Tupinambá, asesinados por recuperar su territorio

La violencia para los tupinambá está marcada en las tierras que recuperan. Caciques, pistoleros y agentes del Estado –que cada vez se acerca más a las élites del agronegocio- están decididos a no permitir que los indígenas tengan sus tierras de vuelta

Daniela Fernandes Alarcon* – Desinformémonos

Brasil. El asesinato de tres indígenas tupinambá dentro de sus tierras recuperadas de manos de hacendados, es el paso más reciente dentro de una estrategia de élites caciquiles y políticas para impedirles el regreso a sus territorios.

Tres indígenas tupinambá fueron asesinados la tarde del día 8 de noviembre de 2013, en una emboscada dentro de la tierra indígena de los tupinambá de Olivença, al sur de estado de Bahía, Brasil. Las víctimas – Aurino Santos Calazans (31 años), Agenor Monteiro de Souza (30 años) y Ademilson Vieira dos Santos (36 años) – fueron atacados con armas de fuego y machetes por cuatro hombres que se aproximaron en dos motocicletas.

La esposa de Aurino también se encontraba en el lugar del ataque, pero consiguió escapar.  Ella fue quien describió el brutal ataque. Uno de los indígenas fue encontrado casi decapitado con señales de tortura (fue azotado) y diversas heridas provocadas por los machetes con que fue atacado.

De acuerdo con el representante indígena Valdenilson de Oliveira dos Santos, los tupinambá asesinados vivían en la hacienda São Jose, localizada en la zona del Mamão (en el municipio de Una, Bahía), en la parte sur de esta tierra indígena. En la hacienda, recuperada por los tupinambá de los hacendados el pasado 22 de junio, vivían seis familias indígenas. La emboscada sucedió alrededor de las 18:30 horas, a la orilla de un camino vecinal, cuando los indígenas regresaban de recolectar fibras de la palma de piasava. Los tupinambá denunciaron que el ataque fue realizado por pistoleros contratados por uno o más individuos que se oponen al reconocimiento de sus derechos territoriales, hecho que llevo al Ministerio Público a solicitar a la Policía Federal investigar las muertes.

Los tupinambá acusan que las investigaciones de la policía no toman en cuenta los probables vínculos entre los asesinos y la lucha indígena por la tierra, pese a que ellos denunciaron reiteradamente la existencia de un grupo armado en la zona que actúa en contra del movimiento indígena, además de que son blanco de continuas amenazas, incuso por regidores de los municipios donde se encuentra la tierra indígena de los tupinambá.

El Consejo Indigenista Misionario (CIMI) informa que los indígenas se encuentran atemorizados porque los culpables no fueron detenidos, deabulan en el área y los amenazan. Uno de los líderes de este grupo, inclusive, estuvo presente en el velorio de las víctimas. Los indígenas señalan que en los últimos días se escucharon disparos en las cercanías de las casas de las víctimas, y que un vehículo con vidrios polarizados circula a alta velocidad por la zona.

Desde el 20 de agosto, por determinación del ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad están en la tierra indígena con el objetivo de frenar los conflictos que se desataron en la disputa por la tierra. Su presencia, sin embargo, no detuvo la violencia contra los tupinambá. El 24 de agosto, a indígenas que vivían en la zona urbana de Buerarema les fueron quemadas sus casas y bienes; el 3 de septiembre, un tupinambá fue asesinado a tiros, en una hacienda recuperada recientemente, localizada en la región de Serra das Trempres, también dentro de la tierra indígena. En esta última ocasión, el Ministerio Público Federal solicitó a la Policía Federal del municipio de Ilhéus iniciar una investigación, pero a más de dos meses del homicidio, la Policía no presenta ninguna avance sobre las investigaciones.

Los tupinambá denuncian que la Fuerza Nacional de Seguridad promueve cateos ilegales en las casas de las haciendas retomadas por los indígenas, y confisca instrumentos de trabajo como machetes, azadones y hoces –, lo que consideran una actuación como la “policía privada” de los hacendados.

