A través de un comunicado público, los originarios argumentan que la nueva ley minera se debe basar en el respeto de los derechos de la Madre Tierra.
La demanda forma parte de una serie de propuestas que la CONAMAQ adoptó en la Primera Cumbre sobre “Derecho de Consulta e Impactos Socio ambientales” que se desarrolló a inicios de agosto.
En esta cumbre, doce de las dieciséis Markas que participaron, resolvieron elaborar un proyecto de Ley Marco del Derecho a la Consulta.
El CONAMAQ pide “la asignación de una participación prioritaria de los pueblos originarios en la gestión, administración y beneficios de la actividad minera, y también en el cumplimiento del derecho a la consulta previa y el libre consentimiento”.
Además, afirman que debe el gobierno no debe firmar contratos mineros que comprometan lugares sagrados y de valor histórico cultural de las poblaciones originarias.
También, se debe excluir de incentivar la minería en zonas de actividad agropecuaria o se trate de ecosistemas frágiles, como glaciares, humedales, cabeceras de cuenca y otros.
En el comunicado señalan que no se debe autorizar ni otorgar contratos y derechos mineros cuando se pone en riesgo la integridad territorial de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y de las que están en proceso de titulación.
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