La comunidad toba ocupaba desde hacía algunos meses un predio de 600 hectáreas, el cual reclamaba como propiedad ancestral, en la localidad de Laguna Blanca. Sin embargo, la justicia había reconocido ese derecho a la familia Celía para cuyo efecto determinó el desalojo de los indígenas.
Según la policía, falleció el oficial principal de Formosa, Ever Falcón. Asimismo, Sixto Gómez y Roberto López también perdieron la vida por arma de fuego. Félix Díaz, dirigente de los aborígenes, señaló que “los Celía empezaron a denunciarnos por el tema de la construcción de algunos ranchos de los indígenas”.
“Ahí tuvimos una discusión con los policías, y un efectivo saca un arma, y un aborigen le pega con un palo en la muñeca y se cae el revólver, lo que originó un enfrentamiento entre policías y aborígenes, y al ser superados en números huyeron y dejaron dos armas tiradas en el suelo”.
Los uniformados debieron retirarse del lugar. En horas de la tarde y con la consigna de constituirse en el lugar para reestablecer el orden y recuperar las armas reglamentarias, efectivos de Infantería se hicieron presentes en el corte que llevan adelante sobre la ruta 86.
Allí se produjo un fuerte enfrentamiento que derivó en las muertes, varios heridos y una importante cantidad de detenidos.
La mayoría de casas de los tobas fueron quemadas dentro del predio de tierras en disputa.
Asimismo, existiría una tercera víctima en estado de gravedad, informó la diputada nacional bonaerense, Silvia Vázquez.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos de Formosa, Silvia Arauz, precisó que los detenidos son 10 mujeres y 15 hombres, todos de la comunidad toba de La Primavera. Felix Díaz dijo que integrantes de su comunidad están escondidos en el monte. “Tenemos miedo, tememos por nuestra integridad”, añadió.
Antecedentes del conflicto y lucha por los derechos a la tierra
Los tobas reclaman esas tierras desde hace muchos años, que forman parte de sus tierras ancestrales.
El gobierno y la familia criolla Celía, conocida por violenta, desconocen los reclamos tobas, que se basan no sólo en su derecho constitucional sino en leyes nacionales vigentes, como la ley de relevamiento territorial de territorios indígenas, que prohíbe expresamente cualquier desalojo de indígenas hasta tanto se realicen los relevamientos territoriales en cada provincia.
El gobierno provincial nunca se sentó a conversar para escuchar el reclamo indígena, por el contrario dio muestras de usar la fuerza para expulsar a los indígenas.
En septiembre pasado, el juez federal Skidelsky dictó una medida cautelar prohibiendo al gobierno de Formosa continuar las construcciones que ya por la fuerza habían comenzado a realizar y con orden de no innovar. A pesar de esto, la policía formoseña nunca se retiró del predio, por lo cual lo aborígenes decidieron no moverse de la ruta, porque temían que si se retiraban la policía nuevamente tomaría posesión del predio.
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