8 de 2011, que modifica la ley de minería.
Por su parte, los indígenas se comprometieron a reabrir las vías que mantenían bloqueadas desde hace tres días y a participar desde el martes, en el diálogo con el Gobierno, que preside Ricardo Martinelli.
Pedidos
La protesta de la etnia ngäbe buglé buscaba la derogación de la Ley de reforma al Código Minero, porque atenta contra los recursos naturales en las comarcas.
Cabe destacar que debido a los enfrentamientos de los nativos con las unidades antimotines, las manifestaciones dejaron como saldo 12 heridos, 14 arrestados y numerosos afectados por gases lacrimógenos.
En tanto, en la ciudad de Panamá se detuvo a 16 activistas ambientalistas, entre ellos el periodista español Paco Gómez Nadal, quienes fueron conducidos a la estación de Policía de El Chorrillo.
Al respecto, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, declaró hoy a los medios de comunicación que las protestas de los aborígenes no eran justificadas porque no habrá explotación minera en las comarcas en lo que resta de su gestión.
Como se recuerda, la semana pasada, a través de un comunicado oficial, el Gobierno se comprometió a no iniciar, promover ni aprobar la explotación de Cerro Colorado ni de ningún otro yacimiento en comarcas indígenas, durante la presente gestión.
El Gobierno defiende la reforma porque aumenta la regalía por extracción de cobre, oro y plata, de 2 % al 5 %; penaliza la minería ilegal con multas de hasta 250.000 dólares, y sube las fianzas en las concesiones de exploración de 10 centavos de dólar por hectárea a 50 dólares.
Actualmente, las potenciales ganancias en oro y en cobre de los cuatro principales yacimientos del país se estiman en 10.400 millones de dólares anuales, de los cuales el Estado panameño recibiría unos 400 millones.
No obstante, se sabe que las reformas posibilitarán que estados extranjeros financien inversiones mineras en Panamá, introduzcan normas ambientales e incrementen las regalías que recibe el Gobierno.
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