La omisión del gobierno federal

Los hechos recientes son consecuencia directa de la omisión del gobierno federal. Hace más de un año y tres meses el proceso administrativo de demarcación de la tierra indígena de los Tupinambá de Olivença se encuentra en manos del ministro de Justicia, sin que se le dé continuidad al proceso legal. Incuso, el 5 de abril de 2012, la Consultora Jurídica de este ministerio se manifestó a favor de la aprobación de los estudios elaborados por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que comprueban, de forma conclusiva, la ocupación tradicional del territorio tupinambá. Con esta afirmación, el ministro de Justicia puede y debe firmar el documento que da paso a las últimas etapas del proceso legal. Es importante notar que el plazo para la demarcación de las tierras indígenas debe ser de 30 días. Cuestionado sobre la pasividad frente al caso, el ministro se limitó a decir que el proceso “está en un análisis riguroso”.

El proceso de identificación de la tierra indígena de los tupinambá de Oliveça comenzó en 2004, como resultado de la presión por parte de los indígenas. Cinco años más tarde, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) aprobó el informe que delimitó esta tierra a cerca de 47 mil hectáreas, abarcando parte de los municipios de Buerarema, Ilhéus  y Una, al sur del estado de Bahía. De acuerdo con los datos de la Fundación Nacional de Salud (FUNASA), en 2009 vivían cerca de 4 mil 700 tupinambá en esta área.

Sólo después de la firma del documento aprobatorio por parte del ministro de justicia el proceso legal podrá comenzar las siguientes etapas, incluyendo el pago de las indemnizaciones a los ocupantes no indígenas, así como la reubicación de aquellos que recibieron tierras en esta área como parte de la reforma agraria.

Frente al ilegal y abusivo atraso del proceso de demarcación de esta tierra indígena, el Ministerio Público Federal propuso acciones civiles públicas para responsabilizar al Estado por no cumplir su atribución legal de proteger los derechos indígenas, conforme determina la Constitución Federal de 1988 y los tratados internacionales de los que Brasil es firmante, como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

El pasado 25 de septiembre, el ministro de Justicia y el gobernador del estado de Bahía, Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores (PT) -el mismo que está en el gobierno federal-, se reunió con los líderes indígenas y presuntos propietarios de tierras en la zona en una “mesa de diálogo”. Extrapolando sus atribuciones legales, el ministro de Justicia Cardozo abordó a los indígenas y condicionó la firma del documento de demarcación en sus manos al cese de las recuperaciones de haciendas y a la firma de “acuerdos” entre indígenas y no indígenas, que prevén, incluso, la alteración de los límites de la tierra indígena para reducir su extensión.

Las “mesas de diálogo” son un mecanismo que el gobierno federal adoptó en regiones de ocupación tradicional indígena donde hay una fuerte presencia del agronegocio, como parte de una estrategia que pretende atrasar, lo máximo posible, la demarcación de las tierras indígenas en el contexto de una cada vez más fuerte aproximación entre el gobierno federal y los intereses de las élites rurales.

La paralización del proceso de demarcación de la tierra indígena de los tupinambá intensificó el conflicto entre indígenas y no indígenas contrarios a la demarcación. La reciente escalada de violencia comenzó la noche del 14 de agosto, cuando un camión que trasportaba estudiantes de la Escuela Estatal Indígena Tupinambá de la Serra do Padeiro, fue atacado en una emboscada con arma de fuego dentro de la tierra indígena. Nadie fue alcanzado por las balas, sin embargo, las esquirlas hirieron a Lucas Araújo dos Santos (18 años) y Rangel Silva Calazans (25 años) en el rostro y en el pecho.

