El sacerdote explicó que el Gobierno maneja un “doble discurso” y aunque advierte el impacto ambiental, las autoridades le dan menos importancia a éste
Servindi – El sacerdote jesuita y especialista en temática indígena Xavier Albó manifestó que los pueblos indígenas bolivianos “deben unirse” para hacer prevalecer la consulta previa en sus territorios antes de que el gobierno ejecute megaproyectos en áreas protegidas y territorios indígenas.
“(En este caso) los pueblos indígenas débiles tienen que pelear con los poderosos, pero que pueden encontrar una manera: uniéndose todos desde abajo”, expresó Albó a ANF.
También manifestó además que esa unidad debe buscar que prevalezca la consulta previa libre e informada en sus territorios para conocer si es que desean los proyectos sugeridos por el gobierno o no.
Según Albó los pueblos indígenas tienen tres aliados muy importantes que pueden ayudarles a hacer respetar su derecho de la consulta previa: normas internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, la carta pastoral del papa Francisco que pide que se cuide a la Madre Tierra y el uso del diálogo libre, abierto e informado que se debe dar sobre los proyectos.
Agregó que el mayor problema de la creación de megaproyectos en áreas protegidas es que los principales beneficiarios no los pueblos indígenas.
“Piensan que la solución es a costa de los otros, en vez de buscar algo que sea para todos y que no ponga en daño a la naturaleza; se tendría que hacer no a costa de los pueblos indígenas”, manifestó Albó.
Agregó que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos entra en una contradicción entre el discurso y las acciones. “A nivel internacional es más fácil decirlo pero a nivel nacional es difícil (pero) es una contradicción y la excusa es la búsqueda del desarrollo”.
El sacerdote, que es antropólogo y doctor en filosofía, alegó que la pérdida de la biodiversidad es irreversible y el impacto social que implica obliga a los indígenas a migrar o adaptarse a nuevas condiciones de vida.
Dijo también que los proyectos provocan asentamientos que empiezan a penetrar en sus territorios, afectando sus posibilidades de sobrevivencia.
Explicó que el gobierno maneja un “doble discurso” y aunque advierte el impacto ambiental, las autoridades le dan menos importancia a éste, otorgándole relevancia a “lo inmediato y a un sentido equivocado de progreso”.
En el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que éstos deben ser consultados mediante sus propias instituciones para que den su “consentimiento libre e informado” antes de que se apruebe cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios. Varias obras gubernamentales están en curso en territorios indígenas o áreas nacionales.
El presidente Evo Morales anunció la semana pasada que el régimen explorará “con fuerza” siete de las 22 áreas protegidas en Bolivia. Además, firmó un convenio con la empresa italiana Geodata para que se haga el estudio de construir una represa en el estrecho de El Bala (río Beni), que inundaría dos parques nacionales.
Esas obras, según la Constitución, deben tener “el consentimiento” de los pueblos indígenas antes de llevarse adelante. Hace poco el Jefe de Estado expresó que en las consultas previas se pierde mucho tiempo y que esa es la debilidad del Estado. Además expresó que los indígenas no deberían ser “instrumento” de las organizaciones no gubernamentales.
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Fuente: Página siete