Servindi – La Asociación de Campesinos del Sur del departamento de Córdoba, en el norte de Colombia, denunció que el 3 de febrero miembros de la Policía Nacional atacaron con ametralladoras a los habitantes de la vereda Jagua, en el municipio de Puerto Libertador.
Los policías se instalaron días antes y a solo unos cientos de metros de las casas de los campesinos y campesinas con el fin de brindar protección al equipo de erradicación manual de cultivos ilícitos.
Según un comunicado difundido por la citada asociación, desde la noche del 2 de febrero los pobladores del valle de la vereda Jagua ya escuchaban sonidos de ametralladoras.
Lo que ocurrió en la mañana, según relata el defensor de derechos humanos que hace la denuncia, fue el allanamiento de las casas de los campesinos Esneider Ramírez y Álvaro Villalba, quienes además fueron agredidos y amenazados con armas por efectivos policiales.
El mismo día la chalupa (transporte fluvial a motor) del poblador Hernán Zurita recibió cuatro balas en medio de la intervención policial, causándole un daño a la hélice del motor fuera de borda.
A la vez una mina antipersonal fue detonada por un perro de la policía. La explosión conmocionó a la población en la que había niños, mujeres y ancianos.
Según relata el defensor de derechos humanos, durante la tarde un helicóptero policial disparó contra la vereda Jagua, generando que los pobladores huyeran despavoridos ante el ataque producido a pocos metros de distancia.
Para la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba acciones como las ocurridas y que tuvieron su origen días antes cuando surgieron enfrentamientos verbales entre efectivos del orden y comunidad ponen en riesgo inminente a la población civil.
Asimismo, demuestra actividades violatorias que ejerce la policía en la zona rural, muy a pesar de conocer la normativa del Derecho Internacional Comunitario y es un acto bélico e infractor de los derechos humanos.
Por todo ello, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció que exige a la Defensoría del Pueblo el pronunciamiento respectivo, como a la Fiscalía General, a través de un seguimiento del caso.
Por otro lado, reclama la respuesta de la Procuraduría General de la Nación, la cual no se pronuncia, pese a que es la tercera denuncia que han hecho respecto al presente caso.
El CRIC responsabilizó directamente al presidente Juan Manuel Santos, al ministro de Defensa y a la Policía Nacional.
Para ver la denuncia pública completa haga clic aquí.
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