Tala ilegal detrás de muerte de indígenas

Asesinato de defensores del bosque pone en evidencia extensa red de extracción y comercialización ilegal de madera

Por Cecilia Remon – Noticias Aliadas

“En el bosque el silencio es absoluto en la noche”, cuenta a Noticias Aliadas, Sara, una colona que tiene una parcela en plena selva central peruana. “Pero de repente a las 9 de la noche se empiezan a escuchar a lo lejos las motosierras. Yo me levanto de inmediato y voy sin hacer ruido con mi escopeta y mis perros a ver donde están talando mis árboles. Pero no encuentro a los taladores. Se esconden. En la mañana encuentro los árboles talados y tablones cortados que no pudieron sacar”.

Sara es una limeña de 54 años a quien en los años 80 le adjudicaron 187 Ha de tierras cerca de la localidad de Puerto Bermúdez, en el céntrico departamento de Pasco, para desarrollar agroforestería y proteger algunas especies de árboles. En julio pasado le informaron que de manera inconsulta y sin su presencia, las autoridades del Ministerio de Agricultura habían cambiado los linderos de sus tierras utilizando planos falsos que no corresponden a la realidad física. Ella tiene los títulos de propiedad registrados y con ellos puede reclamar, pero eso no ocurre con las más de 500 comunidades indígenas amazónicas que desde hace décadas exigen la titularidad de sus tierras, la única forma que pueden proteger sus recursos forestales de la tala ilegal.

Pero al gobierno peruano no le interesa avanzar en la entrega de títulos de propiedad. A decir de Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), con sede en EEUU, para las autoridades peruanas en Lima “la selva es un espacio enorme, repleto de árboles donde no hay gente”.

De la batea a la lavadora automática

En el 2012, el EIA publicó un informe “La máquina lavadora: Cómo el fraude y la corrupción en el sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los bosques del Perú” en el que revela la maraña burocrática que legaliza, a través de documentos que las autoridades nunca verifican, la comercialización de madera extraída de áreas no autorizadas en la Amazonia peruana.

A pesar de la gravedad de las denuncias, el gobierno ha hecho muy poco o nada para frenar la tala ilegal. “Lo único que ha avanzado en dos años es que ahora todos los documentos están en las computadoras. O sea, han pasado de lavar en batea a lavar en lavadora automática”, dijo Urrunaga a Noticias Aliadas.

El asesinato de cuatro indígenas asháninkas en la comunidad de Alto Tamaya Saweto, en el departamento de Ucayali, fronterizo con Brasil, puso sobre el tapete no sólo la inseguridad en la que viven los pueblos nativos amazónicos, sino la existencia de un negocio muy rentable en el que están involucradas empresas, autoridades y taladores ilegales.

Edwin Chota, jefe de la comunidad, y los dirigentes Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo habían denunciado desde hace años lo que estaba ocurriendo en sus tierras.

“Chota era un dirigente conocido y activo contra la tala ilegal”, cuenta Urrunaga. “Presentó varias denuncias en Pucallpa [capital de Ucayali] y Lima, pero siempre fueron archivadas. Tenía documentación, videos, [ubicación en] GPS. Sindicaba personas, las identificaba con nombres y apellidos, con fotos. Con estas muertes, el mensaje de las mafias de la tala ilegal a quienes se oponen a esta actividad es ‘déjenme operar, ni siquiera la autoridad me está molestando’. El mensaje es ‘cállate’”.

Uno de los primeros que denunció lo que venía ocurriendo en Alto Tamaya-Saweto fue David Salisbury, geógrafo y profesor de la Universidad de Richmond, en Virginia, EEUU. Durante más de 10 años asesoró a Chota y a su comunidad en su lucha por obtener los títulos de sus tierras.

Según Salisbury, Chota había escrito más de 100 cartas a instituciones peruanas y brasileñas reclamando protección y atención a sus reclamos y quería llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Taladores esclavizados

La repercusión internacional del caso, más que a nivel local, obligó a las autoridades a actuar. Organizaciones indígenas, grupos de derechos humanos, organismos internacionales incluyendo a la propia CIDH y el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigieron al gobierno protección a las comunidades indígenas y detener, juzgar y sancionar a los responsables.

El gobierno anunció haber identificado a los supuestos asesinos de los indígenas. Se trataría de taladores ilegales, pero para Urrunaga “capturar a los taladores no resuelve el problema. Por lo general se trata de personas que trabajan casi en condiciones de esclavitud, que talan árboles para sobrevivir”.

“Detrás está una organización mucho más compleja y el objetivo es satisfacer la demanda de madera fina por los mercados internacionales”, agregó.

No obstante, precisó que “la tala ilegal no es la actividad que arrasa los bosques, pero es la punta de lanza, la que abre el camino a otras actividades ilegales”.

Fabiola Muñoz, directora del Servicio Nacional Forestal de Perú (SERFOR), dependiente del Ministerio de Agricultura, confirmó que en zonas donde se tiene información de la existencia de tala ilegal también hay corredores del narcotráfico y áreas sembradas con coca. De hecho, la propia comunidad Alto Tamaya-Saweto denunció que narcotraficantes utilizan la madera extraída ilegalmente para camuflar droga.

Entre marzo y mayo de este año, la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) decomisó más de 6 millones de pies tablares correspondientes a especies protegidas que no contaban con documentación que garantizara su procedencia legal. La madera estaba valorizada en más de US$20 millones. Pero se trata de operativos que no son permanentes.

El Banco Mundial estima que entre 80% y 90% de la madera que se exporta en el Perú, principalmente a China y otros mercados asiáticos, es ilegal. De acuerdo con cifras del Gobierno Regional de Loreto, el Perú pierde anualmente $250 millones por tala ilegal.

Además de comprometerse a entregar los títulos de propiedad a la comunidad Alto Tamaya-Saweto, el ministro del Interior Daniel Urresti anunció el 15 de setiembre el nombramiento de un alto comisionado para combatir la tala ilegal en todo el país que dependerá de la Presidencia del Consejo de Ministros. Como titular del cargo fue designado un cuestionado general en retiro de la Policía Nacional. Se trata de César Fourment Paredes, quien además de no tener ningún conocimiento sobre la extracción y comercialización de madera, trabajó estrechamente con altos jefes policiales vinculados con Vladimiro Montesinos, el asesor en asuntos de seguridad del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).