En los siguientes días al ataque contra el autobús de estudiantes, no indígenas incendiaron vehículos de instituciones públicas y un autobús escolar. Desde entonces, los tupinambá son amenazados permanentemente y fue robada parte de su producción agrícola (cacao y harina de mandioca); del mismo modo, lo no indígenas que los apoyan sufren tentativas de linchamiento, al igual que los comerciantes cercanos a los indígenas que sufrieron ataques a sus tiendas.

Actualmente, por razones de seguridad, los indígenas restringieron su desplazamiento por sus propias tierras, lo que impide el acceso a los servicios de salud y genera, además, importantes pérdidas económicas al imposibilitar la comercialización de su producción.

Esta situación fue denunciada el 13 de noviembre por el parlamentario Chico Alencar (del Partido Socialismo e Liberdade), quien realizó una declaración en la Cámara de Diputados para denunciar los recientes asesinatos: “Hago un llamado al ministro de Justicia, señor José Eduardo Cardozo, para que dé paso a la finalización de la demarcación de las tierras indígenas”, reclamó el diputado. “Para detener el escenario de violencia no será suficiente que el poder público aumente o reoriente las actividades del contingente de la policía federal en la zona. Tenemos que concluir con urgencia el proceso de demarcación de las tierras indígenas de los tupinambá, cuyo retraso ha dado lugar a la intensificación de los conflictos”.

Una larga historia de violencia

Cuando tratan de reconstruir su trayectoria como pueblo, los tupinambá hacen referencia a una larga (y subterránea) historia de violencia y de despojo, marcada por extinción de aldeas, por masacres, devastadoras enfermedades contagiosas, violaciones y expropiación de tierras. Mencionan casos como el de la joven Estelina Maria Santana (1914-1988), quien, aun niña, fue golpeada por policías para que delatara el paradero de los indígenas que resistían a la incursión de los no indígenas en su territorio, en lo que es conocido como el levantamiento del caboclo Marcelino.

Los tupinambá recuerdan el destino de diversos indígenas que desaparecieron a manos de los coroneles y patriarcas de las élites no indígenas locales, sepultados en cuevas dentro de las selvas o lanzados a ríos y lagunas.

La violencia para los tupinambá está marcada en el territorio. Al mencionar el río de la Calaveras o el río de la Sepultura, algunos indígenas enfatizan con ciertos topónimos nada sutiles las matanzas que sucedieron en estos lugares. Por medio de estas narrativas, ponen al descubierto el uso de la violencia en la “construcción” de las haciendas, entendidas no como simples extensiones de tierra – en relación a las cuales los no indígenas hoy reivindican su propiedad legitima–, sino como entidades construidas históricamente que determinan posiciones sociales y, de algún modo, la vida y la muerte de aquellos que con ellas se relacionaron.

La movilización de los indígenas por el reconocimiento de sus derechos territoriales inauguró un nuevo capítulo de esta intensa violencia – perpetrada, inclusive, por agente del Estado. Por ejemplo, la recurrente violencia  contra los tupinambá, entre 2008 y 2010, por parte de policía, en la que se comprobó el uso de armamento letal, detenciones ilegales de líderes y tortura (con choques eléctricos). O la violencia efectuada por de los poderes públicos – del diputado federal Geraldo Simões (Partido de los Trabajadores) y la diputada estatal Ângela Souza (Partido Social Cristiano) – quienes en declaraciones a la prensa regional, contribuyen a la difusión del prejuicio contra los tupinambá e incitan a la violencia.

Los tupinambá son objeto también de la violencia y el prejuicio por parte de los medios de comunicación, como del locutor de radio Rivamar Mesquita, del programa de noticias Jornal Itabuna, conocido por sus frecuentes declaraciones anti-indígenas. Todos estos hechos han motivado el posicionamiento de entidades como la Comisión de Asuntos Indígenas de Brasil y de la Asociación Brasileña de Antropología, así como de Amnistía Internacional. El 26 de agosto fue lanzada una campaña por la urgente conclusión del proceso de demarcación de la Tierra Indígena de los Tupinambá de Olivença.

*Traducción: Ernenek Mejía