Cabe anotar que durante el 2009 y 2010 se han producido al menos 5 derrames de petróleo en cuerpos de agua generando contaminación ambiental y afectaciones al derecho a la vida, integridad y salud de las comunidades nativas aledañas.
A partir de sus visitas a las comunidades podría mencionar ¿Qué problemas existen en la zona?
Los derechos de la comunidades Canaán de Cachiyacu y Nuevo Sucre, han sido y siguen siendo vulnerados por la empresa Maple Gas, desde hace muchos años; sin embargo, debido a una serie de protestas iniciada por los pobladores en el 2005, la empresa se comprometió a realizar diversas acciones para mejorar la calidad de vida de los pobladores, pero hasta la fecha no ha cumplido.
Maple Gas se comprometió a implementar un puesto de salud, a brindar asistencia médica, es decir, evaluar la condición de cada poblador, pero cuando un poblador informaba que tenía alguna dolencia sólo le recetaba una pastilla, o le sugería que se atienda en el seguro social.
Otro de los compromisos que incumplió la empresa fue la instalación de computadoras, si bien éstas llegaron a la comunidades, eran obsoletas.
Durante una visita realizada meses atrás, el nivel de contaminación en la zona era alto, y era evidente la precaria calidad de vida de las comunidades ubicadas en la zona; pero sobretodo la poca voluntad del Estado por resolver la situación de los pobladores afectados.
¿Qué acciones vienen realizando ORAU frente a estos acontecimientos?
Ante el incumplimiento de estos acuerdos, las comunidades Canaán de Cachiyacu y Nuevo Sucre, tomaron acciones ante el Banco Mundial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la contaminaban su territorio y la muerte de algunos pobladores del lugar a consecuencia de esta contaminación.
La empresa ha negado los cargos y ha asegurado, además, que los procesos de extracción de petróleo se realizan en óptimas condiciones. No obstante, siendo que el grado de contaminación en las comunidades de Canaán de Cachiyacu y Nuevo Sucre es muy alto, ORAU seguirá adelante con las acciones ante la CIDH, a fin de lograr una indemnización a las poblaciones afectadas por la actividad extractiva y un desarrollo óptimo de su comunidad.
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